Una minera reflota su proyecto en Cuyo

El proyecto minero San Jorge, que el año pasado movilizó fuertemente a la sociedad mendocina y puso incluso en peligro la elección del actual gobernador Paco Pérez, no está muerto.

El ministro de Infraestructura de la provincia, Rolando Baldasso, reconoció que el Gobierno evalúa el expediente remitido por la empresa minera (perteneciente al grupo canadiense Coro Mining) para modificar el rechazado proyecto, de manera que el cobre siga siendo extraído en Uspallata (departamento de Las Heras, Mendoza), pero sea trasladado después por tren a la provincia de San Juan para su procesamiento.

El proceso se centra ahora sólo en la extracción de cobre y no de oro, como estaba planteado inicialmente.

San Jorge se convirtió el año pasado en el asunto más candente de la política mendocina, por el fuerte malestar derivado de los riesgos ecológicos de la obra y su elevado consumo de agua (12 millones de litros al día), que superó las expectativas por los beneficios estimados (creación de 2000 empleos e ingresos anuales por regalías a la provincia cercanos a los 3 millones de dólares).

El 24 de agosto del año pasado, la Cámara de Diputados provincial decidió rechazar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, obligada por la marcha atrás de Pérez, entonces candidato justicialista a gobernador.

A pesar de que como ministro de Infraestructura del gobierno anterior había impulsado el proyecto, Pérez dio vuelta el voto peronista en contra de la posición del gobernador en ejercicio, Celso Jaque. El motivo no fue otro que un serio peligro electoral: Pérez fue socio del despacho de abogados que representaba a la compañía minera y no lograba quitarse el cartel de "prominero".

Las encuestas electorales coincidían en que los proyectos megamineros a cielo abierto generan rechazo en el 75 por ciento de la población según el censo mendocino. Ese día el hoy gobernador prometió que "San Jorge no tendrá la posibilidad de extraer oro y cobre en Uspallata".

A pesar de que el futuro del expediente es aún incierto, puede adivinarse un conflicto provincial por las regalías, dado que algunos dirigentes sanjuaninos ya han adelantado que reclamarían una parte de ellas por procesar el cobre en Calingasta (una ubicación problemática por su cercanía al parque nacional El Leoncito, en la provincia de San Juan).

El proyecto inicial de San Jorge fue rechazado en plena vigencia de la ley 7.722, aprobada en 2007, que preserva los recursos hídricos del uso de sustancias tóxicas como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, entre otros.

No existe una norma parecida en San Juan, cuyo gobierno, liderado por el justicialista José Luis Gioja, apoya la actividad megaminera. Numerosas empresas del rubro han presentado reclamos de inconstitucionalidad aún pendientes de la decisión del Poder Judicial mendocino.

Los ecologistas, que han juntado 35.000 firmas a favor de la ley, preparan acciones este mes en defensa de la norma.