Un gremio aeronáutico denunció a Milei y a Caputo por la tasación de Intercargo
La denuncia, por presuntos delitos de defraudación y falsedad ideológica, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3; incluye al presidente del BICE
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció ayer al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a Maximiliano Voss, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), por el proceso de valuación de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en distintos aeropuertos del país, en el marco de su privatización.
Según el gremio, el precio base fijado para la compañía en la resolución 282/2026 —US$45 millones— resulta “cuanto menos inentendible”, ya que, según señalaron, la empresa registró en su último balance un superávit superior a US$20 millones. Además, citaron declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien durante una exposición ante el Congreso afirmó que la firma posee US$55 millones en activos corrientes.
“Estas cifras son las que ponemos a consideración, sumado al hecho de que el BICE haya sido la entidad designada para tasar la empresa. ¿Por qué no lo hizo el Tribunal de Tasaciones de la Nación? ¿O por qué no intervino el Banco Nación, entidades reconocidas y especializadas en este tipo de valuaciones?”, plantearon desde APA.
La denuncia, por presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3.
El año pasado, APA ya había solicitado una medida cautelar para frenar la privatización argumentando, entre otros puntos, que el Poder Ejecutivo avanzó con el trámite “sin cumplir el procedimiento obligatorio establecido en la Ley de Reforma del Estado (23.696)”, al no haberse realizado previamente la tasación exigida por esa norma.
El decreto 198/2025 sostuvo que el Tribunal de Tasaciones de la Nación estaba imposibilitado de valuar la totalidad de Intercargo en un plazo razonable. Sin embargo, una nota previa de ese organismo, fechada el 17 de febrero de ese año y dirigida al presidente de la empresa, Fernando Miguel Montes, indicaba únicamente que podía efectuar una tasación patrimonial, aunque no de bienes intangibles como el know how, la marca, las patentes o los derechos de operación.
El proceso de venta continúa abierto. El plazo para presentar ofertas a través de la plataforma online vence el 10 de junio, mientras que las consultas sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 26 de mayo.
La privatización contempla “la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado de su participación societaria —sin reserva de acciones ni presencia en el directorio— y la continuidad de la empresa como unidad operativa”, manteniendo sus contratos, licencias y operaciones en los distintos aeropuertos donde presta servicios.
Antes de la desregulación del sector impulsada por el gobierno de Milei, Intercargo tenía el monopolio de los servicios de rampa en el país, ya que todas las aerolíneas estaban obligadas a contratarla, salvo en los casos de autoprestación. Actualmente, la empresa cuenta con una planta de 1560 empleados.
Hoy existen 12 compañías habilitadas para prestar servicios de rampa, aunque casi ninguna opera de manera efectiva. A fines de 2025 también se aprobó un nuevo reglamento destinado a facilitar la asignación de espacios a operadores en las terminales aéreas de todo el país.
Los paros realizados por Intercargo cuando era la única operadora del sector afectaron en reiteradas oportunidades la actividad aeroportuaria, un argumento que el Gobierno utilizó para justificar tanto la apertura del mercado a otras firmas como el avance del proceso de privatización.
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