Sin acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y los gremios, podría haber paro de colectivos desde mañana

El sistema de colectivos urbanos metropolitanos está a punto de ingresar a una nueva etapa de conflictos. La reunión entre el sindicato de choferes (UTA), los representantes de las cámaras empresarias y varios funcionarios de la Secretaría de Trabajo no trajo ninguna solución. Entonces, la situación entró en un nuevo capítulo: los choferes irán a trabajar pero una gran parte no pondrán en marcha sus colectivos a la espera de una diferencia salarial que no se cancelará. Para los usuarios eso se traduce en una palabra: paro.

Fueron los gremios los que comunicaron el fracaso del encuentro. “El sector empresario se niega a pagar lo salarios en los montos acordados, a pesar de que los Gobierno Nacional y Provincial aportaron en subsidios la suma de más de $122.000 millones, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos”, se expresó el sindicato mediante un comunicado.

Luego agregó que mañana los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas. “Esperamos que los empresarios asuman la responsabilidad que les corresponde como empleadores y eviten afectar a miles de usuarios”, resaltó el documento. Ahora bien, según la postura de los empresarios, no habrá depósito alguno en las próximas horas. Por lo tanto, el paro es el escenario más probable.

A esta situación se le suma la interna del gremio. La facción oficialista que maneja la UTA, y que conduce el histórico Roberto Fernández, disputa una fuerte puja con Miguel Bustinduy, principal referente de la oposición, un líder apadrinado por Hugo Moyano y por la empresa de transporte de pasajeros DOTA, dueña de aproximadamente la mitad de los colectivos metropolitanos.

Esa división, que ya generó varios encontronazos, muchos de ellos cargados de violencia, volverá a escribir otro capítulo. “Ante las nuevas versiones que afectarían el servicio comunicamos q las empresas del grupo Dota garantizan el Servicio ya q la totalidad del personal tiene acreditado el importe total de sus haberes correspondiente al convenio homologado de $737.000 de valor inicia”, comunicó la empresa mediante la red social X. A nadie se le escapa que detrás de esta medida está Bustinduy y los dueños de la firma, que desde hace tiempo intentan socavar el poder del histórico gremialista.

El corazón del conflicto está en el sueldo de los trabajadores de la UTA, puntualmente por la redacción del artículo 6 del acuerdo paritario que se firmó allá por los primeros días de febrero. A grandes rasgos, se acordó en enero un sueldo de $737.000, compuesto por un básico inicial de $597.000 más una suma fija no remunerativa que se pagó el 20 de febrero de $140.000. A ese importe se debería sumar un viático por 24 días de $81.960.

Para haber del mes siguiente, el básico inicial quedó en $737.000, a lo que se adicionó otra suma fija, que se pagó el 15 de marzo, de $250.000, además de viáticos por $101.160. A mediados del mes pasado, debían volver las reuniones entre gremio y empresarios para acordar los meses subsiguientes.

Eso nunca sucedió y el cuarto día hábil de este mes, cuando se paga, volvió sobre la mesa cuál es el sueldo básico, si aquellos $737.000 de febrero o si los que tienen el refuerzo de los $250.000 adicionales. Apareció la cláusula 6 del acuerdo firmado y homologado. “Las partes asumen el compromiso de reunirse después del 15 de marzo y una vez que hubiera sido publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero a los fines de determinar el salario del mes de marzo, cuya base de cálculo convenida será de $987.000 como salario básico conformado para el mes de febrero para el personal”, dice el documento.

Este mes, los empresarios depositaron aquellos $737.000 de sueldo básico. Los empresarios dicen que jamás se acordó nada en marzo y que en caso de hacerlo, piso de negociación será el que incluye el adicional. Pero eso, según su visión, no sucedió. La UTA amagó con un paro a partir de las cero horas del martes, pero la convocatoria a la reunión de hoy generó unas horas de cuarto intermedio.

El gremio dice que no hay dudas, ya que la redacción es clara; los empresarios, que cuando se acuerde se partirá de esa base, pero por ahora esta circunstancia no se dio. Así las cosas, las empresas liquidarán hoy aquel sueldo y no el complementado, por lo que los trabajadores tendrán en el bolsillo menos que el mes pasado. Esa diferencia, de 250.000 pesos por trabajador es la que esperan que se deposite mañana. Y por ahora, eso no sucederá.

