Quiénes dejarán de cobrar el subsidio de luz en marzo

Hoy, el Gobierno llevará adelante su cuarta audiencia pública para tratar los aumentos de las tarifas energéticas. En este caso en particular, se debatirá sobre el nuevo esquema de segmentación de subsidios que la Secretaría de Energía quiere aplicar a partir de mayo. Se trata de la implementación de una Canasta Básica Energética (CBE), que fijará el consumo mínimo necesario de gas y electricidad, según la zona bioambiental del país en la que viva el usuario y la cantidad de convivientes del hogar. De manera que no habrá una reducción significativa de subsidios en este rubro en marzo.

El Estado subsidiará a los usuarios residenciales cuando el costo de esa CBE supere un porcentaje de los ingresos, que la Secretaría de Energía definirá. Se espera que sea alrededor del 10% de los ingresos (5% por gas y 5% por la electricidad). En esos casos, el Estado hará una transferencia directa al beneficiario, mediante una tarjeta virtual o CBU, o mediante un descuento en la factura.

Para determinar los ingresos totales del grupo conviviente del usuario de gas o electricidad, el Ministerio de Economía tomará en cuenta las declaraciones realizadas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), bajo la gestión económica de Sergio Massa. En este link se puede consultar si se está registrado en el RASE.

El Gobierno dijo que analizará esos ingresos y los cruzará con las bases del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras fuentes de información a cargo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para cotejar los datos. No se trata de una tarea sencilla, como admitió esta misma Secretaría de Energía cuando criticó las falencias de la segmentación durante el gobierno anterior.

Para minimizar los errores de ingresos no declarados, el Gobierno determinó que si el usuario cumple con alguna de estas condiciones, no podrá acceder al subsidio, más allá de que la CBE supere el porcentaje de ingresos determinado por la Secretaría:

• Titularidad de una aeronave.
• Titularidad de embarcación de lujo o con fines recreativos.
• Titularidad total de dos o más inmuebles.
• Titularidad de al menos un automóvil con una antigüedad inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años.
• Titularidad de al menos un automóvil de lujo o colección, independientemente de la antigüedad que registra.
• Titularidad de medicina prepaga no vinculada a empleo en relación de dependencia (total o por derivación).
• Más de una salida a países no limítrofes en los últimos cinco años.
• Pertenencia al directorio o ser propietario de una empresa privada (IGJ).
• Consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $900.000. El valor del SMVM es $180.000.
• Compra de moneda extranjera en al menos uno de los últimos tres meses.
• Consumos en billeteras virtuales superiores a cinco SMVM, lo que equivale a $900.000.
• Consumos en telefonía móvil superiores al 25% del SMVM, lo que equivale a $45.000.

Según informó la Secretaría de Energía, un hogar será excluido de la aplicación de subsidios si alguno de los miembros cumple con al menos uno de los atributos de exclusión.

El Gobierno también cruzará la información de los usuarios con las siguientes temáticas: jubilaciones y pensiones; pensiones no contributivas; electrodependientes; programas sociales; empleo independiente; empleo dependiente; inmuebles; embarcaciones y automotores, motos y aeronaves.

“Los subsidios deberían regir por un tiempo determinado, para evitar que los usuarios dependan considerablemente de este beneficio. Los beneficiarios deberían declarar, al menos anualmente, sus condiciones socioeconómicas y la necesidad de mantenerlo”, dijo la cartera que comanda Eduardo Rodríguez Chirillo en la documentación que publicó en su página oficial.

El diseño de la CBE se ajustará a las necesidades de los solicitantes, considerando la cantidad de miembros del hogar y la zona climática. El tamaño del hogar se divide en tres categorías: una o dos personas; tres o cuatro personas, y cinco o más personas. La biozona de residencia también influye, clasificándose en seis niveles, desde muy cálido hasta muy frío. Además, la CBE considera la media del mes actual a subsidiar para cada biozona específica y la utilización de servicios como electricidad, gas natural y/o gas licuado de petróleo.

El consumo per cápita de los hogares argentinos es de los más altos de la región, dijo el Gobierno, pero la incidencia del gasto energético en el conjunto de ingresos de los integrantes es uno de los más bajos de América Latina y el Caribe.

Para realizar la segmentación, la Secretaría de Energía y los funcionarios técnicos de los entes reguladores del gas y la electricidad (Enargas y ENRE, respectivamente) presentaron un informe sobre la experiencia internacional que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “La energía es el segundo gasto corriente más grande en los hogares de América Latina y el Caribe. El hogar promedio asigna alrededor del 5% de su gasto anual total a la energía doméstica”, dicen en el informe.

“La asequibilidad de los servicios representa un desafío significativo en los hogares con menores ingresos. En la literatura y en la práctica, el indicador de pobreza energética más utilizado por su fácil construcción e interpretación es la regla del 10%. Boardman (1991) estableció como umbral teórico que los hogares que asignen más del 10% de sus ingresos en gasto energético están en situación de pobreza energética. En la Argentina, el acceso a la electricidad es casi universal, pero el acceso al gas de red no lo es. Esta situación presenta una alta correlación con el nivel de ingreso de los hogares. De aquí deriva la necesidad de considerar la situación de los hogares que consume gas licuado envasado o que utilizan energía eléctrica como única alternativa disponible”, agrega.

En cuanto al gas, la Secretaría de Energía informó que 3,6 millones de personas reciben el subsidio de Plan Hogar para la compra de garrafas, siendo la provincia de Buenos Aires y la zona norte del país los lugares donde hay más beneficiarios, ya que hay menos acceso al gas por red.

En lo que se refiere a la tarifa social de gas por red, la Secretaría informó que hay un poco más de un millón de beneficiarios.

Asimismo, el Estado le garantiza el suministro permanente y el componente eléctrico nacional gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes. Según la información publicada, hay 8000 personas electrodependientes por cuestiones de salud.

El ENRE, por su parte, informó que, en enero pasado, se identifican 1,4 millones de suministros residenciales del área metropolitana de Buenos Aires que recibieron una liquidación con el beneficio de tarifa social, siendo 927.005 de Edenor y 473.260 de Edesur.

Según el ente que interviene Darío Arrué, en los actuales niveles de la segmentación, se puede identificar una superposición de la tarifa social. También destacó que la provincia de Buenos Aires determinó, en septiembre del año pasado, “una bonificación de hasta el 100% sobre los conceptos eléctricos facturados, antes de impuestos, a las personas víctimas de violencia por razones de género por el plazo de seis meses prorrogable por otro período igual y/o mientras subsista la situación crítica en la que se encuentren estas personas, conforme lo indique el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia”.

Por último, el Gobierno indicó que, actualmente, hay 5,3 millones de usuarios N1 de electricidad; 7,97 millones de N2 y 2,82 millones de N3. En total hay 16,1 millones de usuarios de electricidad. En cuanto a gas, hay 3,75 millones de N1, 3,45 de N2 y 2,45 de N3. En total hay 9,5 millones de usuarios que tienen gas por red.

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