Sorprende el Gobierno con un límite al gran fantasma de los empresarios argentinos
La sanción a un electrodoméstico importado muestra una restricción a una apertura que tensiona a la industria local; un Scioli dejó el poder, el regreso de Bullrich a un tema que la tuvo en el centro con De La Rúa y la agenda de corto plazo para consolidar en la economía el triunfo electoral
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Todo comenzó con una denuncia de una cámara que representa intereses privados de productores argentinos (Cairaa). Giraba alrededor del tema que más tensión despierta en la industria nacional: la avanzada de la importación china a precios bajos, algo que amenaza su propio futuro, como ocurrió con el cierre de Whirlpool.
Allí comenzó el affaire de la heladera. Es un caso menor en apariencia, pero expone el corazón de la discusión económica del Gobierno: cómo hay que hacer la apertura.
Los demandantes sostenían que el modelo denominado Neba H300, proveniente de China, incumplía con los reglamentos técnicos que debía. Distintas dependencias relacionadas con el área de Producción (la maneja Pablo Lavigne, bien considerado por el ministro Luis Caputo) iniciaron un procedimiento para investigarlo. La heladera tuvo una etapa itinerante.
Un grupo de inspectores fue a una sucursal de Frávega en Valentín Gómez 2813, donde se retiró una unidad cerrada y con precintos intactos. La trasladaron al laboratorio Lenor, pero como ese centro ya había ensayado el mismo modelo previamente, la muestra fue reubicada en IADEV, en Rondeau 3429, donde quedó bajo custodia hasta la fecha del análisis.
El 19 de septiembre de 2025 se abrió la caja y comenzaron las pruebas formales. Según el acta y el informe técnico, el termostato no funcionó correctamente, el compresor no se detuvo en ningún momento y la heladera nunca alcanzó las temperaturas necesarias para completar los ensayos. Eso derivó en la conclusión de que el producto no se comportaba como un refrigerador debería hacerlo.
La importadora deberá pagar una multa categórica, según la resolución firmada por el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño. Nada menos que $150 millones. También tendrá que establecer un mecanismo de retiro del producto, publicar la sanción en un medio de comunicación y, naturalmente, dejar de vender el artefacto. Un lastre económico durísimo para quien lo trajo.
El episodio de la heladera aportó claridad sobre algunas decisiones de la Casa Rosada. Javier Milei propone una política profundamente aperturista con respecto a gobiernos anteriores, con el objetivo de que los argentinos no paguen de más por las cosas. Pero esa decisión derivó en una complicación desesperante para los fabricantes locales.
La norma fue celebrada por una parte del sector privado porque muestra la puesta en marcha de una promesa oficial. Se levantaron barreras para traer cosas de afuera, pero quien use esa libertad para incumplir una regla puede pagar un precio altísimo. Está la sensación de que los importadores empezarán a tener más cuidado a la hora de ingresar electrodomésticos.
La sanción parece una respuesta casual a un lamento premonitorio de Paolo Rocca (Grupo Techint). El 20 de noviembre pasado, en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), había dicho que en un año la importación de lavarropas había pasado de 5000 a 87.000 por mes y la de heladeras, de 10.000 a 80.000. Once días después salía la norma penalizando a una importación del rubro.
Hay otro dato sintomático del pensamiento de Milei y su equipo económico. El Gobierno no difundió activamente la sanción contra la heladera, envuelto en el espíritu de que rechaza las restricciones al comercio. El texto original, que vio LA NACION, es inhallable en la web y solo fue comunicado a las organizaciones involucradas.
Esa es la relación oscilante que el Gobierno mantendrá con China. Límites, sin prohibiciones, pese a los lamentos de una parte del empresariado local, y la molestia que esa cercanía provoca en el mecenazgo al país provisto por Donald Trump.
Un metro cuadrado del poder en la Argentina es muestra de esa convivencia. En los próximos días llegará al país la cuarta entrega de una enorme licitación de 1000 millones de billetes de $20.000 que el Banco Central (Santiago Bausili) le compró a China. Serán 113 millones de papeles.
En el proceso de impresión hubo una dificultad con una tinta provista por Alemania. Para no demorar el proceso, las autoridades argentinas convalidaron que ese insumo europeo fuese reemplazado por otro fabricado en el país asiático. Tinta china, literalmente.
El mismo gobierno que convierte a China en casi el único proveedor de billetes de la Argentina puede habilitar conversaciones con representantes de Estados Unidos para favorecer el ingreso de un fondo norteamericano en la producción de uranio en un área conocida como Cerro Solo. Varios funcionarios vienen participando del tema. Entre ellos, Manuel Adorni, Diego Santilli, Luis Caputo y el propio Presidente.
El uranio, que entre otras cosas se puede usar como combustible nuclear, es un área delicada de la producción minera. En ese rubro, la Casa Rosada elige hablar con Estados Unidos y con Francia, antes que con la nación de Xi Jinping, históricamente interesada en los recursos primarios locales.
Un antídoto para las fricciones
El Gobierno cree que las tensiones que provoca en el sector privado local el avance de un competidor externo más poderoso se irán disipando a medida que se normalice la propia economía nacional. Detrás de eso está la presunción de que un marco doméstico saludable permitirá reabsorber ciertos problemas, como el cierre de fábricas.
