Vialidad facilitó una maniobra de Austral Construcciones

Una semana antes de que Cristina Kirchner termine su mandato, el empresario Lázaro Báez consiguió el último documento que le faltaba para iniciar la retirada. El 2 de diciembre de 2015, Vialidad Nacional le entregó un certificado en el que le informaba que no le podía pagar los certificados de obra pendientes. Báez corrió con el certificado, paralizó las obras y 1800 personas quedaron sin empleo. Pero todo fue una ficción, casi una mentira. Según pudo verificar LA NACION, no sólo que no se le debían certificados al empresario kirchnerista sino que tenía adelantado los pagos hasta el 6 de enero de 2016.

Todo empezó a principios de diciembre en Buenos Aires, puntualmente en Vialidad Nacional (DNA). Báez logró que el sudirector del organismo, Carlos Joaquín Alonso, contestara un requerimiento de Austral Construcciones. En el escueto documento, el funcionario informó que "los certificados pendientes de pago originado en los contratos vigentes (?) se encuentran imposibilidatos de ser abonados debido al agotamiento de las partidas presupuestarias anuales que habilitan el devengamiento de los mismos". Así, el Gobierno reconocía el incumplimiento.

La carta tenía una importancia vital para Austral Construcciones, era el documento necesario para iniciar el vaciamiento. El 11 de diciembre, cuando el kirchnerismo ya no estaba en el poder, Báez empezó la retirada. Con una carta manuscrita que se confeccionó en un block de hojas rayadas, identificada como "Nota de pedido número 29", el representante técnico de Austral Construcciones, José Carlos Pistán, firmó la orden de paralización de un proyecto sobre la ruta nacional 40.

La carta fue dirigida al inspector. "Mediante la presente, solicito a usted la paralización/suspensión temporal de la obra por un plazo de seis meses", empezaba. Luego, Austral Construcciones, explicó: "Motiva esta solicitud lo expresado en el parte de fecha 02/012/2015 de la DNA en donde se nos comunica que los certificados pendientes de pago por parte de este organismo, se encuentran imposibilitados de ser abonados debido al agotamiento de las partidas presupuestarias anuales". Así se cerró el círculo que dio con el despido de 1800 trabajadores.

Sin embargo, las fechorías de Austral Construcciones y la administración nacional para cubrir la retirada formal de Báez quedaron al descubierto a poco de abrir un puñado de carpetas. Según los asientos de Vialidad, no sólo que las empresas no tenían certificados de pagos sin cobrar sino que le fueron adelantados los vencimientos hasta el 6 de diciembre de 2016. Además, tampoco era verdad que las partidas estaban agotadas ya que el organismo canceló, ya con la gestión de Mauricio Macri como presidente, deuda por alrededor de $ 1200 millones los últimos días de diciembre. Pero la principal sorpresa que se llevaron los funcionarios que responden al nuevo director de Vialidad, Javier Iguacel, fueron unas hojas que el anterior número dos de DNA dejó. Se trataba de hojas en blanco con membrete de Austral Construcciones. Olvidos kirchneristas.

A fines de diciembre, en Río Gallegos hubo una audiencia de conciliación para tratar el asunto de la caída de imperio Báez. Estaban representantes del Ministerio de Trabajo provincial y de Vialidad Provincial, además de la empresa. En las oficinas de Vialidad Nacional, pagadora en última instancia de todos los contratos del constructor, jamás se enteraron del encuentro. Mauricio Collareda, número uno de este organismo en la Santa Cruz, envió un hombre a esa reunión. Poco después se intervino la delegación provincial y se comprobó que aquel enviado ni siquiera era empleado de Vialidad Nacional.

Así funcionó un esquema en el que no había fronteras entre contratante, financista y contratado. De hecho, se sospecha que para gran parte del trabajo que se debía realizar con empleados de Austral Construcciones se hacía con dependientes que pagaba la provincia. Un número puede ayudar. La DNV tiene en todo el país alrededor de 6000 empleados a los que se deben sumar 500 más del Organismo de Control de las Concesiones Viales (Occovi); Vialidad de Santa Cruz tiene un staff de 4500 empleados.

Báez y su imperio constructor lograron obras durante los últimos años por $ 16.000 millones y concentró el 80% del monto que se destinó a proyectos viales de Santa Cruz. En 2015, según surge de las planillas de pagos a las que accedió LA NACION, las empresas del grupo recibieron pagos por $ 1178 millones. Sólo para ponerlo en perspectiva, el Ministerio de Industria ejecutó el año pasado alrededor de $2500 millones para fomentar el entramado productivo del país. Lázaro Báez representó poco menos de la mitad de ese dinero.

Otro de los beneficios con los que contó el grupo cercano a la familia presidencial, fueron los plazos de cobro. En 2012 el promedio de tiempo desde que las empresas presentaban su certificado de obra hasta que cobraban era de 210 días. En ese año, el pago que se hizo más rápido fue en 48 días. Este universo excluye al Grupo Austral. Aquellos 210 días de espera en el caso de Báez eran de 69 y el mínimo de tiempo fue de 14 días. Ahora ya no quedan obras en el Sur en poder de Lázaro Báez y sus constructoras. Por pedido de la Nación, la provincia, que era el contratante, rescindió todos los contratos que la unían con el empresario.

El empresario Lázaro Báez consiguió que el 2 de diciembre pasado Vialidad Nacional le entregue un certificado donde constaba que no le podía pagar los certificados de obra pendientes. Así, Báez paralizó las obras y avanzó con el despido de 1800 personas.

Por Diego Cabot

• La ruta del dinero k

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