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Otra era de cambios en el sector petrolero
Con los precios del crudo alineados a la cotización internacional, el mercado de combustibles busca adaptarse a nuevas reglas y jugadores
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LA NACIONNéstor O. Scibona
Cuatro aumentos de naftas y gasoil en menos de cuatro meses marcaron para el público la casi silenciosa liberación de precios del petróleo y los combustibles líquidos. Ahora conviene que los consumidores intensivos -transportistas, productores agrícolas y no pocos automovilistas- tomen en cuenta la cotización internacional del crudo Brent, ya que su equivalente en pesos al dólar mayorista y el componente de biocombustibles (10/12%) pasaron a ser las claves para mantenerlos a valor constante y avizorar qué podría ocurrir de aquí en más.
Este cambio de reglas puso fin a una etapa de más de 15 años en que los precios domésticos estuvieron regulados y divorciados los ciclos alcistas o bajistas del mercado internacional, todo teñido por cuestiones geopolíticas. No es una forma de decir. Desde 2002 y a lo largo de la era K, la Argentina hizo un recorrido a contramano, pero por cuestiones de política interna.
Cuando el crudo llegó a superar los 140 dólares el barril, los combustibles tuvieron precios artificialmente bajos por las retenciones progresivas a la exportación. Esta situación comenzó a corregirse parcialmente desde que el Grupo Eskenazi pasó en 2008 a ser accionista (25%) y encargarse del manejo de YPF, entonces controlada por Repsol (sin pagar un dólar y con la insólita fórmula de capitalizar utilidades que se restaron de los planes de inversión), a través de pequeños y sucesivos ajustes de precios que no frenaron la constante caída de la producción, reservas y exportaciones de petróleo y gas. Dos años después de la reestatización parcial (51%) de YPF, el crudo se desplomó en el mercado externo.
Desde mediados de 2014 cayó de 100 a menos de US$44 en nueve meses y obligó al gobierno de Cristina Kirchner a acordar con las petroleras un precio sostén mucho más alto ("barril criollo" en pesos, de US$73 promedio) para preservar la producción y el empleo del sector. Paradójicamente, con el petróleo por el piso, los precios de los combustibles pasaron a ser los más altos de la región detrás de Uruguay. Ese esquema fue mantenido por Mauricio Macri, cuya asunción coincidió con el Brent más bajo (US$36,2 por barril) desde 2009. La diferencia es que eliminó las retenciones y fijó luego un sendero decreciente para el "barril criollo" que, en realidad, era un subsidio de los consumidores a las petroleras, a la inversa de los años de petróleo caro y precios bajos.
La actual liberación comenzó -antes de lo previsto- el 1º de octubre de 2017, cuando el Brent subió y se mantuvo dos semanas en US$58. Así se cumplió la condición acordada, según la cual los valores en el mercado doméstico pasaban a ser fijados por cada una de las petroleras si la cotización externa superaba al "barril criollo" (entonces, en un rango de US$47/55). Pero no fue inmediata por una razón política: ninguna compañía quiso hacer punta en ese mes de elecciones legislativas.
La prueba es que el primer ajuste de naftas y gasoil con el nuevo esquema -de 10% en promedio- se produjo el día después del triunfo de Cambiemos y fue seguido de una baja de 1,5% en el precio regulado de los biocombustibles, luego revertida. Pero el petróleo tuvo nuevas subas y a comienzos de diciembre las petroleras volvieron a incrementar los combustibles en torno de 6%, con lo cual en 2017 acumularon un alza de 32,6%, índice superior a la inflación.
Con el nuevo año, el panorama se complicó. No solo por la volatilidad del Brent, que llegó a un pico de US$71,2 el 25 de enero, sino por la suba del dólar mayorista (1,8%) que determina el valor doméstico del crudo. Diez días antes, Shell y Oil aplicaron un aumento de 6% en los surtidores, seguidos luego por Axion con 5% y una semana más tarde por YPF, con 4/4,5%. A comienzos de febrero, YPF aplicó otro sorpresivo ajuste de 3,5% promedio, imitado por las demás empresas con subas algo inferiores, con lo cual los precios de naftas y el gasoil quedaron casi alineados, salvo Shell que suele ubicarse un escalón más arriba.
