Tras cerrar el capítulo holdouts, el Gobierno queda frente a frente con el litigio de los cupones PBI
Con la aprobación del acuerdo con Bainbridge y Attestor, se despeja el frente que el FMI había señalado como paso previo para retomar las conversaciones por una sentencia firme en Londres y nuevos reclamos millonarios contra el país
6 minutos de lectura'
Tras la aprobación en el Congreso del acuerdo con los fondos Bainbridge y Attestor, el Gobierno de Javier Milei dejó prácticamente cerrado el último litigio derivado del default de 2001. El próximo frente judicial ya tiene nombre y monto: una sentencia firme por alrededor de €1500 millones (unos US$1800 millones) vinculada a los bonos cupón PBI (GDP Warrants), a la que se suman nuevos reclamos por otros años que podrían ampliar significativamente la exposición de la Argentina.
El cambio de etapa ya había sido anticipado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la revisión del programa argentino publicada en mayo, el organismo señaló que las autoridades habían comunicado su intención de alcanzar una solución “integral” para el litigio de los GDP Warrants, pero una vez resueltos los atrasos con los holdouts que permanecían fuera de las reestructuraciones anteriores. Con ese capítulo prácticamente concluido, el propio Fondo consignó que el Gobierno le había transmitido que “pronto” retomaría las conversaciones con los acreedores de esos instrumentos.
En Londres ya existe una sentencia firme por aproximadamente €1500 millones correspondiente al pago del año de referencia 2013. Ese fallo quedó definitivo en octubre de 2024 y, según el propio FMI, unos €300 millones ya fueron abonados a comienzos de este año a partir de la ejecución de una garantía. Pero el frente judicial no termina allí. Los mismos demandantes solicitaron este año que la Justicia británica extienda ese criterio a otros años de referencia —principalmente 2017, 2021 y 2022— mediante un nuevo reclamo cercano a €1600 millones.
La disputa gira en torno a la metodología utilizada para calcular el Producto Bruto Interno (PBI), variable que determina si estos instrumentos debían gatillar pagos adicionales. Los bonos cupón PBI fueron emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010 como un incentivo para los acreedores: pagaban una renta extra si la economía argentina superaba determinados umbrales de crecimiento y nivel de actividad. Sin embargo, el cambio de año base de las cuentas nacionales realizado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, de 1993 a 2004, derivó en un conflicto contractual. Los acreedores sostienen que esa modificación alteró las reglas originales del instrumento y redujo los pagos que correspondían.
La Justicia británica ya les dio la razón para el año 2013. Ahora la discusión pasa por determinar si ese criterio también debe aplicarse a ejercicios posteriores y, sobre todo, si la Argentina buscará una salida negociada antes de que el conflicto siga escalando. En paralelo, los acreedores iniciaron en Estados Unidos un proceso para obtener el reconocimiento y ejecución de la sentencia británica, lo que podría abrir nuevas herramientas para intentar cobrar el fallo.
Desde el Gobierno evitaron confirmar si ya existen nuevas conversaciones, pero hay tenedores que aseguran que sí hubo sondeos. En diálogo con LA NACION, fuentes oficiales explicaron que, cuando existe una sentencia firme, la estrategia de la Procuración del Tesoro y del Ministerio de Economía consiste en intentar “mitigar o reducir” el impacto económico para el Estado mediante negociaciones confidenciales.
“Cuando una sentencia está firme, no es rendirse; es seguir trabajándola cuando se puede”, señalaron. También remarcaron que cualquier negociación de este tipo exige absoluta reserva porque una filtración puede hacer fracasar un eventual acuerdo.
En el caso de Bainbridge y Attestor, el Gobierno logró una quita de entre 30% y 35% sobre los montos reclamados y redujo el desembolso a US$171 millones. Para la administración de Javier Milei, ese antecedente refleja una política de Estado: cumplir con las sentencias firmes, pero procurando disminuir el costo fiscal mediante acuerdos.
Según un informe de Latam Advisors, presentado a tenedores de estos instrumentos en Nueva York, la exposición actualmente cuantificada ronda los US$9100 millones y podría aumentar a medida que se incorporen nuevos años de referencia al litigio. La consultora sostuvo que la solución más razonable sería un proceso en dos etapas: primero resolver las sentencias firmes del Reino Unido y luego lanzar una oferta más amplia —mediante un canje o recompra— que elimine el riesgo de litigios futuros.
Una visión similar aparece en un informe publicado el 9 de junio por Morgan Stanley. El banco sostuvo que existen "múltiples factores" que permiten pensar que la Argentina podría estar acercándose a una resolución parcial o total del conflicto. Entre ellos mencionó el avance con Bainbridge y Attestor, los comentarios incorporados por el FMI en su revisión del programa, la mejora del frente judicial de YPF y el antecedente de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri analizó una recompra de estos instrumentos.
Para Morgan Stanley, una solución del litigio podría convertirse en un paso importante antes de una eventual emisión de deuda internacional, ya que reduciría uno de los principales focos de incertidumbre jurídica que siguen observando los inversores. El banco consideró que cualquier acuerdo probablemente no implicaría un pago íntegro en efectivo, sino una estructura con bonos, pagos diferidos o una combinación de ambos, consistente con las restricciones financieras del programa acordado con el FMI.
El informe también recordó que en 2016 el Ministerio de Finanzas, entonces a cargo del ahora ministro de Economía, Luis Caputo, había diseñado una oferta voluntaria para recomprar los cupones PBI e incluso emitió US$2750 millones en bonos con ese objetivo. La operación finalmente nunca se ejecutó, pero constituye un antecedente relevante porque demuestra que la Argentina ya había evaluado cerrar definitivamente este frente judicial antes de que creciera su complejidad.
Sin embargo, el incentivo para resolver el conflicto no se limita a las sentencias ya existentes. El litigio también mira hacia adelante. Los GDP Warrants permanecen vigentes hasta 2035 y su valor depende no sólo de cómo evolucionen las causas judiciales, sino también del desempeño futuro de la economía argentina. Si la Justicia termina convalidando una metodología favorable a los acreedores y el país logra sostener un ciclo de crecimiento impulsado por sectores como Vaca Muerta, la minería, el RIGI o incluso la expansión de las exportaciones energéticas, el valor potencial de esos instrumentos podría aumentar, siempre que además se cumplan las restantes condiciones previstas en los contratos.
Más leídas de Economía
1Rafael Martínez de Sanzo: “El sueño es que se repueble la Patagonia”
2En el fin del mundo: cosecharon por primera vez trigo y avena en cercanías al glaciar Perito Moreno y cambió el paisaje
3De expulsar millonarios a competir por traerlos
4El semáforo económico: qué variables van bien, cuáles dan señales de recuperación y cuáles no despegan
