Una economía maniatada que no genera más dólares

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19 de septiembre de 2020  • 00:05

El endurecimiento extremo del cepo y los controles cambiarios aplicados esta semana agregan un enorme factor de incertidumbre, muy alejado del objetivo oficial de "tranquilizar" la economía. No resuelven ninguno de los problemas que venían de arrastre, crean nuevas complicaciones a la actividad productiva y difícilmente contribuyan a movilizar una mínima parte de los miles de millones de dólares atesorados como refugio dentro y fuera del país.

Estas medidas defensivas tienen un horizonte de muy corto plazo, que sólo apunta a ralentizar el continuo drenaje de reservas del Banco Central a travésdel encarecimiento impositivo del dólar ahorro (a $ 131,32) y mayores restricciones de acceso al cupo para la demanda en el mercado oficial, cuya denominación de "único y libre" resulta tan irreal como que aumente la oferta voluntaria (a $ 74,85). Pero más grave es que, en un mundo con alta liquidez y tasas de interés cercanas a cero, el desdoblamiento parcial del mercado y la refinanciación compulsiva a dos años del 60% de la deuda en dólares de empresas locales, diluyeron en dos semanas el efecto positivo del canje de bonos de la deuda pública para que pudieran acceder al financiamiento externo de futuras inversiones. En especial, aquellas destinadas a fomentar innovaciones tecnológicas y aumentar exportaciones. Esto explica por qué cayeron en las últimas tres jornadas las acciones de compañías argentinas que cotizan en Nueva York y subió el riesgo país.

El principal problema sigue siendo la desconfianza como efecto de múltiples causas. No solo por la ausencia de un plan o -al menos- de un rumbo económico, tampoco explicitado en el proyecto de presupuesto para 2021 que, además de estar supeditado a un pronto fin de la pandemia, prevé cubrir 60% del déficit fiscal con emisión y recuperar menos de la mitad de la histórica caída del PBI de este año. O porque las crisis cambiarias del pasado siempre desembocaron en devaluaciones.

También en estos días se encendieron nuevas luces de alarma por el deterioro del clima político e institucional del país. El listado incluye la pérdida de brújula del gobierno de Alberto Fernández en el manejo de la crisis sanitaria; la contribución exprés del Presidente a la agenda personal de Cristina Kirchner para desplazar a los jueces que investigaban sus delitos de corrupción; la quita unilateral de coparticipación a la CABA; la grotesca denuncia judicial contra Mauricio Macri por la presunta violación de su cuarentena; la usurpación de tierras y los choques entre el oficialismo y la oposición en el Congreso por las sesiones presenciales suspendidas hace seis meses, al igual que la actividad de los juzgados de distintos fueros.

A este cuadro de debilidad institucional se suman la vuelta del relato kirchnerista, con su revisionismo histórico selectivo y arbitrario en busca de culpables, que excluye la posibilidad de acuerdos políticos para estabilizar la economía pospandemia y presagia prematuramente el tono de confrontación de la campaña para las próximas elecciones legislativas. Y también las diferencias ideológicas internas en el oficialismo, con extremos en el peronismo histórico y en proyectos hegemónicos de tipo santacruceño o venezolano, que en ambos casos no ocultan su ADN intervencionista, redistributivo y de desconfianza en el sector privado.

Detrás de este escenario conflictivo se oculta la baja prioridad estratégica que el gobierno asigna al estímulo de los sectores con mayor potencial para generar divisas genuinas, a través de inversiones para aumentar exportaciones y/o empleos de calidad. Un sintético repaso permite comprobar esta evidencia y no pocos aspectos contradictorios:

  • La ley de Economía del Conocimiento (LEC) está frenada en el Senado desde antes de la cuarentena. Se trata de una de las pocas políticas de Estado con que cuenta la Argentina, ya que es la continuidad de la Ley de Software impulsada en 2004 por el entonces ministro Roberto Lavagna durante la gestión de Néstor Kirchner; renovada en 2014 por Cristina Kirchner y ampliada en 2019 por Mauricio Macri a la denominada industria del conocimiento. En todos los casos fue aprobada por unanimidad en el Congreso. El gobierno de Alberto Fernández la reemplazó por otra versión que incorporó el uso de innovaciones tecnológicas en otros sectores, el acceso de Pymes al régimen de promoción y eliminó la estabilidad fiscal por 10 años. Hasta entonces había generado 1,6 millón de empleos en el sector formal y exportaciones por US$ 6500 millones anuales. Pero luego quedó postergada por el debate y la controvertida media sanción de la reforma judicial que, además de sus sospechosos alcances, triplicó el número de cargos del proyecto original elevándolos a 1734, entre magistrados, funcionarios y empleados en todo el país y su costo fiscal a $ 10.000 millones entre sueldos e infraestructura física (sin incluir gastos operativos), según una estimación de la asociación civil Unidos por la Justicia. La demora en la sanción de la LEC amenaza con la pérdida de 11.200 empleos en las pymes del rubro de software; de $33.400 millones en facturación en 2020 y el objetivo de generar 340.000 nuevos puestos de trabajo en 2030, advierte la campaña de una de las cámaras del sector (Cessi) en reclamo de la aprobación para evitar la fuga de cerebros.
  • El reciente DNU que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía fija y móvil, internet y televisión paga, para congelar sus precios hasta fin de año, afecta al sector de tecnología de información y comunicación (TIC), que opera en competencia y es intensivo en inversiones privadas (US$ 20.000 millones en los últimos diez años). Ahora las empresas se aprestan presentar un reclamo a la Justicia.
  • En el sector de hidrocarburos, el Plan Gas 4 para aumentar las inversiones en producción sufrió una nueva demora con el traspaso a la órbita del Ministerio de Economía de la Secretaría de Energía, cuyo nuevo titular Darío Martínez, todavía no fue designado aunque pasaron más de 28 días del anuncio oficial. Este programa prevé que las empresas productoras se comprometan a entregar 70 millones de m3 de gas natural con contratos a 4 años a precio fijo (US$ 3,5 dólares por millón de BTU), para atender la demanda prioritaria en subastas realizadas por Cammesa y pesificar las tarifas con subsidio estatal. Se supone que el ministro Guzmán revisará el esquema de subsidios para focalizarlos en la producción incremental y no sobre el total, ya que los pagos serán garantizados por un fondo estatal. Pero, además, el interventor en el Enargas (del Instituto Patria) propone una revisión de los cuadros tarifarios, congelados desde abril de 2019 para fijar "tarifas justas y razonables", mientras Metrogas dejó de pagar por caída de ingresos. También está en discusión una extensión del "barril criollo", aunque el precio internacional del crudo superó los 45 dólares el barril y puede complicar una mayor producción exportable.
  • El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que reúne a 56 cámaras del sector, presentó al gobierno y todos los partidos políticos una estrategia integral para incrementar las exportaciones de US$ 65.000 a US$ 100.000 millones en diez años y crear 720.000 empleos con estabilidad fiscal por ese período. El proyecto prevé desgravaciones a nuevas inversiones y reintegros automáticos de impuestos a la exportación según el valor agregado. Si bien la iniciativa comenzó a ser analizada por el gabinete económico, no parece factible que sea aprobada este año de forma integral y su eventual fraccionamiento por restricciones fiscales conspiraría contra su eficacia.

nestorscibona@gmail.com

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