Otro fallo judicial suspendió los aumentos de Metrogas

Un nuevo fallo de la Justicia acotó los alcances de los cargos tarifarios que las empresas distribuidoras de gas les cobran a los usuarios para que el Gobierno financie la importación del fluido: esta vez exime a clientes de los partidos de Lomas de Zamora, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Lobos y San Vicente.

La medida, tomada el lunes pasado por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, involucra a los clientes de la distribuidora Metrogas, empresa que ayer dijo a La Nacion no tener todavía notificación del fallo. Lo que hizo la Justicia fue declarar inconstitucional el decreto 2067, firmado en 2008 por la presidenta Cristina Kirchner para crear un fondo fiduciario destinado a solventar las importaciones de gas natural.

Se trató de un decreto controvertido desde su gestación. Por un lado, multiplicó las quejas de clientes que recibieron, durante los inviernos siguientes al lanzamiento de los cargos, aumentos de hasta cinco veces en las facturas, situación que llevó desde entonces al Gobierno a acotar o suspender el cargo en los meses de mayor consumo.

Por otro, desencadenó presentaciones en la Justicia. Por ejemplo, la del abogado José Lucas Magioncalda, que demandó a la Presidenta por incumplimiento de los deberes de funcionario público, causa que quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini.

Esta vez, el recurso de amparo había sido presentado tiempo atrás por tres entidades: la Unión de Usuarios, Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) y la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc). Los efectos del nuevo fallo se suman a otros tomados por la Justicia en otras áreas del país.

"Era un aumento ilegal"

"Cada vez más sentencias nos dan la razón -se entusiasmó diciendo ayer, en conversación telefónica con este diario, Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor-. Ya son muy pocos los que lo tienen que pagar. Nosotros hicimos marchas y contramarchas. Era un aumento ilegal: tendría que haber tenido otro tratamiento porque se trataba, en realidad, de un incremento tarifario. De otro modo, no se explica que los clientes hayan recibido, de un mes a otro, aumentos de hasta el 400 por ciento. Los salarios no acompañaron esos aumentos."

El polémico decreto de 2008 reconocía, para la decisión, falta de inversiones en la industria del petróleo. "Que, sin perjuicio de las acciones llevadas adelante por distintas áreas del Poder Ejecutivo Nacional tendientes a satisfacer la demanda y lograr optimizar la prestación del servicio de gas natural a los usuarios, resulta necesario establecer un marco para aquellas situaciones de posible insuficiencia de gas generadas por la falta de inversión suficiente en el sector de producción", decía en los considerandos.

El artículo 6° le daba atribuciones a la cartera que conduce Julio De Vido: "Facúltase al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con la asistencia técnica de la Secretaría de Energía, bajo su dependencia y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a fijar el valor de los cargos y a ajustarlos, en la medida que resulte necesario, a fin de atender el pago y/o repago de las importaciones de gas natural".

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