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Sancionaron la ley que promueve el blanqueo del personal doméstico
El empleador podrá deducir los sueldos pagados para el cálculo del impuesto a las ganancias
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El Senado convirtió ayer en ley el último proyecto del denominado Plan Antievasión II, que otorga amplias facultades a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para combatir el trabajo informal, con medidas como incentivos para regularizar al personal doméstico; la atribución de la AFIP para presumir la existencia de aportes no efectivizados, y duras penas de prisión para los empleadores que no depositen en tiempo y forma las cargas patronales.
Con respecto al personal doméstico, la norma permite que los empleadores deduzcan de la base imponible sobre la que se calcula el impuesto a las ganancias, los salarios y cargas sociales pagados al personal de servicio doméstico. Esta posibilidad, que en algunos casos neutralizaría el costo del blanqueo -dado el menor pago que se calculará para ganancias-, tendrá un tope de $ 4020 al año.
Es una medida tendiente a lograr la regularización de este segmento de trabajadores, en el que se estima que el 95% está en negro, según datos del Ministerio de Trabajo. Se trata de entre 800.000 y 900.000 personas en todo el país, según la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), ya que sólo hay regularizadas unas 51.000 personas.
Para blanquear al personal doméstico, el sistema vigente exige el pago mensual de 55 pesos en concepto de aportes y contribuciones si la jornada de trabajo es de más de 16 horas semanales. Si la persona trabaja, en cambio, entre 12 y 16 horas a la semana, el pago es de 39 pesos. Finalmente, si la jornada es de entre 6 y 12 horas, se exige un aporte de 20 pesos. Esos pagos le garantizan al personal doméstico una cobertura médica -brindada por una obra social que la empleada debe elegir-, una jubilación de $ 240 en el caso de que sea trabajo de jornada completa (o proporcional, si se trabaja menos horas) y el beneficio de un retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, en caso de que ocurra una de estas contingencias.
En la AFIP siempre defendieron la propuesta como un mecanismo para otorgar derechos sociales a una parte de la población que hoy no puede gozar de ellos por la falta de registro.
El efecto fiscal en términos de recaudación no sería significativo, en tanto que para las personas que podrán deducir sus pagos de ganancias los resultados serán muy diversos, dependiendo de su nivel salarial y de las otras deducciones que ya estén realizando.
Ejemplos
Por ejemplo, un asalariado con un sueldo bruto de $ 4000, que aporta el 11% para la jubilación (es el porcentaje hoy vigente para el régimen de reparto), casado y con dos hijos, debe pagar hoy por ganancias $ 2163,08 al año, que se descuentan de sus ingresos mensuales. Con la deducción por blanquear a su empleada doméstica -de $ 335 al mes- esa cifra se reduciría a $ 1600,28, es decir, un 26 por ciento. Así, pasaría de embolsar $ 40.996 netos por año a quedarse con $ 41.560, un 1,4% más en su salario de bolsillo.
La ley que tiende a luchar contra la evasión fue aprobada por amplia mayoría -43 votos a favor y sólo dos en contra-, pero de todas maneras en el debate se escucharon algunas objeciones a la norma.
En particular, al capítulo que habilita a la AFIP a iniciar acciones legales basándose en la presunción de la evasión o elusión de cargas patronales a partir de datos económicos como el consumo de energía y de otros servicios públicos o la adquisición de materias primas.
El radical Norberto Massoni votó en contra de esta facultad por considerar que "vulnera el derecho de defensa" y pidió -sin éxito- que se incluyera una cláusula que obligara al organismo de recaudación a probar la evasión presumida.
Castigos previstos
En su capítulo punitivo, la nueva ley aplica severos castigos a quienes evadan impuestos. Así, reprime con prisión de 2 a 10 años al empleador que no deposite total o parcialmente, y dentro de los 10 días hábiles, los aportes que les haya retenido a sus dependientes cuando el monto implicado supere los 10.000 pesos.
Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta y miembro informante del Partido Justicialista, justificó la sanción de la norma al decir que su objetivo "es el combate frontal del empleo en negro", en particular en el ámbito del personal doméstico.
La ley sancionada también apunta a combatir el uso de cooperativas de trabajo como pantalla para la evasión de impuestos. En busca de ese objetivo, la norma convierte a esas entidades en solidariamente responsables de las obligaciones para con el sistema de seguridad social en caso de tercerización de servicios.
Capitanich consideró que las cooperativas de trabajo "muchas veces son usadas como mecanismo encubierto para evadir aportes".
El senador socialista Rubén Giustiniani-que junto a Massoni votó en contra- cuestionó el capítulo referido a las cooperativas y aseguró que "con el fin de combatir la evasión invertimos la carga de la prueba y desalentamos la promoción y generación de un aspecto central de la economía".
Efectos de la ley aprobada
Qué dice la ley
- Primer paso: para regularizar al personal doméstico hay que gestionar en primer término el número de CUIL de la empleada. Ese trámite se realiza en la Anses (0800-222-6737).
- Inscripción: luego hay que completar el formulario 102 de la AFIP, que puede encontrarse en www.afip.gov.ar .
- Pago: con esa documentación, hay que pagar en el banco el monto correspondiente a aportes y contribuciones, que depende de la cantidad de horas trabajadas.
- Beneficios: el pago da derecho a un plan de salud y a la jubilación futura de la persona que trabaja.
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