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Reforma laboral: qué hizo Brasil para resolver el problema que complica a la Argentina
El socio mayor del Mercosur realizó cambios en sus instituciones laborales en 2017 y aumentó sus puestos de trabajo de calidad; hasta dónde llegan las modificaciones que están en la Ley Bases
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- El capítulo dedicado a la reforma laboral en el proyecto de Ley Bases que se trata en la Cámara de Diputados tiene como cambio más relevante que se elimina la multiplicación de la indemnización por despido. Los especialistas coinciden en que si bien va en el sentido correcto para modernizar las leyes laborales, los cambios son insuficientes para revertir la profunda crisis de creación de empleo que atraviesa la Argentina desde hace años.
En la última década, los únicos componentes dinámicos en el mercado laboral fue el crecimiento del empleo informal y del trabajo por cuenta propia, especialmente a través del monotributo social. En menor medida, y “a costa de profundizar los desequilibrios fiscales y la baja calidad de la gestión del Estado”, creció el empleo público, describe el Ieral de la Fundación Mediterránea.
En contraste, el empleo registrado en empresas privadas se mantuvo prácticamente constante.
El trabajo del instituto compara a la Argentina con lo que pasó en Brasil cuando, a mediados de la década pasada, introdujo “importantes cambios” en sus instituciones laborales. Las transformaciones giraron en torno a valorizar las negociaciones individuales y colectivas, desalentar la litigiosidad; adaptar los contratos al siglo 21; contemplar situaciones de empleo volátil y de jornadas discontinuas; flexibilizar salarios nominales de jerárquicos y de trabajadores calificados.
“Dar incentivos para dirimir diferencias dentro de la empresa y no en la Justicia”, resume Osvaldo Giordano, director del Ieral. Desde el año 2017, cuando se realizaron las reformas, en Brasil se generaron 3,75 millones de nuevos puestos de trabajo privados formales.
En la Argentina, en el mismo período, se crearon apenas 68.000 posiciones. “El fuerte contraste en la dinámica laboral fue acompañado de dinámicas productivas muy diferentes. La variación del PIB de Brasil le sacó 18 puntos porcentuales de ventaja a la Argentina entre 2017 y 2024. Esto sugiere el impacto positivo que tiene mejorar las instituciones laborares en los incentivos a invertir y producir”, añade.
El economista señala que los cambios incluidos en el proyecto de ley argentina “van en el sentido de corregir distorsiones” en la normativa laboral que desalientan la inversión y la generación de empleos de calidad. La de más importancia, en la práctica, apunta a las multas derivadas de alguna falla en la registración laboral estén “privatizadas”. Es decir, que no sea el Estado, sino los privados (el trabajador y su abogado) los que la apliquen y se apropien de la sanción monetaria. Subraya que el esquema vigente “aumenta el nivel y la incertidumbre de los costos de la extinción de una relación laboral”.
“No es exagerado considerar que se trata de uno de los principales factores que desalienta las nuevas contrataciones”, asume Giordano. Con impactos más acotados, pero positivos, menciona clarificar responsabilidades en los procesos de tercerización, ampliar el período de prueba o los cambios sobre la legislación que se aplica en el sector rural.
También rescata la posibilidad de que en emprendimientos de hasta cinco personas unidas por un acuerdo de colaboración, no se les aplique la legislación laboral. Se trata de una “innovación legislativa con muchas potencialidades”, dada las tendencias modernas, que muestran al emprendedurismo y el trabajo freelancer como fenómenos muy dinámicos en la economía en general y específicamente en el mercado de trabajo, completa y advierte que, de todas formas, es “de decisiva importancia que la Justicia recepte positivamente” ese cambio.
También hay disposiciones que no tendrán impactos relevantes como, por ejemplo, habilitar a contratar un seguro para cubrir los costos de la indemnización por despido, añade Giordano. Lo mismo con la posibilidad de crear vía convenios colectivos un fondo de cese, ya que para la gran mayoría de los sectores su instrumentación implicara agravar el problema que generan las altas cargas sociales.
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