Juicios internacionales: una bomba de tiempo que incomoda al Estado y al sector privado
Por estatizaciones, expropiaciones, defaults e incumplimientos de contratos, principalmente con empresas prestadoras de servicios públicos, la Argentina pagará desde 2001 y hasta los próximos tres años unos US$20.000 millones en concepto de indemnizaciones. El cálculo lo hizo el analista Sebastián Maril, de la consultora FinGuru, habitual seguidor de las peripecias argentinas en los tribunales extranjeros.
La estimación solo atañe a los casos ya definidos, ya que en otros aún faltan resoluciones de los diferentes tribunales y los montos definitivos se desconocen. Ahora, la eliminación de las AFJP promete ser otra bomba de tiempo para el próximo gobierno y amenaza con abultar aún más esa cifra.
Es una situación incómoda para todos. Para la actual administración, porque no deja de ser una amenaza sobre las cuentas públicas, más allá de que pueda estirar los tiempos y patear algunas definiciones para más adelante. Pero ya se sabe, los números fiscales en la Argentina siempre suelen ser un problema.
Claro que si el gobierno de Macri lograra la reelección difícilmente pueda evitar las consecuencias económicas de los fallos otros cuatro años. Es incómoda además porque obliga a los abogados del Estado a la defensa de medidas del pasado con las cuales este gobierno seguramente no está de acuerdo, como ya sucede en el caso del pago del cupón PBI y la manipulación del Indec, pero que debe respaldar para evitar el impacto en las arcas públicas.
Otro tanto sucede con el kirchnerismo. No solo porque las noticias de los fallos adversos cuestionan el modo y la oportunidad de aquellas estatizaciones y muestran sus costos, sino porque, de imponerse en las próximas elecciones, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner sería heredera directa de parte de las consecuencias de aquellas acciones emprendidas bajo un aparente discurso patriótico.
También es un escenario poco placentero para el sector privado. La mayoría de los dueños de las ex-AFJP, hoy sociedades en proceso de liquidación, sigue teniendo negocios y actividades en la Argentina, lo que los obliga a tratar y ser regulados por el mismo Estado al que están demandando en el exterior. Pasó mucho tiempo y algunos juicios cambiaron de manos, pero otros no. Eso quizá también explique la sorpresa o el desconocimiento que muchos alegaron ayer ante la consulta de LA NACION. Un tema que parecía olvidado, pero vuelve a cobrar una molesta vigencia.
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