Pelea en puerta: el Gobierno debe recortar en áreas que responden a La Cámpora para avanzar en el ajuste

Mientras se entra en la recta final para conocer los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la expectativa entre los analistas está puesta en cómo hará el ministro de Economía para reducir los subsidios a las tarifas de gas y electricidad. Se trata de una iniciativa que tiene Martín Guzmán desde que comenzó su gestión, pero en la que no pudo avanzar por el férreo control que mantiene La Cámpora sobre esta área. En estos días, la disputa cobró relevancia luego de que el Fondo hiciera hincapié nuevamente en la necesidad de reducir las transferencias al sector energético.

El fin de semana, la agrupación que lidera Máximo Kirchner dejó trascender que la segmentación tarifaria basada en el valor del inmueble que propuso tendrían un ahorro fiscal de solo 0,08% del PBI, muy inferior al 0,6% que pretende Guzmán, para disminuir los subsidios del 2,3% del producto del año pasado a 1,7% para 2022.

La Cámpora advierte, en cambio, que este año será complicado reducir el gasto porque hay varios efectos exógenos que presionarán sobra la cuentas fiscales y externas, como la declinación de los pozos gasíferos de Bolivia y la baja generación hidráulica (afectada por la bajante del río Paraná), que implicará mayores importaciones de combustible líquido. A eso se suma la disparada de los precios del gas por las tensiones geopolíticas en Europa.

Estas discusiones no son nuevas dentro del Gobierno. El año pasado, Guzmán intentó avanzar con una reducción en los subsidios energéticos y no solo no lo pudo hacer, sino que quedó debilitado políticamente luego de que no se concretara la destitución de Federico Basualdo de la subsecretaría de Energía Eléctrica.

Basualdo es el principal referente de La Cámpora dentro del sector energético, pero no es el único. En YPF se encuentra Santiago “Patucho” Álvarez como vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Marketing, y en la empresa estatal Ieasa (ex Enarsa) está Agustín Gerez como presidente. También hay designados en puestos estratégicos otros funcionarios cercanos a la agrupación y a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como Federico Bernal, el interventor en el Enargas; Pablo González, actual presidente de YPF y ex vicegobernador de Santa Cruz (y seguramente próximo candidato del Frente de Todos, ya que Alicia Kirchner no puede ir por la reelección), y Sebastián Bonetto, gerente general de Cammesa, la compañía encargada de los despachos de energía eléctrica.

Todos estos funcionarios participan en la decisión sobre cuándo y en qué medida se actualizan las tarifas de luz y gas, así como también los precios de la nafta. Y están a cargo de compañías que reciben transferencias multimillonarias del Tesoro: Cammesa obtuvo el año pasado US$7317 millones, el 67% del total de subsidios devengados a la energía, mientras que Ieasa, la empresa a cargo de las importaciones de gas natural licuado (GNL), recibió US$2125 millones (el 19% del total).

En medio de un verano caliente atravesado por las negociaciones con el FMI, el sector cristinista volvió a marcar territorio en su sector en dos oportunidades. Primero, al anunciar que el aumento tarifario de este año sería solo del 20%, y luego, cuando se filtró a los medios que en diciembre pasado ya se le había presentado a Guzmán un proyecto de segmentación y que era el ministro quién no había avanzado en el tema. En ningún momento se detalló en qué magnitud se reducirían los subsidios.

Todavía tampoco hay información sobre cuánto se ahorrará el Estado con la suba del 20% en las tarifas. En el servicio de gas, por lo pronto, Guzmán no pudo imponer su intención de que los usuarios residenciales paguen más del 29% de lo que cuesta el gas en sí, como sucede hoy. Todo el incremento del 20% final fue repartido en mayores ingresos para las empresas transportistas y distribuidoras, que no reciben subsidios. Es curioso que, entre los funcionarios cristinistas, hay quienes piensan que la energía es un “derecho humano” y que por eso tiene que estar subsidiado, pero cuando justifican los aumentos de 60% para las empresas sostienen que “el servicio público no es gratis”.

En los últimos días, se confirmó que finalmente Ieasa se encargará de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y tendrá la concesión del transporte por 35 años. Se trata de una obra clave que permitirá aumentar la provisión del gas producido en Vaca Muerta y que costará US$1566 millones, de los cuales el Gobierno ya le giró a la empresa casi US$1100 millones para iniciar la licitación, a la cual todavía no convocó. Solo los funcionarios más optimistas creen que el gasoducto podrá estar terminado para el invierno 2023.

Además del gasoducto, Ieasa está a cargo de las importaciones de gas de Bolivia y de la contratación de los buques de GNL (que serían reemplazadas parcialmente por el gasoducto), y de la construcción de las dos represas de Santa Cruz, las rebautizadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

La compañía mantiene un perfil bajo de la mano de su presidente, Agustín Gerez, quien fue asesor legal durante cinco años del exMinisterio de Planificación Federal que comandó Julio De Vido. Además de él, hay otros funcionarios vinculados al exministro que son parte de Ieasa, como el subgerente general Gastón Leydet y su hermano Santiago, gerente de Planeamiento y Control de Gestión.

Por Sofía Diamante

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