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Una negociación ambiciosa con Trump para voltear una controversial medida kirchnerista
Ya está redactado el entendimiento por los aranceles con Estados Unidos, que involucra el principio de acuerdos a largo plazo para que la Argentina reemplace a China en ciertos rubros como proveedor; podría caer una norma que desata enormes presiones en un sector poderoso de la actividad privada
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
La comitiva libertaria puso un pie en el centro del poder mundial en una semana atípica para los Estados Unidos. Israel había atacado a Irán y escaló rápidamente el nivel de alerta en las calles de Washington. Se notaba un despliegue mayor al habitual en las dependencias que responden a Donald Trump, algo que no le impidió a los funcionarios argentinos llevarse más de lo que pensaban.
Capitaneados por Gerardo Werthein y con el camino alisado por el trabajo de la embajada que maneja Alejandro Oxenford, pudieron llegar al despacho del influyente Howard Lutnick, secretario de Comercio norteamericano y hombre clave del presidente en el infinito rompecabezas de los aranceles con los que Estados Unidos está cambiando el comercio en el mundo.
El canciller y Oxenford estuvieron en el encuentro junto a Luis Kreckcler, funcionario clave de Werthein, y el diputado radical Alejandro Cacace, reclutado por Federico Sturzenegger (Desregulación) para trabajar en reformas estructurales. Pablo Lavigne, ascendente funcionario de Luis Caputo (Economía), tuvo que volver al país antes.
La conversación con Lutnick discurrió, en parte, por temas que aún pasan desapercibidos en la Argentina. El país está mirando el detalle del acuerdo por los aranceles que harán los gobiernos de Trump y Javier Milei, clave para la supervivencia a corto plazo de muchos sectores. Los funcionarios, en cambio, apuntan a una colaboración más amplia.
En medio de la pelea con China, Estados Unidos les viene transmitiendo a varios países su intención de encontrar otros proveedores confiables. Hay dos criterios preponderantes: que estén en el hemisferio occidental y que tengan buena relación con el gobierno de Trump, características con las que cumple la Argentina. Es algo así como un plan de sustitución de importaciones al estilo republicano, bajo la idea de que un clavo (occidental, amigo) saca a otro clavo (asiático, competidor).
A partir de ese criterio, los equipos de Werthein, Caputo y Sturzenegger creen que pueden trabajar en proyectos mucho más ambiciosos que un convenio limitado a esquivar los aranceles recíprocos de Trump. Ya se habla, incluso, de alternativas concretas para instalar en el país emprendimientos industriales para exportarle a Estados Unidos.
Antes habrá que cerrar, de todas formas, ese sinuoso acuerdo. Ya está redactado el comunicado conjunto, pero en las próximas semanas se conocerán más precisiones.
Existen puntos que generan disputa incluso al interior del gobierno argentino. Uno de ellos tiene que ver con las patentes de los medicamentos, que involucra a los laboratorios nacionales, un caracterizado sector empresario al que se le atribuyen capacidades de convencimiento superiores al promedio.
La Argentina tiene un lugar reservado desde hace tiempo en la lista de “vigilancia prioritaria”, donde se ubican los socios comerciales de Estados Unidos con mayores barreras en materia de propiedad intelectual.
La versión de este año endureció el diagnóstico sobre el sector farmacéutico local. Dice que las compañías norteamericanas tienen enormes restricciones para patentar medicamentos.
El punto principal apunta a una resolución de 2012 que firmaron los entonces ministros Débora Giorgi (Industria) y Juan Manzur (Salud). Los laboratorios locales la defienden con el mismo ahínco que los internacionales la rechazan.
Es una rugosidad en la relación bilateral que la Argentina debería alisar, según la expectativa de la Casa Blanca. Algunos integrantes del Gabinete, sin embargo, han mostrado sus reservas.
Los equipos de Caputo, Sturzenegger y Jefatura de Gabinete conversaron el tema con el titular de Salud, Mario Lugones. Es un funcionario rodeado por un aura de cierto misterio, ya que manejaba el sector antes de ser ministro y llegó al Gobierno por el ofrecimiento de Santiago Caputo y el pedido expreso de su hijo Rodrigo Lugones, socio del joven asesor del presidente Javier Milei.
El Lugones ministro dio su opinión. Cree que convalidar los pedidos de Trump terminarían generando una situación de abastecimiento monopólico a favor de las empresas norteamericanas que sería perjudicial para la Argentina. Se lo dijo a los encargados de negociar con Estados Unidos. Por motivos distintos, expresa una posición similar a la de los laboratorios locales.
Caputo y Sturzenegger consideran el punto de vista de Lugones, pero no lo convalidan del todo. De hecho, está la idea de que la Argentina deberá ceder algo en la polémica por los productos farmacéuticos en el marco de las conversaciones con Trump.
Una versión extendida en los equipos de trabajo indica que Milei está dispuesto a eliminar la norma de Giorgi y Manzur que entorpece la relación con Estados Unidos. Sería el fin de una de las medidas más controversiales que sobreviven desde el gobierno de Cristina Kirchner. También habría una consideración a la palabra del ministro de Salud.
Por lo demás, Lugones se muestra profundamente alineado con el plan de desinflación que promueve el equipo económico. Mientras le pone un límite a la avanzada extranjera, el ministro de Salud también discute con empresarios locales por los precios. Tiene una molestia particular con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). En tiempos de alta virtualidad, la pelea comenzó con un código QR.
