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Un Gobierno que hace lo correcto, después de haber intentado todo lo demás
Al ver que se acercaba el pago de enero y no tenía los dólares suficientes, o por presión del FMI, la gestión económica se decidió a implementar el necesario cambio en las bandas y a anunciar un programa de compra de reservas; si supera los obstáculos políticos, el crecimiento en 2026 puede ser del 5%
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PARA LA NACIONMarcos Buscaglia
Winston Churchill solía decir que “siempre puedes contar con los estadounidenses para hacer lo correcto, después de haber intentado todo lo demás”. Lo mismo podríamos decir del gobierno del presidente Javier Milei.
El Gobierno transitó el proceso electoral convencido de que el programa económico era “robusto”, como dijeron varios funcionarios en Washington en las semanas previas de las elecciones ante inversores internacionales, que los miraban atónitos a la luz de los dos rescates que había recibido la Argentina este año, primero del FMI y luego del Tesoro de los Estados Unidos. El resonante triunfo electoral no hizo más que reafirmar su visión de que los cimbronazos económicos se debían solamente al “riesgo kuka”, y que no había que hacer ningún ajuste al programa económico. Tampoco, por el caso, al esquema de alianzas políticas.
Así, durante las semanas posteriores a las elecciones el Gobierno hizo oídos sordos a las dos recomendaciones que había recibido de Washington: ampliar su base política y comprar reservas internacionales.
En el plano político, se dedicó a fagocitar al PRO en vez de a incorporarlo al Gobierno. Los riesgos de esta estrategia se vieron claramente en la negociación del Presupuesto 2026 y en la no negociación con los aliados cercanos sobre la composición de la Auditoria General de la Nación (AGN) esta semana. Si bien el Gobierno logró aprobar el Presupuesto, no pudo cumplir con su objetivo de hacer aprobar todo el capítulo que incluía la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, y tensionó fuertemente la relación con el PRO, que cuenta con un contingente de necesarios diputados y senadores para ayudar a avanzar la agenda del Gobierno en el Congreso.
La insistencia en derogar estas leyes expresa, además, un desentendimiento de los temas que alejaron al Gobierno del favor de la población a mediados de año. Son derogaciones que, además, lucen innecesarias. Las partidas destinadas en el presupuesto a educación superior son similares a las que establece la ley que intenta derogar. En el tema de discapacidad hay que separar paja de trigo. El Gobierno debe continuar con la loable y ardua tarea de desenmascarar el tremendo fraude que armó el kirchnerismo con las prestaciones por incapacidad, dando de bajas las fraudulentas. Pero, a la vez, no debe desatender la acuciante preocupación de miles de familias con integrantes que sufren una discapacidad, para las cuales está en juego la actualización de sus legítimas prestaciones. Es decir, una negociación razonable hubiese consistido en eliminar la parte de la Ley de Emergencia en Discapacidad que permite agregar, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios… este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI),” manteniendo en cambio las actualizaciones de prestaciones y otros componentes de la ley de bajo costo fiscal pero de elevado valor simbólico y práctico para muchas familias.
Más genéricamente, los eventos en el Congreso de la semana pasada nos traen dos preguntas, relacionadas entre sí. La primera es si el Gobierno entendió bien el mensaje de las urnas. Si cree que el voto popular le dio luz verde para hacer lo que quiera, sin consideración de la visión o los intereses de sus aliados, y sin considerar algunos valores establecidos en la población, chocará con un muro en breve. La segunda pregunta es, dadas las dificultades que encontró en la aprobación del presupuesto, como hará el Gobierno para aprobar reformas más difíciles como la laboral (cuyo tratamiento en el Senado ya se difirió hasta febrero) o la impositiva. La ausencia de una coalición formal le puede costar caro en cada negociación.
En el plano económico, durante las siete semanas posteriores a las elecciones el Gobierno se negó a hacer cambios en el régimen de bandas cambiarias, y solo compró dólares a cuentagotas. Entre las elecciones y el 4 de diciembre el Tesoro solo compró US$325 millones al mercado, y el Banco Central no efectuó ninguna compra. Su visión era que el mercado iba a entrar en razón, el riesgo país iba a comprimir y el Gobierno podría entonces emitir deuda, sin necesidad de sumar muchas reservas. La meta de reservas con el FMI quedaba cada vez más lejos, ya que el BCRA llegó al 15 de diciembre con -US$11.600 millones en reservas netas (según la forma que las mide el FMI), frente a una meta de -US$2600 millones para fines de diciembre.
