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Proyectos impositivos sin sustento
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El martes 5 de junio pasado, en sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, se presentó un plan de trabajo anual centrado en poner en discusión global el conjunto de proyectos de ley con estado parlamentario y sin dictamen.
El objetivo inicial es ordenar y conocer el pensamiento reciente de los legisladores sobre la política fiscal en general, y la política tributaria en particular. En esa dirección se ordenaron las propuestas en base a su impacto sobre el sistema impositivo haciendo una clasificación: por un lado, aquellas que persiguen disminuir la presión tributaria por la vía de las exenciones, una reducción de la base tributaria y/o desgravaciones, y por el otro lado, las que intentan aumentar los gravámenes en general.
De esta primera clasificación surgió que sobre 127 proyectos que afectan tributos, 118 apuntan a reducir los recursos fiscales y sólo nueve a aumentarlos.
Este relevamiento parece derribar algunos mitos que se expresan en el debate económico. Los reclamos de la mentada "reforma tributaria", supuesto tema de agenda pendiente del Gobierno, no se ha visto reflejado en las iniciativas parlamentarias de los últimos años, llevadas adelante por la oposición. La abrumadora catarata de proyectos para disminuir impuestos (93% de las presentaciones), con amplia presencia de firmas opositoras, no revela una vocación de modificaciones sustentables en la política tributaria, en procura de una equidad distributiva, sino más bien un marcado conservadurismo ofertista, destinado a reducir la capacidad del Estado de asignar recursos en la economía.
El interrogante que se plantea a partir de este relevamiento es si realmente el cúmulo de propuestas de ley refleja el pensamiento dominante en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja sobre la política tributaria en los últimos tiempos, o si sólo se trata de iniciativas de corto vuelo que buscan rédito político inmediato, sin abarcar temas más trascendentes como la sustentabilidad de las cuentas públicas, o la real equidad tributaria. Para responder esta pregunta, el único camino posible es abrir un trabajo serio sobre la legislación impositiva con alcance general, donde se abandonen visiones de corto plazo, discursos no correlacionados con el accionar parlamentario y se incorpore el conocimiento científico técnico en materia tributaria, para tratar los temas.
En este sentido, es bueno que se expresen corrientes de pensamiento en materia tributaria, en forma genuina y fundada. Efectivamente, si tal como parece indicar el cúmulo de trabajo vigente hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, existe una fuerte convicción conservadora acerca de que las políticas de oferta, basadas en la rebaja impositiva, son las necesarias para asegurar el crecimiento, que se expresen entonces nítidamente, sin maquillajes de progresismo.
A lo largo de estos nueve años, el Gobierno ha tenido superávit fiscal y simultáneamente ha expandido el gasto público en inversión social y en inversión en infraestructura, como propulsor de la demanda y el crecimiento. Sería bueno que quienes creen que las políticas de oferta aseguran distribución del ingreso, confronten en el pensamiento y en el debate parlamentario, desde ese lugar, con quienes adherimos a las políticas de demanda que se han llevado adelante hasta ahora, incrementando la presencia del Estado en la economía como redistribuidor social, concreto y efectivo.
Sin pensamiento armónico
Cuando se desagregan por tributo alcanzado los proyectos presentados, se advierte que del total de 118, hay 50 que afectan con reducciones al impuesto a las ganancias, 26 tienen rebajas para el impuesto al valor agregado y 10 afectan el impuesto sobre los bienes personales. Estos números reflejan, dentro de una consistente vocación de rebaja impositiva, la ausencia de un pensamiento armónico sobre redistribución de cargas entre la renta, el consumo y el patrimonio, tomando a éstos como variables incididas por la política fiscal.
Apartándonos ahora de los resultados que arroja este relevamiento sobre las iniciativas parlamentarias de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sería deseable iniciar un recorrido en el que las discusiones sobre la legislación tributaria se sinceraran en cuanto a los objetivos perseguidos, los sujetos incididos por las modificaciones propuestas y la necesidad de preservar la solvencia de las cuentas públicas, para garantizar la autonomía estatal en un mundo volátil y en crisis.
No se puede debatir con un interlocutor que reclama simultáneamente políticas del gasto expansivas contracíclicas, equilibrio fiscal, pero a su vez, como legislador, presenta proyectos de rebaja impositiva y vota en contra del aumento de la capacidad del Banco Central para financiar, justamente, políticas frente a un cambio de ciclo. Nuevamente, para ser consistentes frente a nuestros representados, debemos reunir acción parlamentaria y discurso. Un ejemplo claro de esta dicotomía es el conflicto producido en la provincia de Buenos Aires, al aumentarse la base imponible del Impuesto Inmobiliario Rural.