El Gobierno dispuso que las farmacias tengan un lector óptico donde el usuario pueda corroborar distintas cosas sobre el producto que quiere adquirir. Si ingresa un medicamento, el sistema le dará otras alternativas de la competencia con sus respectivos precios, sin necesidad de consultarle a nadie. Lugones cree que el sector no tuvo fair play. Se encontraron lectores escondidos o con algún problema que les impedía cumplir su función.
Defensa de la Competencia (Fernando Blanco Muiño) amenazó con iniciar una investigación. Días después, las autoridades de las farmacias se reunieron en un despacho público para discutir el tema.
El Gobierno seguirá involucrándose con los medicamentos. Quiere que se los vendan al Estado con el precio a la salida del laboratorio, y no de la farmacia. La logística la contratará por otro lado.
Desde una posición lateral, Lugones intentará hacer otros aportes para que la estabilización de la economía se traduzca en un mejor pasar para un grupo de personas antes de las elecciones.
La discusión por los precios de las prepagas ya quedó saldada tras los encontronazos del año pasado. Ahora, el Gobierno hará algún intento para que ese grupo de empresas y las obras sociales les paguen más a médicos, psicólogos y el personal en general.
El ministro de Salud tiene información privilegiada, no por su cargo, sino porque los conoce a todos. En los años 90 fue socio de Claudio Belocopitt, aunque luego sus caminos profesionales se separaron, manejó el Sanatorio Güemes y participó en centenares de encuentros patronales.
El gen libertario le impide ordenarles a las empresas cómo deben manejar sus negocios. Sin embargo, puede ventilar algunas cosas. Por ejemplo, que según sus números recaudaron en los últimos meses US$110 millones que antes no tenían, con lo que pueden pagar más. Es algo que posiblemente él mismo empiece a difundir en reuniones de camaradería.
Lugones cree tener la fórmula, también, para encapsular una de las tensiones más importantes que enfrentó el Gobierno en el último tiempo: el conflicto en el Hospital Garrahan. Vociferó en distintos lugares un mantra inverso al del Presidente. Dice que los médicos tienen razón porque deben ganar más, y repite que “hay plata”. Está en los propios hospitales.
La guerra de la Casa Rosada no será contra los médicos ni en oposición a los residentes, sino contra un gremio. El Gobierno sospecha que ATE está detrás de las empresas que ganan desde hace años las licitaciones para proveer la seguridad, la limpieza y la alimentación en el hospital que es epicentro de conflictos. Eso encarece los precios y agota un presupuesto que, según la mirada oficial, es abundante.
Es un nudo que se está tratando de desatar. El Gobierno lanzó o está terminando de preparar licitaciones con presupuestos más bajos en esas áreas. Se espera un ahorro que habilitaría recursos para darles otro destino. Irán a parar a los bolsillos de los médicos en agosto próximo. Eso, si todo marcha acorde al plan.
Hay motivos para pensar que el modelo ideal de Lugones —generar una mejora real con el presupuesto vigente— será la regla que le impondrán al Gobierno sus propias necesidades fiscales y los condicionamientos del entorno político. Otro ejemplo es la pelea con los gobernadores.
Algo cambió entre los líderes provinciales. Incluso los más dialoguistas se muestran públicamente fastidiados con la pelea que mantienen con Milei y Caputo por el reparto de fondos. Algunas cifras con decimales echaron más leña al fuego. Según el Gobierno, los cambios en el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que proponen las provincias aumentan el gasto. Los gobernadores dicen que eso es mentira.
Sucede que parte de la recaudación que hace el gobierno nacional está directamente afectada al financiamiento de obras. Los gobernadores, según su versión, le están pidiendo a la Casa Rosada que les dé esos recursos, pero también que se desentienda de las obras. Es decir, el dinero viene con la obligación.
Si esa maniobra implica un perjuicio para Economía, supone reconocer que el Gobierno se está quedando con fondos que no le son propios para mejorar el resultado fiscal con el que sostiene el corazón del proyecto libertario. Algo similar ocurre con los ATN.
Los gobernadores tienen la expectativa de que Milei desarrolle una metamorfosis contable en los próximos días. Hace poco, le sugirieron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que la Casa Rosada debería tomar como propio el proyecto de los líderes provinciales. Esperan que esa idea madure al calor de los peligros de la semana próxima.
La Casa Rosada aún no tiene los diputados necesarios para sostener el veto a la ley que aumenta las jubilaciones, con un costo presupuestario cercano al 0,9%. Los gobernadores ya dieron una señal: varios senadores que responden a la oposición dialoguista no votaron. Es un apoyo que podría repetirse en Diputados.
Sería un quid pro quo favorable a los intereses de Milei: avanzarían las propuestas menos costosas para la Casa Rosada a cambio de allanar el camino para lo que piden las provincias.
La situación representa una tensión para la Casa Rosada, ya que el mercado descuenta que el Gobierno podrá sostener su rechazo a las leyes jubilatorias y de discapacidad.
Un informe privado difundido el último jueves por J.P. Morgan, el mayor banco de inversión de Estados Unidos, celebraba el desempeño fiscal del equipo económico y anticipaba un superávit para este año superior incluso al que espera Milei. Todo eso, sin embargo, descontando que el Presidente logrará sostener el veto a las leyes que aumentan el gasto. Lo contrario sería un golpe durísimo al espíritu del proyecto.
Todo, tras una semana como esta, que dejó la evidencia de que el peso aún no está listo para caminar sin ayuda de igual a igual junto al dólar, a pesar de las mejoras que le hizo Caputo a la moneda nacional. Un recordatorio de que, pese al optimismo exagerado de algunas expresiones oficiales, la Argentina está en el puente que la puede conducir al lugar que espera Milei, pero todavía no llegó al otro lado.
