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Un juez frenó la aplicación del aumento del gas en Chubut
Es porque no se realizó una audiencia pública y porque el magistrado considera que el aumento es "arbitrario y desmedido" y afecta a la propiedad privada.
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LA NACION
El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, hizo lugar a los recursos presentados por el gobierno del Chubut y dispuso la no aplicación del incremento tarifario en el servicio de gas, debido a que no se realizó la audiencia pública y que el aumento "arbitrario y desmedido" afecta a la propiedad privada.
El Fiscal de Estado del Chubut, Diego Martínez Zapata, confirmó a la agencia Télam la medida judicial y detalló que "se hizo lugar a las cuatro medidas" presentadas por el gobierno del Chubut y por el defensor del pueblo, Héctor Simionati.
Ambos habían presentado la semana pasada acciones judiciales exigiendo la suspensión del cobro de las facturas de gas emitidas con el nuevo cuadro tarifario a partir de abril del 2016, y pedían que la compañía prestataria Camuzzi Gas del Sur se abstenga de cortar el suministro a los usuarios por falta de pago de la última factura.
La acción judicial también incluyó la orden de refacturar las boletas emitidas al primero de abril y en caso de que los usuarios hayan pagado, se le de un crédito para compensarlos en las futuras facturaciones. "La verdad es que estamos muy conformes porque se accedió a todo lo que solicitamos", indicó el fiscal de Estado chubutense.
Los destinatarios de la medida fueron la empresa "Camuzzi gas del sur", el ministerio de Energía y Minería de la Nación, que conduce el ingeniero Juan José Aranguren y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En rigor, las cautelares presentadas fueron dos, una denominada "prohibición de innovar" en la que se impide el corte de suministro, y las restantes tres figuras están contenidas en la otra cautelar denominada técnicamente como "innovativa".
En el trámite intervino en fiscal federal de Rawson, Fernándo Gélvez, a quien se expuso la competencia del juez territorial y la legitimación de los presentantes, Mario Das Neves como gobernador y Héctor Simionati como defensor del pueblo.
El fiscal de Estado reconoció que "estamos en un todo de acuerdo con el argumento de su señoría, al considerar que se afecta el derecho a la propiedad privada por aplicación de un aumento desmedido y arbitrario y sin mediar una audiencia pública".
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