Privatización de Intercargo: no hubo propuestas para comprarla y el Gobierno evaluará alternativas para la compañía

Después de extender en dos oportunidades los plazos del proceso, el Gobierno abrió este jueves los sobres de la licitación para vender el 100% del paquete accionario de Intercargo S.A.U., pero no recibió ofertas. Contemplaba un precio base de US$45 millones.

Fuentes oficiales dijeron que ahora evaluarán alternativas para la empresa y atribuyeron la falta de interés a la desregulación del sector aerocomercial impulsada durante la gestión de Javier Milei, que permitió el ingreso de nuevos operadores de servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos del país.

Según explicaron, ya fueron habilitados 13 prestadores para competir en el segmento, lo que modificó el escenario en el que históricamente operó la empresa estatal. “La apertura del mercado modificó sustancialmente el contexto competitivo del sector, reemplazando un esquema monopólico por uno de competencia entre múltiples prestadores”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que el proceso de saneamiento de la compañía y su posterior llamado a privatización fueron diseñados en un contexto de mercado abierto y no sobre la base de una posición dominante garantizada por regulaciones estatales.

“La empresa no resultó de interés para el sector privado, que no se presentó en la licitación. La experiencia recogida durante el proceso aporta información relevante para evaluar las próximas alternativas respecto de la compañía”, agregaron. No obstante, evitaron precisar cuáles son las opciones.

Fuentes del sector, en cambio, atribuyeron el fracaso de la licitación a las condiciones planteadas para la privatización. Incluso calificaron a Intercargo como una empresa “invendible” en el contexto actual.

“El planteo era: quedátela, arreglate con los empleados y, además, te abro el mercado. La gente huye”, resumió una fuente con conocimiento del proceso.

La privatización contemplaba la transferencia integral de la empresa, la salida total del Estado de su participación accionaria —sin reserva de acciones ni representación en el directorio— y la continuidad de Intercargo como unidad operativa, manteniendo sus contratos, licencias y operaciones en los 16 aeropuertos donde presta servicios.

Antes de la desregulación impulsada por el Gobierno, Intercargo tenía el monopolio de los servicios de rampa en el país, ya que las aerolíneas estaban obligadas a contratar sus prestaciones, salvo en los casos autorizados de autoprestación. Actualmente, la empresa cuenta con una dotación de 1560 empleados.

Los reiterados conflictos gremiales y las medidas de fuerza realizadas por trabajadores de la compañía cuando era la única operadora del sector afectaron en diversas oportunidades la actividad aeroportuaria. Ese fue uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar tanto la apertura del mercado a nuevos competidores como el avance del proceso de privatización.

La licitación había sido cuestionada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que en mayo denunció al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a Maximiliano Voss, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), por el proceso de valuación de la empresa.

Según el gremio, el precio base fijado para la compañía en la resolución 282/2026 —US$45 millones— resultaba “cuanto menos inentendible”, dado que Intercargo registró en su último balance un superávit superior a los US$20 millones. Además, APA citó declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien durante una exposición ante el Congreso afirmó que la firma posee US$55 millones en activos corrientes.

Sin embargo, una valuación encargada por el Estado a la consultora Deloitte estimó el valor de la compañía en alrededor de US$30 millones, por debajo del precio base establecido para la licitación.

El año pasado, el sindicato ya había solicitado una medida cautelar para frenar la privatización. Entre otros argumentos, sostuvo que el Poder Ejecutivo avanzó con el proceso “sin cumplir el procedimiento obligatorio establecido en la Ley de Reforma del Estado (23.696)”, al no haberse realizado previamente la tasación prevista por esa normativa.

Por María Julieta Rumi

• Comunidad de Negocios
• Javier Milei
• Política económica

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