Un bono y un billón para paliar la crisis

El Gobierno no parece tener intenciones de caer en default con los acreedores internacionales. Al menos, la decisión de suspender los pagos de la deuda en moneda extranjera de ley nacional -que algunos sitúan en cerca de US$10.000 millones, pero podría llegar a US$12.600 millones, incluyendo los Discount- le da aire al ministro Martín Guzmán para negociar con los bonistas internacionales hasta junio. Para los locales, según el artículo 3° del decreto que se publicará hoy, podría haber un bono, aún de características inciertas. Varios analistas dudan de si esta decisión no es, de todas maneras, un default técnico.

El Covid-19 obligó al Gobierno a tirar por la borda todos los manuales. La economía argentina ya era frágil antes de la explosión de la pandemia. En el corto plazo, en pos de sostener la actividad, está decidido que la emisión monetaria no tendrá restricción. "Pierdo mi optimismo ahora en la intención de que la inflación baje rápidamente", se sinceró el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, en una entrevista, este fin de semana. No es para menos: lejos está la política del BCRA hoy de asemejarse a la que en diciembre pasado se imaginaba Pesce.

El BCRA, que lleva emitidos solo en marzo $585.080 millones para auxiliar al Tesoro, tiene todavía un ancho de espadas que no descarta usar para contrarrestar el parate económico mientras dure la pandemia: son los más de $1,3 billones de utilidades anotados en el balance 2019 del banco.

"Si es necesario, las vamos a usar", admiten cerca de Pesce. El balance, que todavía no fue sometido a la aprobación del directorio, ofreció ganancias extraordinarias no solo por la devaluación del peso en 2019, sino también por la decisión de la nueva gestión de modificar a fin de año la valuación de las letras intransferibles en el activo de la entidad (pasaron de contabilizarse de $20 por dólar a $60).

Las utilidades devengadas se sumarán así a los $1,03 billones que ya el BCRA entregó al Tesoro en la forma de adelantos transitorios (préstamos). El Central tiene un límite legal para los adelantos y solo tendría resto en los próximos días de transferirle a su principal accionista unos $50.000 millones más. En la entidad, además no descartan ir liberando parte de los $1,26 billones que los bancos tienen colocados en Leliq para que estos vuelvan al crédito privado.

Para el Gobierno es imperiosa la necesidad de darle financiamiento a una economía que está a la vera de una profunda depresión. Y el BCRA es el único que tiene los pesos para oxigenar un mercado sin aire: los ingresos se desaceleran de manera alarmante -la recaudación de marzo es apenas una muestra de lo que podría suceder en abril- y el Tesoro no tiene espaldas (ni ahorros) para aliviar los síntomas que la pandemia exacerbó. Es el problema de no haber hecho los deberes cuando había que hacerlos.

El presidente Alberto Fernández anticipó por caso que cooperará con municipios y provincias para el pago de salarios. En algunas, como en Chubut, la situación financiera es acuciante. Fue, de hecho, uno de los territorios que más demandaron a supermercados donaciones adicionales de alimentos.

La política hacia el sector privado es dispar. El Gobierno prometió asistencia para facilitar el pago de salarios en empresas de hasta 100 empleados. Pero el mensaje para las grandes fue: aporten capital o arréglense con el sindicato. La mayoría estarían eligiendo la segunda opción. Hay una racionalidad entre sindicalistas que no se ve en las autoridades. Saben que en una depresión económica, los despidos pueden terminar siendo la solución más barata, aun con la doble indemnización vigente. Al Ministerio de Trabajo estarían llegando acuerdos de rebajas salariales del 20%, y con el 80% restante no remunerativo.

Garrote para la inflación

Descartada la política monetaria, al Gobierno solo le queda la política del garrote para contener la inflación. Fernández le adelantó a Horacio Verbitsky que, vía decreto, sumará a los intendentes al control de precios en almacenes. El lunes pasado, en una reunión en la quinta de Olivos, el Presidente se encargó de negociar con Eduardo Maquiavello, presidente de Cilfa (la cámara que agrupa a los laboratorios nacionales), un congelamiento de precios de medicamentos por 90 días. A cambio, en el encuentro, del que también participó Luana Volnovich, titular del PAMI, prometió un bono por la deuda que la obra social de jubilados y pensionados tiene con la industria, estimada en unos $12.000 millones. Las otras cámaras, Caeme y Cooperala, se subieron al acuerdo.

Aun en crisis, el Presidente no delega en sus ministros las decisiones de gestión. Pareciera que Fernández no viene a romper con el proceso de "presidencialización de la política", concepto acuñado por los académicos Poguntke y Webb, que describe la creciente tendencia presidencialista en la que operan las democracias modernas. En este punto no hay grieta: lo mismo hicieron Macri y Kirchner.

En la negociación de la deuda, no obstante, la intervención de Fernández genera ilusión entre los magullados inversores. El ministro Guzmán es para los fondos un teórico con buenas intenciones, pero que lejos está de interpretar al mercado.

El economista Diego Saravia dice, sobre la base de los supuestos planteados por Guzmán, que una reestructuración "sostenible" implicaría quitas de hasta el 63% si no se incluye la deuda con el FMI. Una oferta de estas características llevaría a la Argentina a un default seguro.

Pero la decisión del Gobierno de suspender los pagos de la deuda en moneda extranjera de legislación local alentaría aún más las expectativas de los bonistas internacionales de que la idea no sería ir hacia un default. La Argentina, dicen, ahora tiene tiempo para negociar hasta junio, que es cuando vuelven a caer vencimientos de deuda de ley extranjera. Pero también posiblemente para entonces ya haya un panorama claro del impacto que el temible coronavirus habrá tenido sobre la economía.