Qué pasó con Vialidad Nacional

En las últimas horas, el Gobierno nacional avanzó con una serie de reformas estructurales que modifican el mapa de dependencias del Estado. La medida, impulsada por el Poder Ejecutivo, impacta de lleno en la estructura del área de Transporte y redefine las funciones de varios organismos públicos. La decisión se produce a solo dos días del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso en la Ley Bases.

El Poder Ejecutivo dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Un decreto, con publicación prevista para este martes, formaliza la medida que también alcanza a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó los anuncios y enmarcó la decisión en una “profunda reorganización del área de Transporte”. Según los considerandos de la norma, las funciones que hasta ahora cumplía el organismo descentralizado serán reasignadas.

Entre los argumentos para el cierre de Vialidad, el decreto menciona una “estructura compleja” con actividades que “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión”. El texto oficial refleja esta situación en la “falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”. El vocero presidencial calificó al organismo como “un ícono de la corrupción”.

El documento también señala una desproporción entre los recursos materiales, la cantidad de agentes y el personal administrativo frente a los dependientes operativos. “Se observa una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa y la concesionada en el mantenimiento vial, sugiriendo que la transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos”, señala.

Las funciones de estudio, construcción, conservación y mejoramiento del sistema troncal de caminos nacionales pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, que tendrá la facultad de delegarlas a la jurisdicción que considere pertinente.

La fiscalización y el control de las concesiones viales, tanto vigentes como futuras, serán asignadas a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Esta nueva estructura surge de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que desaparece para dar lugar a esta agencia.

La reforma también disuelve la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La mayoría de sus competencias se transferirán a la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, aunque la prevención y el control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarán a ser una tarea exclusiva de la Gendarmería Nacional Argentina.

“La Gendarmería Nacional Argentina tendrá a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional”, indica la norma. El texto también faculta a la fuerza a actuar de manera complementaria con organismos de otras jurisdicciones mediante convenios específicos.

El decreto también establece la creación de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Este organismo se forma a partir de la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte, que funcionaba como un ente descentralizado. Se espera que futuras reformas avancen sobre otras dependencias del mercado aerocomercial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.