Así, en lo que va de 2018, las naftas y el gasoil ya registran un alza promedio de 8,1% con impacto sobre los costos de fletes y transporte que agregan presión a la inflación. Pese a que en ese lapso el Brent retrocedió 1,8% (ahora se ubica en US$66,2), el dólar mayorista avanzó 8,5%. En síntesis, con precios libres los combustibles pueden subir cuando no lo hace el petróleo pero sí el dólar; o viceversa. Y deberían bajar si cae el crudo y el tipo de cambio hipotéticamente se estabilizara. Pero desde octubre aumentaron los dos: el Brent 14,1% y el dólar mayorista 14,7%. Con la actual volatilidad en ambos mercados, la incógnita es la frecuencia de los ajustes, que hasta octubre eran trimestrales según el acuerdo entre el Gobierno y las petroleras.
Nadie cree en otro acuerdo similar, ni en un esquema como el de Chile o Estados Unidos, donde los precios domésticos suben o bajan casi al ritmo de la cotización del crudo. Algunos especialistas suponen que las petroleras seguirán los pasos de YPF -que lidera el mercado con 56% de las ventas-, aunque en función de sus propias estrategias comerciales. Y semanas atrás, desde YPF negaron rumores acerca de presiones de la Casa Rosada para moderar los ajustes, bajo dos argumentos. Uno que, al tratarse de una sociedad anónima que cotiza en Wall Street podría generar un conflicto con sus accionistas privados. Otro, que habrá más competencia en un mercado con importaciones desreguladas.
En abril iniciará su operación la multinacional holandesa Trafigura con la marca Puma Energy, que a fin de 2017 adquirió la refinería de Bahía Blanca y la red de 263 estaciones de servicio Petrobras en el centro y sur del país, que la colocarán en el 4º puesto en el mercado, con 5,5% de las ventas. La operación también incluye la planta de lubricantes en Avellaneda, la terminal de cargas de Caleta Paula (Santa Cruz) y un centro de logística y almacenaje en Campana. Esos activos fueron vendidos por el grupo Pampa Energía, que conduce Marcelo Mindlin, para concentrarse en la exploración y producción de hidrocarburos; transporte (TGS); petroquímica (Santa Fe y Zárate); generación eléctrica; líneas de alta tensión (Transba y Transener) y distribución (Edenor).
Sin embargo, el negocio petroquímico de Pampa se ve afectado ahora por los problemas judiciales de Oil, que acaba de paralizar su refinería de San Lorenzo por falta de materia prima ante la imposibilidad de pagar el crudo. La empresa de Cristóbal López, en concurso preventivo y acusada de defraudación fiscal, pasó a ser administrada por OP Investments en una operación no autorizada judicialmente. Ahora trata de importar combustible refinado sólo para abastecer a la red de casi 300 estaciones de servicio que años atrás el Grupo Indalo también le compró a Petrobras.
En medio de todos estos cambios, YPF sacudió el avispero al proponer que el Gobierno utilice la facultad de reducir hasta 10% el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) para moderar su impacto en los precios. Según la nueva ley de reforma tributaria, el gravamen tendrá para las naftas un componente fijo de $6,72 por litro (más otro de $0,41 por emisión de dióxido de carbono) y para el gasoil, uno de $4,14 (más $0,47), que representarían actualmente el 8% del precio final del gasoil y 23% de las naftas. Más el IVA, Ingresos Brutos y otras tasas, la carga tributaria trepa al 37% y 41% respectivamente.
Además, esos montos fijos se indexarán trimestralmente desde enero por el IPC. Pero es dudoso que la reducción propuesta sea aceptada por Hacienda, ante su necesidad de reforzar la recaudación y coparticiparla con las provincias. Sobre todo, porque la misma ley prevé que el transporte (de pasajeros y cargas) podrá deducir el 45% de las compras de gasoil en el IVA y la producción agropecuaria podrá computar el mismo porcentaje a cuenta de Ganancias. Y porque la porción destinada al Fondo de Infraestructura del Transporte (28,5%) se utilizará como garantía de los nuevos proyectos de inversión vial, incluidos en el programa de participación público- privada (PPP).
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