Se podrán vender en el país autos fabricados en el país

Jorge Oviedo
Jorge Oviedo LA NACION
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4 de enero de 2016  

Así de absurda fue la Argentina kirchnerista. El impuesto a los supuestos automóviles de "alta gama", orientado a impedir la importación de unidades supuestamente de lujo, terminó por sacar del mercado y hacer imposibles de vender unidades hechas en el país, salidas de líneas de producción nuevas, producto de inversiones y creación de puestos de trabajo.

Mercedes-Benz ya anunció que apenas se formalice la reducción del impuesto podrá vender localmente la nueva Vito de pasajeros, un minibus utilitario que, por el tributo, había quedado a un valor extravagante e impagable. Lo mismo pasó con sedanes de Ford, Peugeot y Renault.

Los kirchneristas que ahora se rasgan las vestiduras porque el Gobierno revisa la avalancha de nombramientos en la administración nacional en los últimos años, parecen haberse interesado poco por lo puestos de trabajo genuinos perdidos en la industria automotriz durante el impuestazo.

Tampoco nadie dice que Cristina Kirchner dejó a miles de esos empleados públicos "colgados del pincel". Tras tenerlos más de 10 años bajo contratos que los progresistas llaman "basura" cuando no son ellos los empleadores, terminaban sus funciones el jueves pasado. Eran la carne de cañón ideal para acusar a Mauricio Macri de "insensible ajustador". Con la habilidad política que le faltó en otras medidas, el Gobierno prorrogó por tres meses esas contrataciones, mientras las revisa para saber si se trata de ñoquis o no.

Los desafíos que le quedan a la nueva gestión son enormes. La política fiscal y la inflación, que son casi la misma cosa, son relevantes. Como dijo la fundación FIEL en un reciente informe, hay "política monetaria dura y política fiscal blanda". Suba de tasas de interés para contener el dólar y la inflación y estimular el ahorro en los bancos, y baja de impuestos y, por ahora, muy pocos recortes por el lado del gasto.

El gran desafío en ese frente es desmontar los subsidios a los servicios públicos, otro absurdo kirchnerista que ha causado daños tremendos. Como el pan barato de Guillermo Moreno, la energía eléctrica regalada de Julio De Vido dura un ratito, El resto del tiempo no se consigue y reinan los cortes. Nada que no prevea la teoría económica o cualquier buen ingeniero en electricidad. Pero Néstor y Cristina Kirchner pusieron al frente del asunto a un arquitecto criador de canarios.

Un reciente informe elaborado en conjunto por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y el Instituto General Mosconi muestra la gravedad del problema. El costo anual de los subsidios energéticos asciende a casi tres puntos porcentuales del producto bruto interno (PBI).

Para colmo, los destinados al gas natural por redes y la electricidad favorecen más a las clases más pudientes y, por lo tanto, profundizan las desigualdades.

Las correcciones en algunos casos no deberían crear problemas. En algunas provincias los valores ya son lo que correspondería sin el aporte nacional. Lo que está subsidiado es el valor de la energía eléctrica en el mercado mayorista. Algunas distribuidoras provinciales cargan a sus usuarios como si ese aporte no existiera y cobran valores de mercado, que se los queda la gobernación, como un impuesto. Una caja histórica que ya enfrentó a Carlos Menem con gobernadores. Y que hizo que hasta De Vido advirtiera en alguna reducción de subsidios que no aumentaran las tarifas con esa excusa porque si no, les quitaría otras prebendas. El desafío es enorme.

Otros planes parecen ahora ensombrecidos. Macri prometió facilidades para exteriorizar capitales en manos de argentinos en el exterior para que puedan invertirlos en el país. Los dólares comprados en el blue durante el cepo, por ejemplo.

Pero las declaraciones formuladas por los funcionarios durante el anuncio de la derogación del Cedin dejaron muchas dudas.

La Fundación Pensar tuvo por lo menos tres proyectos de blanqueo que cumplían las normas internacionales y exigían el depósito de los fondos en bancos o compras de títulos públicos. Los bancos no quieren saber nada. Temen que luego alguien pueda aplicarles maliciosamente normas anti lavado. Fue lo que los llevó a tener cero entusiasmo con el Cedin. La opción son los títulos públicos, una vía razonable ahora que el Gobierno comenzó a bajar atinadamente las tasas de interés. Pero parece que al equipo de Macri lo asaltaron las dudas.

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