Se acercaba la fecha del pago de US$4200 millones de los bonos en moneda extranjera el 9 de enero, y el Gobierno no sumaba reservas ni accedía en forma sostenida al mercado voluntario de deuda, ni conseguía financiamiento adicional del Tesoro de los Estados Unidos. La operación de repo con los bancos internacionales (un préstamo en el cual se dejan bonos como garantía) no terminaba de caminar. El Gobierno siguió entonces intentando alternativas antes de hacer lo correcto. Colocó deuda en dólares el mercado local, una operación bienvenida por ser la primera en años, pero que dejó sabor a poco al levantar solamente US$1000 millones. En este contexto, el riesgo país no terminaba de comprimir, manteniéndose en un rango entre 600 y 660 puntos básicos (es decir, una sobretasa de más de un 6% sobre los bonos similares de los Estados Unidos) después de la contracción post sorpresa electoral. Este nivel, sumado a tasas cercanas al 4% para los bonos en los Estados Unidos, dejaban a la Argentina en un rango de emisión por encima del 10%; es decir, lo dejaban fuera del mercado voluntario de deuda.
Finalmente el Gobierno, “después de haber intentado todo lo otro”, por motu proprio al ver que se acercaba el pago de enero y no tenía los dólares suficientes, o por presión del FMI, o ambos, se decidió a implementar un necesario cambio en las bandas cambiarias y a anunciar un programa de compra de reservas. Las bandas cambiarias dejarán de ajustarse al 1% y pasarán a partir de enero a ajustarse por la inflación reciente, un cambio positivo ya que las anteriores iban quedando desactualizadas al estar la inflación subiendo a más del 2% por mes. Hubiese sido incluso mejor que aproveche a correr el centro de la banda para arriba, pero es evidente que el Gobierno privilegia la estabilidad cambiaria/inflacionaria, como demostró el jueves cuando el BCRA habría vendido al menos US$150 millones por orden y cuenta del Tesoro (argentino), y también cobertura cambiaria mediante la venta de bonos dólar-linked y futuros.
El BCRA también anunció el 15 de diciembre un programa de compra de reservas a partir del 1 de enero: va a comprar aproximadamente US$10.000 millones en 2026. El Banco Central se propone comprar dólares a medida que sube la demanda de dinero, intentando no efectuar compras por más del 5% del volumen diario transado en el mercado. Si bien el anuncio deja demasiada discrecionalidad a un equipo en el cual el mercado desconfía, es un gran paso adelante. Desde el anuncio, el riesgo país cayó en casi 60 puntos, hasta 570 puntos básicos.
Las ventas de dólares de días recientes y los problemas en el Congreso pueden significar una reversión temporaria de las expectativas positivas que se generaron después de las elecciones en términos políticos y del anuncio de compra de reservas en términos económicos. Debemos confiar entonces en que el Gobierno, después de probar todas las otras alternativas posibles, va a hacer lo correcto. El mercado, o el FMI, o ambos, lo van a ir llevando a superar sus reticencias y comprar reservas internacionales en cantidad, única forma para que el riesgo país siga bajando y permita a la Argentina hacer lo que hacen todos los países normales: emitir deuda para hacer los pagos de las deudas que vencen. Es probable que el Gobierno tenga también que hacer cambios en las negociaciones para hacer aprobar la ley laboral y las otras reformas estructurales tan necesarias para la Argentina.
Si supera estos obstáculos, la Argentina se encamina a un 2026 con un fuerte crecimiento. La reducción de la tasa de interés permitirá la reanudación de un ciclo de crédito que revitalice el consumo. La disminución del riesgo de reversión de políticas (es decir, de vuelta del kirchnerismo) va a ayudar a hacer subir la inversión. Las exportaciones crecerán fuertemente, de la mano de una cosecha récord y de un fuerte aumento del volumen de producción de petróleo y gas. La Argentina puede llegar a crecer un 5% en 2026, luego de más del 4% de crecimiento este año. Solo esperemos que la frase de Churchill aplique también para el gobierno argentino.
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