Polémica. Diputados le piden explicación a Alberto Fernández por la vuelta del papel al Estado

Después de la polémica que se generó ayer a raíz de la publicación del decreto que autoriza el uso de papel si una dependencia pública tiene dificultades para utilizar el sistema de expediente electrónico, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires María Carla Piccolomini presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo le explique a la Cámara Baja los alcances de la medida.

Entre otras cuestiones, el proyecto de resolución, que lleva la firma de otros 12 diputados, busca conocer quién y ante qué circunstancia será el o la encargada de decidir iniciar el "procedimiento de contingencia" si no funciona el sistema, qué criterios técnicos se utilizaron para priorizar la firma en soporte papel; cómo se continuará con la unicidad del protocolo, en la numeración y el control inviolable por sistema; cuáles fueron las recurrentes falla del sistema de Gestión de Documentos Oficiales; cuál sera la vigencia del decreto 338; y cuál es la alternativa tecnológica más eficiente en la que está trabajando el Estado Nacional.

"Me parece que la transparencia no tiene que ser un tema de grieta. Acá hay un sistema que funciona bien y, por el mero hecho de que lo implementó la gestión anterior, ahora lo cambian. Alberto Fernández aseguró que es un sistema que recurrentemente falla, pero los datos marcan lo contrario", afirmó en diálogo con LA NACION Piccolomini, que forma parte del interbloque Cambiemos. La diputada, además, está casada con Andrés Ibarra, el exministro de Modernización de Macri que impulsó los trámites digitales.

De acuerdo con ella el sistema implementado por el expresidente Mauricio Macri firma más de 375.000 documentos por día y permite realizar a distancia 2100 trámites del Estado que antes eran únicamente presenciales.

"Volver al papel significa antedatar o postdatar cualquier acto administrativo, es decir retroceder miles de años en términos de un Estado moderno, transparente, ágil y al servicio del ciudadano. No alcanza con un tweet del Presidente donde no hay ninguna explicación técnica", agregó.

Publicado el DNU, LA NACION se comunicó ayer con Andrés Ibarra, quien dijo que el "decreto habilita nuevamente a hacer trampa en la documentación" y rompe con la unicidad de un expediente electrónico. "¿Cómo van a hacer para agregar a un expediente electrónico un acto administrativo en papel? Han destruido lo que tomó tanto esfuerzo construir", se lamentó.

Por la tarde, a partir de la primera versión publicada de la nota, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, dio algunas explicaciones vía Twitter.

"La firma de decretos en papel se habilita solo para casos en que falla el sistema de Gestión de Documentos Oficiales durante más de una hora; la medida exige la publicación en Boletín Oficial y el registro en Libro de Actas rubricado. Todo transparente", aseguró.

Más tarde el propio presidente retwitteó a Ibarra y agregó: "Basta de polémicas falsas. Solo intentamos que un mal sistema informático que recurrentemente falla no nos impida decidir cuando la urgencia lo exige. No es falta de transparencia. Se trata de resolver rápidamente los problemas de la Argentina", concluyó.