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Un fallo rechaza la movilidad jubilatoria de Alberto Fernández y ordena aplicar en su reemplazo la del gobierno de Mauricio Macri
Jueces de segunda instancia declararon la inconstitucionalidad de la fórmula incluida en la ley 27.609, que no contempló la inflación; la sentencia se suma a otras que cuestionaron la norma, aunque dispusieron la aplicación de índices diferentes para compensar el deterioro de los haberes previsionales
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LA NACIONSilvia Stang
La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que actúa en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad de la ley de movilidad jubilatoria promovida por el gobierno de Alberto Fernández y aplicada entre 2021 y mediados de 2024.
En consecuencia, los jueces Juan Fantini y Nora Dorado le ordenaron a la Anses hacer un recálculo de los haberes de la persona demandante para el período en cuestión y aplicar, en reemplazo de la fórmula de la ley cuestionada, la modalidad de reajustes establecida en la ley aprobada en diciembre de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri.
La resolución judicial de segunda instancia se dictó en el marco del juicio caratulado “Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios”. Una vez que el escrito concluye que la ley 27.609 (aprobada en diciembre de 2020) es inconstitucional a causa del deterioro sufrido por las jubilaciones durante su vigencia, dispone que en el caso considerado “deberá aplicarse de manera continua, desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive”, la fórmula de movilidad de la ley 27.426.
Se trata de la norma recordada por haber sido votada por el Poder Legislativo mientras había violentas protestas en la Plaza de los Dos Congresos. Es conocida, de hecho, como la “ley de las 14 toneladas de piedras”.
El voto del juez Fantini recuerda que la Corte Suprema de Justicia avaló el cálculo de movilidad dispuesto en la ley 27.426 -que estuvo vigente en 2018 y 2019-, al rechazar un pedido de declaración de inconstitucional. Eso ocurrió en diciembre de 2025, cuando los jueces del tribunal superior emitieron su veredicto en la causa “Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ Anses”.
El fallo dictado ayer en la causa Galletta no especifica cuál es concretamente el efecto de reemplazar los incrementos que tuvo el haber de la jubilada demandante por el índice surgido de la fórmula macrista.
Según cálculos hechos por abogados previsionalistas, de la aplicación de lo ordenado por los jueces podría resultar un incremento de alrededor de 67%. Sin embargo, el porcentaje dependerá de cómo se haga el cálculo al momento de la liquidación, porque -según consideran especialistas en la materia- se requieren especificaciones técnicas para evitar, incluso, que el resultado resulte nulo.
“Mi interpretación es que debería aplicarse la ley 27.426 hasta el reajuste pagadero en junio de 2024 [considerando indicadores salariales y de inflación hasta diciembre de 2023] y, a partir de allí, la regla del decreto de necesidad y urgencia 274, que es seguir el Índice de Precios al Consumidor, IPC, con dos meses de rezago”, dice a LA NACION el abogado Adrián Trócccoli. De seguirse ese criterio, la cuenta daría una suba del 67%.
Y agrega: “Eso permitiría evitar las distorsiones que podrían generarse, por estar cambiando un sistema con seis meses de retraso entre el período de referencia de los indicadores usados en el cálculo y el mes de aplicación del reajuste, por un sistema en el cual ese desfase es de dos meses”.
En la sentencia se cuestiona que la fórmula de movilidad de la ley 27.609 -declarada inconstitucional- no consideró la inflación, ni incluyó una “cláusula gatillo o un piso mínimo” para garantizar que no se perdiera poder adquisitivo por el alza generalizada de los precios.
En rigor, esa norma -surgida de un proyecto en el que tuvo influencia la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner- no solo no daba esas garantías, sino que establecía un tope anual a la suba de las jubilaciones, no vinculado con la variación de precios, sino atado a la recaudación de los recursos para la Anses. Esa cláusula se aplicó efectivamente, aun cuando ya se había perdido poder adquisitivo, y eso profundizó el deterioro de las prestaciones.
El cálculo previsto por la ley 27.426 (la ley que el fallo ordena usar) para definir subas trimestrales de las jubilaciones, consistía en sumar el 70% de la variación del IPC y el 30% de la variación de los salarios según el índice Ripte, tomando los datos con un semestre de rezago.
En cambio, la fórmula de la ley 27.609 consideraba la suba de salarios y la evolución de la recaudación de impuestos que tienen derivación específica a la Anses. El cálculo contemplaba también otros insumos, algunos de los cuales no eran de acceso público.
Según el voto del juez Fantini, esa norma “careció de la previsibilidad necesaria para escenarios de crisis y alta inflación, recaudo que tanto la normativa predecesora [la ley 27.726] como la sucesora [el DNU 274] sí han contemplado al incluir parcial o íntegramente en su fórmula el IPC”.
El DNU 274, de marzo de 2024, es el que rige actualmente. Establece que los haberes jubilatorios se incrementan mensualmente en igual porcentaje que la variación de los precios de dos meses atrás. Por ejemplo, en diciembre próximo habrá un reajuste de 2,17%, porque esa fue, según el Indec, la inflación de octubre pasado.
Según el escrito judicial, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 hubo un reajuste acumulado de haberes de 553,55%, mientras que, para el mismo lapso, haber utilizado el criterio del DNU 274 habría arrojado una suba de 1129,07%.
Un año atrás, la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en un fallo con la firma de los jueces Fantini, Dorado y Walter Carnota, había resuelto diferir, por razones de “cautela” y al considerar otro caso, su pronunciamiento respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 27.609.
El rechazo que finalmente expresó la Sala se suma al manifestado en varias sentencias dictadas en los últimos años en el interior del país, también en la instancia de apelaciones. Esos fallos, que ordenaron reparar el daño causado a los demandantes, se dieron, por ejemplo, en Mendoza, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán. Algunas de esas sentencias confirman que la pérdida del poder de compra durante la vigencia de la ley 27.609 llegó al 50%.
La cuestión está a la espera de una definición por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una semana atrás, se pronunció sobre el tema la Sala 3, también de la Cámara Federal de la Seguridad Social. En la causa “Aguirre, Jorge Alberto c/ Anses s/ Reajustes varios”, los jueces Fernando Strasser, Alicia Braghini y Sebastián Russo declararon inconstitucional la ley, pero con un efecto bastante limitado, porque solo ordena recalcular el haber previsional por el período comprendido entre octubre de 2023 y junio de 2024, sin contemplar una compensación por lo ocurrido en 2022 y en los primeros nueve meses de 2023, cuando se había acumulado una pérdida significativa del poder de compra.
Por Silvia Stang
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