Salario unificado, viáticos diarios y antigüedad: cuánto gana un chofer de colectivos en la Argentina

CÓRDOBA.- Un chofer de colectivos en la Argentina -salvo en las ciudades de Córdoba y Bahía Blanca- cobrará por marzo un salario básico conformado de $242.000 por siete horas diarias de trabajo. Al salario se le suma un viático por día trabajado ($1386 el mes pasado y el actual). Un cálculo orientativo apunta a $29.106 de viáticos por 21 días y $3630 por año de antigüedad. Fuentes empresarias estiman la antigüedad promedio en 11 años, con lo cual un chofer en esas condiciones de trabajo cobra unos $311.000 mensuales de bolsillo por todo concepto.

Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 que fue asesinado este lunes de un disparo en el pecho durante un intento de asalto a bordo del colectivo que manejaba en Virrey del Pino (La Matanza), cobraría un salario algo por encima de esa cifra, ya que le faltaba un mes para jubilarse.

“El Capitán”, como le decían a Barrientos, tenía 65 años y había dedicado gran parte de su vida a su trabajo como colectivero. Empezó en 1991 y el próximo mes, mayo, recibiría el retiro para comenzar a percibir la jubilación.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) firmó su paritaria a principios de febrero: pactó un aumento de 10% en enero, lo mismo en marzo y 7% en mayo. Además, se acordó un pago único de $25.000 en julio, mes para el que también se fijó la cláusula de revisión. Según datos oficiales, con el incremento de enero el salario básico quedaría en $220.000.

El 2 de diciembre pasado, Roberto Fernández fue reelecto como secretario General en la UTA, gremio que comanda desde 2007. Se impuso con el 70% de los votos sobre la lista que encabezó el opositor Miguel Bustinduy.

La del año pasado fue la primera elección en la que Fernández se enfrentó a una nómina opositora; Bustinduy -quien fue secretario de Organización del gremio para luego alejarse de la actual conducción- forma parte del Frente Sindical que conduce Pablo Moyano. Un salario único en todo el país fue uno de los “logros” que presentó Fernández.

Las tensiones internas continúan, a punto tal que la lista Azul de Bustinduy había anunciado un paro nacional el jueves 23 de marzo en reclamo de una paritaria única para todo el país y un sueldo inicial de $350.000, según expresó su agrupación en un comunicado. “El problema tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del salario y la precarización de la actividad. Y se agravó en diciembre cuando hubo fraude en las últimas elecciones y miles de compañeros no pudieron votar porque fueron sacados del padrón”, dijo Bustinduy en declaraciones radiales.

A fines de febrero, el mismo sector promovió el paro de trabajadores de más de 50 líneas de colectivos del AMBA porque la empresa Dota -controlante de la mayoría- incumplió el pago de la cuota paritaria de febrero.

En el Ministerio de Trabajo consideran que existe una “situación particular” en este conflicto, vinculada con la representación gremial; la cartera encuadró el problema en Dota como “una suerte de lock out patronal”. La lista Azul ganó cinco distritos: Córdoba, Mar del Plata, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy. Hay planteos judiciales cruzados entre los sectores.

La semana, además del crimen del chofer de la línea 620 y la reactualización de los reclamos de seguridad por parte de sus compañeros, arrancó con un planteo de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) por el pago de los subsidios por parte del Ministerio de Transporte.

“El gobierno nacional no giró los fondos de febrero y marzo y las empresas de colectivos del interior del país ya no pueden sostener la estructura de costos, que aumentó por encima del índice inflacionario. Por tal motivo, se paralizaría el servicio por tiempo indeterminado a partir de este mismo feriado de Semana Santa”, advirtió la entidad en un comunicado.

Desde el Ministerio indicaron a LA NACION que las empresas deben pedir reuniones con los responsables del área de Transporte de las provincias, que son los que tienen a cargo los sistemas de esas jurisdicciones. “Lo que hace la Nación es un aporte, no tiene la responsabilidad del transporte provincial”, señalaron las fuentes oficiales, que plantearon que los distritos con documentación presentada y pagos al día son Entre Ríos, Salta, San Luis y Santa Fe; las que tienen en análisis las rendiciones de enero son Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan y Formosa.

Según la cartera, no informaron rendiciones de enero Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, La Pampa, La Rioja y Misiones. Presentaron datos parciales o están “subsanando” Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Río Negro y Corrientes. No firmaron el convenio de este año ni presentaron documentación Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La discusión por las cámaras de seguridad

La reactualización de la discusión por cómo aumentar la seguridad en los colectivos obliga a repasar que la obligación de colocar cámaras de seguridad se instrumentó en la provincia de Buenos Aires con la ley 14.897 (sancionada en 2016), de donde surge el deber de colocar los dispositivos y guardar las filmaciones.

Esa norma fue reglamentada en abril de 2018 después del asesinato del chofer Leandro Alcaraz en La Matanza, a pocas cuadras de donde fue el crimen de Barrientos. Las empresas tenían un plazo de 180 días para colocar las cámaras, pero no se avanzó por cuestiones económicas.

En 2021, una resolución de junio de la Secretaría de Transporte bonaerense determinó que las nuevas unidades que incorporaran las empresas ya debían estar equipadas con cámaras y, las que ya las tuvieran, debían ser homologadas.

Según Jorge D’Onofrio, secretario de Transporte provincial, solo el 25% de las unidades que circulan tiene cámaras. “Nos hemos comprometido a hacer una comisión de seguimiento para poner en marcha la gran mayoría de las cámaras. La idea es que muy pronto tengamos en funcionamiento el centro de monitoreo con inteligencia artificial y toda la tecnología que podamos disponer”, afirmó ante los medios.

A nivel país, fuentes empresarias aseguraron a este medio que es un debate “abierto” por los costos que implica la instalación, y dijeron que la mayoría de las empresas está de acuerdo siempre y cuando el Estado se haga cargo de los recursos necesarios para colocarlas. En Rosario, desde inicios de 2017, hay unidades con botón antipánico y cámaras.