Luis Caputo dio un paso importante en esa línea anteayer. Anunció que colocará deuda en enero y que está dispuesto a pagar una tasa del 6,5% anual. La decisión lleva el estilo del ministro: supone, expresado en términos imprecisos, pedir prestado como si la Argentina tuviera el riesgo país de Brasil, cuando no es así.
En cualquier caso, la Casa Rosada espera que las próximas semanas sean luminosas en el camino hacia la normalización del país. Mucha de esa luz debería llegar desde el Congreso.
Martes por la mañana en la Casa Rosada. Adorni, mantiene la última de una serie de conversaciones con José Rolandi, que hasta ese momento era su virtual número dos. “Cochi”, como lo conocen todos, asume que su propuesta de trabajo no prosperó y ambos acuerdan que dé un paso al costado. El jefe de Gabinete aun no sabe si es un adiós o un hasta luego.
Rolandi era un sobreviviente. Acompañó a Javier Milei desde antes de que tuviera chances concretas de ser electo presidente, trabajó codo a codo con Nicolás Posse, se mantuvo en la gestión de Guillermo Francos y adquirió una mecánica de diálogo con los legisladores que fue importante en el avance de proyectos que reformaron la economía, como el RIGI. Pero cayó a manos del renovado proceso de toma de decisiones que se impuso tras el triunfo oficialista en los últimos comicios. Se puede definir en tres palabras: Karina Milei manda.
La hermana del Presidente tiene planes distintos respecto de lo que funcionaba hasta ahora. La conversación con el Congreso y con sus jefes provinciales quedará a cargo de su delfín Martín Menem, de Diego Santilli (Interior) y de Patricia Bullrich, quien nunca soltó el vínculo con los gobernadores.
Serán esfuerzos diezmados a menos que se sume a la conversación alguien designado por el ministro de Economía. Hasta ahora, ese lugar lo ocupaba el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que perdió a un compañero con la salida de Rolandi.
Los últimos cambios en el organigrama muestran el estancamiento de Santiago Caputo, quien en el pasado fue un puente en la discusión política. No pierde respecto de la gestión de recursos ni en el organigrama (el recambio en Inteligencia es un ejemplo), pero tampoco crece.
Su derrota parcial se mide en términos de influencia: quien en el pasado era uno de los interlocutores más buscados y hasta hacía sugerencias respecto de la administración del tipo de cambio, dejó de alta velocidad a manos del equipo designado por Karina.
No es el único que cedió terreno en el reacomodamiento en la Casa Rosada. Sucede que hay un Scioli menos. No es Daniel, exvicepresidente de Néstor Kirchner y actual secretario de Turismo, sino su hermano Nicolás, que estaba hasta hace poco en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Es probable que el hermano menor no haya podido resistir la corriente que expulsó a Francos. La explicación que circuló, sin embargo, apunta a que está más interesado en encarar una propuesta privada. Pueden celebrar por ahora sus excompañeros en el banco, entre los que se encuentran algunas de las espadas de Luis Caputo.
Los salarios del directorio se definen mediante una bolsa. Es decir, hay una determinada cantidad de dinero disponible para repartir entre varios. Y cuanto menor es el número de directores, mayor es la porción que recibe cada uno.
El reacomodamiento del poder se puede ver también en el ascenso de Bullrich. La exministra de Seguridad se sumó a la conversación por la reforma laboral. Se ganó el derecho a participar de esa mesa, según la visión de la Casa Rosada, porque ya ocupó el cargo de ministra de Trabajo durante la gestión de Fernando de la Rúa, en 2001.
Ya hay tres voces y, por lo tanto, tres líneas de trabajo sobre el delicado tema laboral: la de Julio Cordero (Trabajo), la de Federico Sturzenegger (Desregulación) y la de la propia senadora. Todas deberán unirse en una a más tardar la semana próxima, cuando se espera que se presente el proyecto. Deberán, también, llegar a un acuerdo con otros factores de poder que están en la discusión.
Gerardo Martínez (UOCRA) llamó a Ignacio Torres (gobernador de Chubut) para ponerse al tanto sobre la discusión con respecto a la reforma laboral. Se juntaron el miércoles pasado a las 14 en la Casa de la Provincia en la ciudad de Buenos Aires. Fueron, también, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).
La sorpresa dominó el encuentro. Los gobernadores les preguntaron a los sindicalistas si tenían la letra chica del proyecto. Pero los sindicalistas les hicieron la misma consulta a los gobernadores. El qué parece decidido. Solo falta resolver el cómo.
Por suerte para ellos, horas después comenzó a circular extraoficialmente un proyecto de reforma laboral con el que está trabajando el sindicalismo. Le atribuyen su difusión a terminales de Bullrich, sin más precisiones.
En la semana que arranca mañana empezarán a definirse cuestiones importantes. Primero, el presupuesto del año próximo, que sería el primero en la gestión libertaria, y la ley de Inocencia Fiscal, para que los argentinos usen los dólares que tienen fuera del sistema. A finales de enero arrancarían el tratamiento de la reforma laboral, la ley de Glaciares (clave para la minería) y la reforma tributaria.
Un resultado exitoso tras esas expediciones le permitiría al Gobierno consolidar en el mundo del dinero el empujón que recibió en el universo de los votos. Y, en ese caso, empezar a transitar el camino para hacer coincidir dos miradas sobre los fundamentos de la economía argentina: la que tienen Milei y Caputo y la del resto del mercado.