“Estamos dispuestos a negociar el mes de marzo por no haberse nunca acordado un monto definitivo por dicho mes, informando que como paso previo a la mencionada recomposición salarial, necesitamos la normalización de todos los ingresos faltantes para cumplir este servicio regulado, cifra que supera los $50.000 millones mensuales de recomposición de ingresos, y esto debe ser previo a cualquier recomposición salarial”, dicen los empresarios. Además, siempre mediante un comunicado, agregaron: “El sector no asumirá compromiso alguno que luego no pueda garantizar el cumplimiento efectivo. Las empresas han perdido capital a lo largo de estos años y sin capital no hay empresas, ni fuentes de trabajo”.

Siempre que hay una mesa de diálogo, porque hay esperanza de que la disputa atempere. Pero, como en este caso, cuando se trata de dinero, si no aparece una billetera con intenciones de saldar la cuenta, todo parece más difícil. Ese es el corazón del problema en estos momentos: no aparece el pagador.

Las opciones son tres. Desde hace 20 años, cuando empezaron los subsidios, el Gobierno fue el que puso el dinero para todo tipo de aumentos y beneficios de los trabajadores, ya que la tarifa estaba, y está, regulada. Pero ahora, a esa solución se le aplica el axioma preferido del presidente Javier Milei: “No hay plata”.

La segunda opción, sería que el cheque lo firmen los empresarios. Pero ellos aducen, con lógica, que mientras el boleto no remunere toda la actividad y se dependa de las transferencias del Estado, pues ese esquema es inviable. La tercera, mal que le pese al lector, es que el financiamiento de la diferencia salarial planteada la asuma el usuario. ¿Cómo? Con tarifas.

Dicho esto, pues todo parece indicar que el precio del boleto de colectivos seguirá para arriba en los próximos meses para apuntalar los ingresos de las empresas y poder solventar el pago de lo que pretenden los gremios.

Hubo, en estas horas, una reunión entre los empresarios y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. El funcionario, un cordobés que no acostumbra a pronunciar una sola palabra de más, les dijo que no hay plata. Nada nuevo. Además, les explicó que el monitoreo de la inflación y la necesidad de que no suba el índice había sido la causa por la cual no se dispararon las actualizaciones mensuales, algo que el Gobierno podría hacer ya que ese esquema tarifario está autorizado desde enero, cuando se celebraron las audiencias.

En el Palacio de Hacienda miran con atención la secuencia de aumentos que anunció el gobierno porteño de Jorge Macri para el subte. El cuadro tarifario que propuso el gobierno de Jorge Macri llevaría el pasaje, que cuesta $125 para quienes tengan la SUBE nominalizada, a $574 en abril, $667 en mayo y $757 en junio. Ese es el camino que pretende transitar la Casa Rosada para bajar la dependencia del subsidio que tiene el sistema. En rigor, siempre los servicios que suelen ser sustitutos tienden a equilibrarse, ya que, en su caso, se podría producir un exceso de demanda en uno frente al otro.

Además, se habló de los costos. El cálculo de los subsidios es un sistema que requiere la apreciación de todos los componentes que hacen a la actividad. Se calcula un valor y se liquida por empresa. Según los empresarios, ran parte de los números que se utilizan están desactualizados. En Transporte prometieron revisarlos para fin de mes.

Pero, por más actualización que exista, el valor del boleto actual está lejos del equilibrio. En enero, antes del aumento, llegó a un extremo. Por cada 100 pesos que se costea la actividad, 93 los aportaba el Estado y 7 el boleto. Tras la suba, esa relación quedó en 67 a 33.

El conflicto de hoy no es más que la última expresión de un sistema maltrecho, que no se ha planificado hace poco más de dos décadas. El sistema de transporte en la Argentina perdió sustentabilidad de la mano de los subsidios. Hoy es esta diferencia; mañana podría ser cualquier otra cosa. Hay tres billeteras, y ninguna tiene plata.