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Pobreza 2020: la dimensión de una crisis que supera sus propios números
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El año 2020 fue uno de los peores de la historia argentina y mundial. En nuestro país, profundizó una crisis previa y la llevó a ser comparable con la de 2001. Parte de esta catástrofe se ve en el aumento de la pobreza. Pensar en cómo enfrentar el que probablemente sea el principal problema de la Argentina requiere, primero, entender mejor en qué magnitud, cómo y por qué se dio este incremento.
En el segundo semestre de 2020 la pobreza alcanzó al 42% de la población, 6,5 puntos porcentuales más respecto del mismo semestre de 2019. Esto implica que alrededor de 19 millones de personas no tuvieron ingresos suficientes para cubrir una canasta de bienes y servicios básicos (aproximadamente 3 millones más que en 2019). No solo hay mayor cantidad de personas en la pobreza, sino que también la realidad de quienes ya se encontraban en esta situación empeoró. La pobreza infantil también se profundizó: casi 6 de cada 10 niños/as viven en la pobreza.
Este aumento se explica, principalmente, por la caída de los ingresos laborales de los hogares, asociada tanto a la pérdida de empleos como a la disminución del poder adquisitivo de sus ingresos en términos reales. Y aunque la crisis la vivimos todos y todas, daña más a quienes percibían ingresos bajos. Esto no se debe a que las personas de menores ingresos no trabajen, sino a que tienen peores participaciones laborales (más informales, en sectores menos dinámicos) y a que, durante el ASPO, vieron sus ingresos laborales interrumpidos o disminuidos. Al tercer trimestre del año, fueron los hogares con jóvenes de menos de 29 años, trabajadores/as de baja calificación y asalariados/as informales los que se vieron afectados en mayor medida por la caída del empleo.
Además de acelerar la caída de los ingresos laborales, la pandemia desnudó y exacerbó desigualdades en otras dimensiones, incluido el acceso al cuidado, la educación y a un hábitat de calidad, ejes claves para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza. El cese de asistencia presencial a los establecimientos de cuidado y de educación, que se sostuvo la mayor parte del año pasado, hizo que las familias de más bajos ingresos se vieran específicamente afectadas, puesto que disponen de menos recursos para continuar con las actividades de forma remota. Así, en 2020 se profundizó y puso en evidencia la crisis del cuidado que el país ya atravesaba. Y como la carga suplementaria de cuidado recayó principalmente en las mujeres, redundó en un aumento de las brechas laborales de género.
Tener que enfrentar riesgos sociales inusitados nos mostró la importancia de contar con un sistema de protección social robusto. Las políticas de transferencias que se implementaron en 2020 (bonos extras a titulares de la AUH, Tarjeta Alimentar y el Ingreso Familiar de Emergencia, entre otras) jugaron un papel significativo para evitar que la pobreza sea mayor, pero no alcanzaron para revertir su aumento.
¿Qué nos depara el futuro? Incertidumbre en términos sanitarios y socioeconómicos. Pero se estima que este año habrá una paulatina recuperación de la actividad económica. Será crucial acompañar el proceso con políticas que potencien la inclusión laboral (sobre todo de trabajadores/as más vulnerables) y permitan sostener pisos de protección social. Abordar la pobreza requiere de una estrategia multisectorial y coordinada.
¿Qué priorizar? Dada la infantilización de la pobreza, las políticas de transferencias orientadas a hogares con niños/as y adolescentes. También medidas claves para desactivar la reproducción intergeneracional de la pobreza, lo que incluye políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, mejorar el acceso en los espacios de crianza, enseñanza y cuidado, y potenciar la permanencia en la escuela y que los alumnos completen sus estudios.
Todo esto cuesta plata y hay poco espacio fiscal. Frente al limitado margen de maniobra para ampliar el gasto público en el corto plazo, será crucial priorizar acciones con vistas a potenciar los mejores efectos posibles en protección y equidad social.
*Las autoras son directora y coordinadora, respectivamente, del programa de Protección Social de CIPPEC.
