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Skanska: un juicio icónico en el que el propio gerente sueco le puso un número a la coima
Fue el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo; más allá de la condena, el expediente entregó un mapa de cómo funcionó la obra pública en el país
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LA NACIONDiego Cabot
“El negocio es así en la Argentina. Al menos en esta etapa va a ser así. Vamos así y somos prolijos, o no laburamos.” La frase la dijo Javier Azcárate, gerente comercial de Skanska Argentina, en marzo de 2006, en una conversación de 84 minutos con el síndico de la empresa, Claudio Corizzo, que hacía una auditoría interna. Azcárate no sabía que lo estaban grabando.
Confesó que la constructora sueca había pagado comisiones —5% del contrato, dijo, repartido en 3% para el Enargas y 2% para Nación Fideicomisos— para asegurarse la adjudicación de la ampliación de dos gasoductos. Y agregó algo que, con los años, se volvió la frase que resume el expediente entero: “Ya sabían, antes de presentar la oferta, que iban a ganar”.
En la Argentina de los recursos procesales infinitos, de las defensas que basan su estrategia en la dilación, en el país donde el poder no legisla para que sea investigado cuando lo detenta y en el que la Justicia no avanza con los tiempos que la sociedad le reclama, una confesión de haber pagado coimas, estampada en una auditoría interna tardó dos décadas en llegar a una sentencia de primera instancia.
Habrá más recursos y varios planteos y quizá 30 años después habrá una sentencia firme de un caso que empezó con la confesión de una empresa. Demasiado tiempo para el caso que fue el primer manchón negro de corrupción en el ya renegrido lomo de los cuatro gobiernos kirchneristas.
Esa grabación tardó 20 años en convertirse en una condena, cuando el Tribunal Oral sentenció a cinco años de prisión a Julio De Vido y a su secretario, José López, por cohecho pasivo y administración fraudulenta contra el Estado.
Para entender por qué esas coimas terminaron por ser, según Azcárate, casi una condición de entrada al negocio, hay que recordar cómo estaba diseñado el circuito en el primer gobierno de Néstor Kirchner. La ampliación de los gasoductos Norte y Sur, decidida en 2004, no se pagó con presupuesto estatal ni se licitó de manera pública: se financió con un fideicomiso, integrado por aportes de Transportadora Gas del Norte (TGN), Repsol YPF y el Banco de Desarrollo de Brasil, y administrado por Nación Fideicomisos, una empresa del Banco Nación.
Ese esquema le permitió al Gobierno, durante años, sostener un argumento: la obra era privada, no había licitación pública y la plata no salía de las arcas del Estado. Pero el decreto 1882/04, que dio origen al fideicomiso, decía otra cosa. Establecía que TGN debía contratar “por instrucción y con la aprobación previa” de un organizador, y que ese organizador era la Secretaría de Energía. Un abogado especialista en derecho administrativo lo explicó sin vueltas en 2007: hay obras que se pagan con dinero privado pero que, por el grado de intervención del Estado en la decisión, funcionan como obra pública igual. Las rutas financiadas con peaje son el ejemplo de manual.
Ese diseño —fideicomiso, concurso privado en lugar de licitación pública, fiduciario estatal con margen de discrecionalidad— no fue exclusivo de Skanska. Fue el mecanismo general con el que un grupo acotado de empresas se repartió buena parte de la obra pública de aquella década kirchnerista. La coima era solo una parte del esquema que ya se había utilizado en la probeta política que fue Santa Cruz para el kirchnerismo. La otra punta era la cartelización previa entre las empresas y el reparto de la obra “preacordado sobre una mesa”, antes incluso de que se lanzara el fideicomiso.
Hubo un actor que rondó el expediente sin terminar de entrar en él: Techint. En las escuchas entre Corizzo y Azcárate, según trascendió, se mencionaba que Skanska tenía una relación en la obra con el grupo de la familia Rocca. Técnicamente, la conexión pasaba por TGN: la empresa estaba controlada por Gasinvest, y ahí Techint —a través de TecGas— tenía una participación que le permitía, al menos en ese momento, nombrar al gerente general de la transportadora.
La relación entre el kirchnerismo y Techint fue, en esos años, pendular. Al principio de la gestión de Néstor Kirchner, Paolo Rocca integraba las comitivas oficiales en los viajes presidenciales, y el propio Kirchner había gestionado ante Hugo Chávez para evitar la nacionalización de Sidor, la siderúrgica que el grupo tuvo en Venezuela. Con el correr del tiempo, la relación se enfrió: hubo malestar oficial por un supuesto respaldo de la Organización Techint a la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, y cruces públicos entre Rocca y la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli.
