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Tres condenados por el cierre del BIR en 1980
El juez impuso penas de tres a dos años y medio de prisión en suspenso para un ex directivo y dos ex síndicos del banco.
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Pasaron casi dos décadas desde que el cierre del Banco de Intercambio Regional (BIR) dejó un tendal de aproximadamente 100.000 damnificados y un perjuicio para las arcas del Estado equivalente a 3200 millones de pesos. Tan sólo ayer la justicia federal condenó a un ex directivo y a dos ex síndicos de la entidad crediticia a penas de prisión en suspenso.
El fallo del juez Gabriel Cavallo no alcanza al principal responsable del BIR, el empresario José Rafael Trozzo, prófugo presuntamente en México. El magistrado condenó al ex directivo Jaime Núñez Sánchez y a los ex síndicos Mario Campos y Angel Trossero por "subversión económica calificada, por haber causado perjuicio a la economía nacional".
Sobre Núñez Sánchez recayó una pena de tres años de prisión en suspenso y sobre Campos y Trossero, dos años y seis meses en suspenso. Las condenas incluyen multas y pago de cuantiosas costas y regulación de honorarios de abogados por las responsabilidades que les cupieron en el vaciamiento y posterior cierre de la entidad financiera, que resolvió el Banco Central el 28 de marzo de 1980.
Los tres fueron considerados "coautores" del delito, pues si bien arguyeron que las decisiones sobre la operatoria bancaria eran responsabilidad de Trozzo, "no es razonablemente posible suponer que una sola persona fuera capaz de idear y ejecutar todas las maniobras ilícitas en forma personal, sin el concurso de otros y ocultando a su vez sus verdaderos intereses".
"Ha quedado debidamente probada la relación existente entre las conductas de Núñez Sánchez, Campos y Trossero", sostuvo Cavallo. El centenar de fojas del fallo, que difundieron fuentes judiciales, define conductas y revela detalles del que ha sido uno de los mayores desfalcos económicos ocurridos durante la última dictadura militar (1976-83).
La sentencia señala que una suma equivalente a 3200 millones de pesos actuales fue sustraída "de las arcas del Estado". El juez advirtió: "Las consecuencias indirectas resultan incuantificables, pues si ese dinero hubiera sido canalizado hacia inversiones resulta evidente que la sociedad en su conjunto se habría beneficiado económicamente. Las constancias arrimadas a la causa han permitido tener por debidamente acreditado que quienes ocupaban en el BIR posiciones con facultades para delinear, ejecutar y controlar su política financiera colocaron a la entidad en el riesgo de caer en la liquidación y posterior quiebra, como de hecho acaeció, comprometiendo injustificadamente su patrimonio".
La minuciosa descripción de los hechos consigna que el BIR tenía como deudores a empresas por montos de un 4000 por ciento superiores a su patrimonio neto. También a otras firmas, como el grupo Sasetru, que le debía el equivalente a casi 13 millones de pesos y que realizó operaciones de compraventa de inmuebles en condiciones irregulares y produjo un balance falso en 1979 para ocultar su verdadera situación económica.
En medio de esa caótica situación, en mayo de 1979 tuvo lugar en oficinas del BIR un incendio intencional en el que murieron un empleado del teatro El Nacional, contiguo a la sede bancaria, y un bombero. Aunque los peritajes demostraron que fue intencional, la causa fue sobreseída sin condenas porque no se halló a los responsables del siniestro.
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