Seguridad. Los registros del kirchnerismo que cuestionan su propio relato

Cristina Kirchner difundió el martes pasado por Twitter un video de la gobernación bonaerense que anunciaba la puesta en marcha de un plan de infraestructura penitenciaria para la provincia, una de las deficiencias -a nivel nacional- que está entre los argumentos para anticipar prisiones domiciliarias. Es probable que la población carcelaria esté mejor en el futuro y los jueces despierten menos polémica si se cumplen las promesas de Axel Kicillof antes que las acciones de la propia vicepresidenta en su último mandato presidencial a nivel federal, según revelan varios documentos oficiales analizados por LA NACION.

Entre 2011 y 2015, el Gobierno incumplió con perseverancia sus promesas en el rubro a nivel federal. Así lo corroboran los registros que la propia gestión de la Casa Rosada llevó de él.

Los datos son reveladores. Algo similar ocurrió con los proyectos de Córdoba, Lomas de Zamora, Rawson y Santa Fe. Todos tenían presupuesto, pero no se utilizó y las obras no avanzaron. Sólo en Salta se cumplió con el plan comprometido y, en menor medida, en Cuyo.

En 2012 se repitió la historia. El Gobierno había prometido completar un 11,21% de Mercedes, pero redondeó un insistente 0% a fines de ese año. Ese fue también el avance de las obras en Santa Fe y en Córdoba, mientras que en Cuyo alcanzó la mitad de los objetivos.

Los datos anteriores surgen de la denominada Cuenta de Inversión, una memoria del Estado que todos los años la Casa Rosada le manda al Congreso para verificar el cumplimiento de las promesas de gestión.En 2013 cambió la presentación de los datos, pero los números marcan la misma tendencia. En la última presidencia de Cristina Kirchner, el gobierno usó menos de uno de cada dos pesos disponibles en las partidas para Infraestructura y política penitenciaria. Allí está la plata para obras, pero también los cánones correspondientes al uso de los complejos penitenciarios construidos bajo la modalidad de leasing (I Ezeiza y II Marcos Paz).

El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández solía repetir que era tan criminal un funcionario que robaba como quien no ejecutaba un presupuesto. Se trata de una enseñanza que, según el propio Fernández, le había dejado su trabajo junto a Julio De Vido, creador de la idea. Desde la mirada de ambos, entonces, la última gestión de Cristina Kirchner en materia penitenciaria es, por lo menos, cuestionable.

En algunos años el uso de los recursos es llamativamente bajo, incluso para el kirchnerismo. En 2012, apenas se empleó un 21% del presupuesto total del programa destinado a la infraestructura federal de cárceles, mientras que en 2013 y 2015 rondó el 45 por ciento.Es difícil establecer a ciencia cierta a dónde fueron los recursos que originalmente estaban previstos para ampliar o mejorar las cárceles. El kirchnerismo había puesto en marcha un mecanismo que le permitía reasignar discrecionalmente partidas, por lo que podía desacher lo autorizado por el Congreso en la Ley de Presupuesto a su gusto. También puede haber ocurrido que el dinero sencillamente no se utilizara por dificultades de la gestión.

Mala nota para Macri

Los números de la administración de Mauricio Macri en el tema son mejores que los de su predecesora, pero están lejos de ser buenos. En promedio, Cambiemos usó casi el 70% de los recursos para cárceles.

Hay algunas particularidades. Las sospechas de corrupción en la obra pública se agudizaron en la última parte de la gestión kirchnerista. Eso derivó en que los nuevos funcionarios frenaran casi todos los proyectos hasta revisarlos, algo que puede explicar parcialmente el magro 29% utilizado en el primer año de Macri en el poder. Es el argumento que utilizaron los administradores del dinero ante la consulta de LA NACION.

El exministro de Justicia, Germán Garavano, lamentó en varias ocasiones esa situación por aquellos días. Luego aceleró los proyectos entre 2017 y 2018, cuando alcanzó un inusual uso de los recursos disponibles para la infraestructura penitenciaria. Eso le valió algunos cortes de cintas. Quizás el más vistoso fue el del complejo de Cuyo, en octubre de 2018, junto al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.

En 2019 la historia volvió a ser la misma de los últimos años. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tenía tensiones con casi todo el Gabinete por la política de ajuste fiscal impulsada por el presidente Mauricio Macri. Los fondos estaban, pero su cartera no autorizaba la utilización, por lo que no se podían gastar. Comenzaban los tiempos en que la Argentina estaba otra vez envuelta en un plan de reducción del gasto, estabilización de la economía, tutela del Fondo Monetario Internacional y dificultades para hacer obras.