Surge un consenso en Argentina: pagar la deuda

BUENOS AIRES—Argentina lucha con una economía que se desmorona y con el riesgo de una cesación de pagos de su deuda soberana. En medio de ese clima, ha surgido un consenso rotundo entre la clase empresarial, políticos del partido oficialista y ciudadanos comunes y corrientes: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tendría que llegar a un acuerdo sobre los US$1.500 millones que el país le debe a los bonistas que se resistieron a otras reestructuraciones ofrecidas por el gobierno, y debe hacerlo pronto.

El gobierno, que empezó a negociar con un pequeño grupo de fondos de cobertura el lunes en Nueva York, tiene hasta fines de julio para llegar a un acuerdo o incumpliría sus obligaciones por segunda vez en 13 años.

La perspectiva, terrible para un país con una economía en recesión y con una de las tasas de inflación más altas del mundo, hace que tanto aliados como detractores de la presidenta estén a favor de que Argentina cumpla una orden del juez estadounidense Thomas Griesa. El magistrado decidió que Argentina debía pagar a los fondos de cobertura que exigen la cancelación de los bonos que cayeron en default de manera simultánea con el pago que Buenos Aires tiene previsto hacer a inversionistas con deuda reestructurada tras la cesación de pagos del país en 2001.

"La solución es llegar a un acuerdo y la solución es pagar, obviamente", dijo en televisión Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires y figura central del movimiento peronista de Fernández de Kirchner.

Por años, Fernández de Kirchner prometió que nunca pagaría a los inversionistas que llama "fondos buitres" —fondos de cobertura liderados por Elliott Management Corp. y Aurelius Capital Management LP, que adquirieron bonos en cesación de pagos a precios rebajados con la esperanza de recibir el pago de su valor nominal total. Su resistencia no tuvo mayores consecuencias en los últimos años porque Argentina vivía un auge, generando exportaciones récord de soya que le permitieron un gasto público generoso. Eso elevó la popularidad de la presidenta y en 2011 fue reelecta de manera contundente.

Pero su amarga derrota frente a los fondos de cobertura en los tribunales de Estados Unidos ha coincidido con el aumento de los problemas económicos y políticos en Argentina. Hace unos días, su vicepresidente, Amado Boudou, fue acusado de soborno y cohecho. La tasa de aprobación de la mandataria se hundió a 26%, informó hace poco la encuestadora Management & Fit, y dos tercios de los argentinos prevén que la economía empeore en los próximos seis meses.

Una resolución del caso daría al país, que sufre de problemas de liquidez y ha registrado una reducción de sus reservas de US$53.000 millones en enero de 2011 a US$29.000 millones, acceso a los mercados financieros por primera vez desde 2001.

Fernández de Kirchner ha dicho que su gobierno quiere pagar sus deudas, pero sus asesores han señalado que llegar a un acuerdo con los fondos de cobertura podría desatar otros reclamos que costarían miles de millones de dólares más.

Con 18 meses por delante en el cargo, Fernández de Kirchner ha dicho públicamente que está ansiosa por dejar una presidencia sin problemas, lo que sería poco probable si entrega el poder en medio de una crisis económica. Para muchos argentinos, la mandataria y su difunto esposo y predecesor, Néstor Kirchner, fueron los salvadores de la patria por haber supervisado la recuperación de Argentina después del default, que con una deuda de alrededor de US$100.000 millones fue el más grande en la historia.

"Si el gobierno no llega a un acuerdo con los bonistas que se resistieron al canje, su legado se caerá en pedazos", dijo Nicolás Solari, analista político. "El gobierno se hizo cargo de la deuda durante una profunda crisis y la cesación de pagos de hace una década y siempre se jactó de haber solucionado esos problemas. Ahora corre el riesgo de dejar el poder en medio de otro default y crisis económica".

Los que favorecen una solución dicen que Argentina no tiene otra opción. "No podemos permitir que esta situación continúe por mucho tiempo", dijo Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina. "De una forma u otra, tenemos que normalizar esta situación. Se pone la economía en riesgo. Si el país cae en cesación de pagos, aumentarán los costos de financiamiento y elevará la incertidumbre sobre el tipo de cambio".

Y no son sólo las empresas las que creen que es hora de que el gobierno deje de lado su orgullo. La encuestadora Poliarquía dio a conocer hace poco un sondeo que muestra que 80% de los argentinos está preocupado por una posible cesación de pagos y 65% dice que el país simplemente debe pagar.

Personas como Michael Larreategui, un empleado de ventas de 24 años, ha notado que el peso se ha debilitado en el influyente mercado negro, donde las empresas y los argentinos comunes suelen ir a comprar dólares y protegerse contra la inflación. "El problema es relevante para los argentinos comunes porque afecta nuestro costo de vida", dijo. "Si no resuelven este problema, la inflación podría empeorar".

Muchos aquí creen que hay abundantes señales de que Argentina está dispuesta a iniciar negociaciones, a pesar de la retórica contradictoria y nacionalista de altos funcionarios del gobierno.

El país enviará el lunes 7 de julio una delegación a Nueva York para reunirse con Daniel Pollack, un abogado designado por el juez Griesa para supervisar las negociaciones entre las dos partes. Las conversaciones comenzarán una semana después de que Argentina incumpliera un plazo para pagar tanto a los llamados acreedores holdouts como al resto de los tenedores de bonos. Por ahora, el país está en una carrera contra el reloj con un periodo de gracia de 30 días, que el gobierno puede usar para llegar a un acuerdo.

Una solución negociada estaría en línea con los recientes esfuerzos de Argentina para poner fin a otras disputas con acreedores de larga data.

En noviembre, Buenos Aires se comprometió a pagar casi US$5.000 millones en bonos a la española Repsol en compensación por la nacionalización de su filial en el país, YPF. El gobierno luego accedió en mayo a resolver una vieja disputa con el grupo de naciones acreedoras Club de París mediante el pago de US$9.700 millones.

"Argentina quiere salir de los litigios que han afligido al país y los tribunales", dijeron los abogados que representan al gobierno en una carta reciente.

—Ken Parks y Shane Romig contribuyeron a este artículo.