Peligran 59.000 puestos de trabajo en el sector de transporte de colectivos

Corte de los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires por parte de choferes de colectivos urbanos del AMBA, amenaza de paro de los colectiveros del interior, protesta de dueños de ómnibus de turismo en la 9 de Julio y reclamo desesperado de las empresas de larga distancia. Estas cuatro postales reflejan la crisis del sector del autotransporte de pasajeros, que pone en peligro a 59.000 puestos de trabajo.

La pandemia y las restricciones de circulación derivados de ella pusieron en jaque a un sector que, con ciertas diferencias en sus distintas ramas y alcances, ya arrastraba serios problemas económicos. Se trata de un rubro que es esencial por el servicio que presta y que además genera empleo: los colectivos del interior emplean a 35.000 trabajadores; los del AMBA, a 54.000; los de larga distancia, a 16.000, y los de turismo, a 8000.

Gerardo Ingaramo, vicepresidente primero de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), comentó que lo que se reclama por parte de los colectivos urbanos del interior es una ayuda del Estado similar a la que tienen en el AMBA. “Ellos reciben $14.000 millones mensuales para 18.000 unidades y 54.000 empleados, mientras que nosotros solo $1500 millones para 13.500 unidades y 40.000 trabajadores”, señaló el directivo.

Según relató Ingaramo, actualmente no pueden cubrir sus gastos y hacer frente a los salarios. “Tuvimos un alza de 30% en salarios, 100% en el costo de combustible, 168% de incremento de las cubiertas y con reparaciones y mantenimiento superiores al 80%”, señaló el directivo.

A su vez, los choferes del interior vienen reclamando un aumento salarial de 37% con un bono de $80.000, como el que lograron sus pares del AMBA, pero la patronal insiste en que, sin más subsidios –que los equiparen o, al menos, acerquen a esa región-, no pueden avanzar en una paritaria “ni seguir funcionando”. Por esa razón, hace unos 10 días no hubo servicios por 48 horas y por estos días sigue latente la posibilidad de un paro (se había anunciado para el viernes pasado, pero se suspendió).

LA NACION consultó por este tema de los subsidios al Ministerio de Trabajo de la Nación, pero no obtuvo respuesta alguna.

En tanto, Gustavo Gaona, vocero de la Celadi (Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia), afirmó que está en riesgo el sistema público de larga distancia, lo que implica que están en peligro 16.000 puestos de trabajo y, además, la conectividad a más de 1600 destinos en la Argentina. “Problemas tenemos todos, porque el sector del transporte está en un momento muy complicado, pero los síntomas son muy diferentes en el urbano y en el de larga distancia”, destacó.

En el caso de la larga distancia, la situación se resume así: de marzo a noviembre de 2020 estuvo detenida su actividad 100%, algo que no ocurrió exactamente así en el caso del transporte urbano. “En ese escenario, lo que nos diferencia del transporte aéreo es que nosotros llegamos a la pandemia siendo el único servicio público que no tenía ningún tipo de subsidio o compensaciones”, indicó Gaona.

Hay que tener en cuenta, según precisó Gaona, que, aun inactivas, las compañías tienen un costo fijo de $3000 millones mensuales. “Por eso se nos incorporó en los primeros 9 meses de pandemia en los programas de ATP, se hizo un acuerdo con el gremio para pagar un 75% del salario y el Estado nos otorgó unos fondos excepcionales, que al principio iban a ser mensuales, pero después no lo fueron”, detalló el ejecutivo.

En diciembre se terminaron los ATP, pero brotó cierta esperanza porque la actividad se reanudó con la llegada de la temporada turística. “Lo que ocurre es que, de diciembre a marzo, que es cuando más necesitamos recaudar para luego mantener la regularidad y la obligatoriedad, registramos en promedio una caída de 80% de pasajeros en relación con la temporada anterior (2020). En Semana Santa tuvimos una caída de pasajeros del 75% respecto de igual fecha de 2019. Al día de hoy tenemos 75% de capital humano y de parque móvil sin poder trabajar, por eso estamos en un momento muy complicado, con algunos aportes del Estado para compensar y algo del programa Repro”, remarcó Gaona.

Roberto Fernández, secretario general de la UTA, dijo a LA NACION que la situación de larga distancia es bastante preocupante porque hoy funciona solo un 15% de las unidades y se estima que se tardará en recuperar nuevamente los servicios normales. “Esto depende mucho de oferta y demanda. Por eso vamos a conversar con los empresarios y el Ministerio de Transporte, para hacer una nueva diagramación en los servicios”, expresó.

En lo que respecta a corta distancia, lo que se conoce como servicios urbanos, Fernández contó que se están perdiendo muchos trabajadores, tanto administrativos como personal de talleres. “Por ahora no tenemos problemas en los casos de choferes, pero las cámaras empresarias tratarán de pedir al ministerio una reducción de minutos por recorrido y, si esto se autoriza, ahí sí perderemos fuente de trabajo”, subrayó.

De todos modos, Fernández señaló que cuando termine la pandemia habrá que realizar un balance de todo el sector para encontrar el rumbo. “Como gremio, pediremos reuniones al ministro de Transporte para conocer la idea que el Estado tiene con el transporte urbano, ya que nuestra responsabilidad es cuidar las fuentes de trabajo”, concluyó Fernández.

Por otra parte, hace un mes varios micros de turismo cortaron parcialmente la Avenida 9 de Julio, en su intersección con la Avenida San Juan, en protesta contra las restricciones para circular, derivadas de la pandemia. Dueños y trabajadores se unieron para manifestar y estacionaron las unidades en ese punto neurálgico, generando grandes trastornos en el tránsito.

Su problemática es similar a la de los ómnibus de larga distancia, pero con la diferencia de que no tienen obligatoriedad de funcionar, como sí la tienen estas, por tratarse de un servicio regulado que debe garantizar la comunicación entre diferentes puntos del país. De todos modos, los trabajadores de los micros de turismo afirmaron ser uno de los rubros más perjudicados por las restricciones de la segunda ola de Covid-19, debido a la suspensión de viajes de egresados, de estudio, de compras y de jubilados.