Finalmente, después de que trascendieron los audios y la auditoría de la propia Skanska, Techint decidió salir del negocio de la obra pública mientras duraron los mandatos del matrimonio Kirchner. No participaron en licitaciones, se concentraron en la obra privada y solo solían ser subcontratistas en las licitaciones que ganaban otros.
Skanska, por su parte, vendió sus activos en el país a la familia Perez Companc. Cambió su management y también se dedicó a los negocios con el sector privado, específicamente en el mundo de la energía. Todo hasta que se hizo la operación con el tradicional grupo empresario local.
El origen de este proceso empezó en 2005. En ese momento, empleados de la línea técnica de la DGI, puntualmente del área de Grandes Contribuyentes Nacionales, hicieron la denuncia en el juzgado penal económico de Javier López Biscayart a riesgo de ser desplazados o enviados a lugares lejanos en la estructura de la AFIP. Pese a todo, y a la impronta de venganza que mostraba el kirchnerismo de ese momento, fueron a la Justicia con su investigación. Los funcionarios del organismo recaudador encontraron una red de empresas fantasmas que emitían facturas falsas —en este caso eran Infiniti Group y Calibán— que luego vendían para que otras compañías justifiquen gastos que no hicieron. Skanska había usado esas facturas truchas por $1,2 millones con el fin de “justificar gastos en blanco” y después sacarlos de la caja para pagar los sobornos.
De ahí en más, la causa se partió en dos. Por el lado tributario, el juez López Biscayart investigaba una maniobra de evasión mucho más amplia, de la que Skanska era apenas uno de más de 100 casos. Por el lado federal, el juez Guillermo Montenegro y el fiscal Carlos Stornelli avanzaron sobre los sobornos a funcionarios. En 2007 hubo allanamientos a TGN, indagatorias a directivos de Skanska y hasta dos funcionarios —Fulvio Madaro, del Enargas, y el propio Ulloa— echados por decreto presidencial. Skanska, por su parte, despidió a siete gerentes y pagó unos 10 millones de pesos en multas a la AFIP.
Ahí podría haber terminado la historia pero, no terminó. En 2008 la Cámara Federal declaró nula la grabación de Azcárate por haber sido registrada sin su conocimiento y sin orden judicial. Con esa prueba afuera del expediente, el juez Norberto Oyarbide sobreseyó a buena parte de los acusados entre 2010 y 2011, año en que además un peritaje de la Corte Suprema descartó que hubiera existido sobreprecio en la obra. La causa quedó, durante años, prácticamente dormida.
La reactivó una pelea impulsada por el entonces procurador de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, para revalidar la grabación. En 2015 la Corte Suprema abrió esa puerta; en 2016 la Cámara de Casación terminó de incorporar el audio como prueba válida. Con este elemento en la mano, Stornelli planteó la figura de “cosa juzgada írrita” para anular los sobreseimientos dictados años antes sobre una prueba que después fue rehabilitada. El juez Sebastián Casanello, que ya llevaba el expediente, hizo lugar al planteo, procesó a los acusados en 2017 y elevó la causa a juicio oral en 2019. Todavía faltaban los recursos: en 2023 la Casación rechazó que el caso hubiera prescripto, y en 2024 la Corte Suprema desestimó los últimos planteos de las defensas. El juicio oral arrancó recién en abril de ese año.
En el reciente fallo hubo una disidencia que vale la pena marcar. La jueza María Gabriela López Iñiguez no acompañó a sus colegas Jorge Gorini y Guillermo Costabel ni en la calificación legal ni en el monto de la pena: para ella, los funcionarios habían incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, no en cohecho, y tampoco hubo fraude, porque el peritaje de la Corte de 2011 había descartado los sobreprecios. Esa lectura, 20 años después, aún se mantiene: alcanza o no con la confesión grabada, o hace falta algo más para probar el negocio completo.
El caso Skanska necesitó 20 años para una primera sentencia, y todavía falta un paso: los fundamentos del fallo se conocerán el 22 de septiembre. Para De Vido, que con esta acumula ya cinco condenas por corrupción —de las cuales solo la de la tragedia de Once está firme—, es una entrada más en una lista que crece más rápido de lo que la Justicia logra ejecutar.
