Recesión, inflación y devaluación: la OCDE vaticinó que la economía argentina registrará la peor caída de América Latina

Una recesión que traerá consigo el desempleo. Riesgo de una devaluación repentina. Una inflación que continuará en niveles elevados en el corto plazo. Esa es la descripción que realizó Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la Argentina, en un informe que vaticinó que el PBI del país se contraerá un 1,6% en 2023. Se tratará de la mayor caída de la economía en todo América Latina.

En el documento titulado Perspectivas económicas de la OCDE para países de América Latina, la entidad agregó Costa Rica crecerá un 2,8% este año, seguido por México (+2,6%), Brasil (+1,7%), Perú (+1,7%) y Colombia (+1,5%). Además de la Argentina, el único país de la lista que registrará una leve baja será Chile, de un 0,1%.

“En la Argentina el mercado laboral ha mejorado, pero se espera que la próxima recesión traiga consigo una caída del empleo. Las exportaciones están padeciendo las consecuencias de la grave sequía registrada en 2023, pero se recuperarán en 2024. La inflación superó el 100% y se mantendrá en niveles altos a corto plazo, a pesar de contar con una posición fiscal ligeramente menos expansiva. Los estrictos controles de capital y la incertidumbre política ante las elecciones de octubre de 2023 frenarán la inversión y el consumo en 2023″, señaló el informe.

Por otro lado, el documento de la OCDE dijo que espera que el gasto público disminuya en lo que resta del año, a medida que se reduzcan los subsidios tarifarios a la energía y el cumplimiento de los objetivos fiscales acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exigen una mayor contención del gasto. En tanto, la reducción de las transferencias del Banco Central al Tesoro “deberían reducir las presiones inflacionarias” en el mediano plazo, estrechar la brecha entre el dólar blue y el oficial, y disminuir el “riesgo de una devaluación repentina”. Una advertencia: la estabilización de la situación macroeconómica y el descenso de la inflación será “fundamental para reducir la elevada pobreza y hacer frente a las crecientes presiones sociales”.

“El crecimiento económico se contrajo en el último trimestre de 2022, principalmente por un descenso de la inversión y el consumo privado. Los indicadores a corto plazo apuntan a una nueva contracción durante la primera mitad de 2023, a medida que la producción agrícola se ve afectada por la grave sequía. El desempleo ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, alcanzando el 6,3% en el cuarto trimestre de 2022, aunque la informalidad ha aumentado bruscamente, acercándose al 40% de la fuerza laboral. La confianza de los consumidores ha descendido”, enumeró.

La lista de factores que no contribuyen al crecimiento continúa. Con los precios aumentando a un ritmo del 114,2% interanual en mayo, el valor más alto de los últimos 30 años, “falta un ancla formal de las expectativas inflacionarias”. Mientras que una brecha cambiaria cada vez mayor entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que actualmente se ubica en torno al 100%, dificulta las perspectivas de la economía. Aunque el BCRA subió las tasas de interés para “mejorar los incentivos para mantener saldos en moneda nacional y ha aliviado ligeramente las presiones sobre el tipo de cambio”, la autoridad monetaria deberá seguir subiendo las tasas de interés ante estos niveles de inflación.

“Dada su condición de importador neto de energía, Argentina ha estado expuesta a los elevados y volátiles precios de la energía, en particular del GNL. Para suavizar el impacto del encarecimiento de la energía, el Gobierno ha ampliado los controles de precios hasta 2023, que también cubren algunos artículos de alimentación y bebidas. El descenso de los ingresos por exportaciones y las bajas reservas de divisas ejercen cada vez más presión sobre las finanzas públicas, las cuentas exteriores y la economía en general”, dijo.

En ese escenario, cumplir con el objetivo de déficit primario del 1,9% del PBI en 2023 firmado con el FMI “será todo un reto”. Incluso a pesar de que el Gobierno encaró un camino de quita de subsidios tarifarios. Esto se explica por la fuerte caída de ingresos por impuestos a las exportaciones que provocó la sequía, lo que elevó el déficit. Así, la Argentina cerrará el año una contracción de la economía del 1,6%.

Para el año entrante, las perspectivas mejoran. El país se irá “recuperando poco a poco” y el PBI rebotará un 1,1%. Aun así, sigue siendo el valor más bajo frente al resto de los países de América Latina. Este repunte gradual se irá dando a medida que se reduzcan las “vulnerabilidades económicas” y las exportaciones ganen volumen. Además, la apertura del gasoducto permitirá reducir la dependencia de las importaciones de gas y “podría aminorar las vulnerabilidades externas”.

“Los riesgos sobre las perspectivas económicas están orientados a la baja. Las escasas reservas de divisas, las estrictas restricciones monetarias y los grandes volúmenes de bonos del Banco Central en circulación en un contexto de inflación y tasas de interés al alza podrían provocar una devaluación de la moneda, una espiral inflacionista y la incapacidad de cumplir los objetivos fiscales actuales. Los tipos de cambio preferenciales introducidos recientemente para los exportadores agrícolas han conseguido anticipar la entrada de divisas y proporcionar un alivio temporal, al tiempo que han trasladado algunos de los riesgos subyacentes a un futuro próximo. Las presiones políticas para aumentar el gasto ante el deterioro de la situación económica también podrían poner en peligro el ajuste fiscal previsto”, advirtió.

Hay un lado positivo. Una mayor demanda mundial de las exportaciones argentinas podría dar lugar a un aumento del crecimiento y la entrada de nuevas divisas, lo que podría reducir las presiones sobre el tipo de cambio. El gasto social más eficaz podría contribuir a la reducción de la pobreza, la cual aumentó hasta el 39%, mientras que el 50% de los niños viven por debajo del umbral de pobreza.

“Los intentos actuales de mejorar la focalización de las subvenciones a los servicios públicos van en la dirección de mejorar la eficacia del gasto público. Sin embargo, aún están pendientes de aplicar otras reformas de subvenciones y esta cuestión sigue siendo todo un reto político. La reducción de las barreras a la competencia y al comercio, una mayor participación de la mujer en el mercado laboral —incluido a través de un mejor acceso a la educación de la primera infancia— y un aumento de la inversión en la calidad de la educación primaria y secundaria impulsarían la productividad y mejorarían la equidad”, cerró.

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