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Vuelan el gas y el petróleo, avanzan los fertilizantes y se demora el cobre: cuáles son las caras argentinas del RIGI
Los desembolsos efectivos no pasaron este año de los US$4000 millones, pero prometen una explosión entre 2028 y 2036; la mitad de los compromisos está en manos locales; falta infraestructura para desarrollar los de mayor tamaño
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LA NACIONFrancisco Olivera
Alejandro y Marcos Bulgheroni. Paolo Rocca. Edith Rodríguez. Marcelo Mindlin. Miguel Galuccio. Martín Rappallini. Juan Manuel Ondarcuhu. Las familias Sielecki, Perez Companc, Spoto, Brandi y Cavallo. Son algunas de las caras de argentinos que serán protagonistas de la Argentina que viene porque han comprometido desembolsos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el atajo que ha encontrado el gobierno de Javier Milei para recuperar algo muy escaso en las últimas décadas, la inversión, que está en el 15% del PBI y en este siglo nunca llegó al 20%.
Algunos todavía de modo prudente o expectante. Rappallini, por ejemplo, tiene a través de su empresa, Alberdi Mining, el 25% del PSJ Cobre Mendocino, un emprendimiento controlado por el grupo suizo Zonda Metales que contempla una inversión de US$891 millones en Mendoza. Y otros de modo más agresivo. Mindlin está en cuatro proyectos, tres de ellos asociados al gas y el petróleo y uno a una planta de fertilizantes en Bahía Blanca. Los Bulgheroni, Galuccio y la familia Rodríguez optaron por los gasoductos y una planta de gas.
El RIGI es la gran apuesta inversora de la Argentina. Sus resultados empezarán a percibirse con exportaciones fuertes a partir de 2028 y al menos hasta 2036, es decir, durante los próximos dos mandatos presidenciales. Así lo indica un relevamiento del economista Fernando Marull elaborado con datos oficiales y resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, que concluye que la mitad de las inversiones acordadas en ese programa, que ofrece reducciones tributarias y acceso a divisas para quienes hundan capital, vendrán de parte de esa burguesía a la que le conviene que la Argentina respete los contratos. “Eso baja mucho el riesgo de que algún candidato se haga el loco con el RIGI —publicó la semana pasada Marull en Twitter—. Hay intereses y apuestas no solo de los gobernadores, sino también de los empresarios”.
La observación es interesante porque se hace desde una perspectiva electoral. ¿Hay margen para que algún candidato proponga revertir el programa? Durante uno de los últimos actos por el Día de la Lealtad, en Chaco, Máximo Kirchner prometió auditarlo. “¿Cuál va a ser el sector que aporte? —se preguntó—. Hoy, empresarios y comerciantes de Chaco pagan un 35% de Ganancias y las mineras y petroleras internacionales en la Cordillera o en Vaca Muerta tienen un RIGI que pagan 10% menos. Les bajaron los impuestos a las mineras y petroleras. Que se vayan preparando estos sectores altamente beneficiados”.
Pero el RIGI incluye ahora no solo a los empresarios, sino a unos cuantos gobernadores. Tiene por ahora proyectos en diez provincias que han desencadenado acuerdos de financiamiento con bancos y contratos con proveedores. “¿Quién va a querer volver atrás con esto?”, se preguntó uno de los empresarios con mayor presencia. “Todo eso aumenta el costo de reversión del rumbo”, completó el economista Dante Sica, de la consultora Abeceb.
En algunas de estas áreas, principalmente en las de petróleo y gas, la inversión ya empezó a concretarse. En otras, como en los proyectos de cobre —los más ambiciosos y que reportan más beneficios—, viene más rezagada de lo que se suponía. “El litio es el trigo; el cobre es la soja, el gran commodity por demanda y precio. Los de cobre se demoran porque requieren de mayor infraestructura”, dice Mario Capello, ingeniero de Minas y exsubsecretario de Minería en los tiempos de Mauricio Macri.
Los registros del Banco Central indican que se invirtieron hasta ahora no más de US$4000 millones este año a través del RIGI. Pero, si es por los registros del Ministerio de Economía, deberían acelerarse: promete US$7602 millones para este año; US$7098 millones para 2027 y US$7996 millones para 2028. A partir de ahí, y según lo comprometido hasta hoy, los desembolsos empiezan a declinar, pero también a percibirse los mejores efectos, las exportaciones. Volviendo al informe de Marull: sin el RIGI, las ventas externas totales de la Argentina llegarán en 2029 a US$93.976 millones; con el RIGI ascenderían a US$129.451 millones.
Hasta ahora, el interés de los empresarios argentinos está más en el área energética. Entre ellos, la planta de licuefacción de Southern Energy, que contempla desembolsos por US$15.156 millones que harán los socios del consorcio: Pan American Energy (PAE), de los Bulgheroni, que tiene el 30% de participación; e YPF, Pampa Energía (Mindlin), la británica Harbour Energy y la noruega Golar. A esa megaobra hay que agregarles otras por la zona y asociadas al negocio. Un gasoducto que conectará Vaca Muerta, en Neuquén, con la costa del golfo San Matías, en Río Negro, y que insumirá más de US$1300 millones de parte de ese consorcio, más un oleoducto a cargo de esas mismas empresas y otras como Pluspetrol, de la familia Rodríguez; Vista, de Galuccio; Tecpetrol, de los Rocca, y TGS, de Mindlin y la familia Sielecki.
Mindlin decidió además adherirse al programa para invertir en producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta en el proyecto Rincón de Aranda, con US$4522 millones, y en la planta de fertilizantes Fértil Pampa, la mayor de urea de América Latina, para la que hundirá US$2693 millones con el objetivo de empezar a producir en 2029. “Si sumamos la que va a hacer Profértil, que todavía no entró, Bahía Blanca va a tener tres proyectos de más de US$2000 millones cada uno. Y son proyectos industriales que necesitarán proveedores”, dice Sica. ¿Van a derramar?, se le preguntó. “Derrama, claro que derrama. Pero no es mágico: hay que calificar logística, servicios, válvulas, mantenimiento. A un fabricante de línea blanca, por ejemplo, le va a convenir más pasarse al sector energético”, respondió.
El panorama se completa con inversiones de argentinos en infraestructura, como la de Juan Manuel Ondarcuhu, de Terminales y Servicios S.A., en el proyecto de infraestructura Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, con una inversión aprobada de US$277 millones destinada a la construcción y operación de la terminal portuaria; la de Petroquímica Comodoro Rivadavia, de las familias Cavallo y Brandi, que se asoció con ArcelorMittal Acindar para un proyecto de energía renovable en el Parque Eólico Olavarría por US$276 millones que arranca en enero próximo, y la construcción de una planta de aceros largos en San Nicolás que costará US$286 millones y estará a cargo de Sidersa, una compañía controlada por la familia Spoto, originaria de Rosario.
Son emprendimientos que involucran a diez provincias —Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy, San Juan, Catamarca, Río Negro, Mendoza y Santa Fe— y cuyas inversiones determinarán la vida de la Argentina en la próxima década.
