YPF: luego de la condena, empieza un largo camino para pagar por la desprolija estatización

Rompe, paga. El kirchnerismo rompió hace 11 años cuando intervino YPF para terminar con la estatización del 51% de las acciones de Repsol en la petrolera; ahora toca el turno de terminar de pagar. En el camino, rompió el sistema jurídico, además de un contrato. Ahora llegó el ticket de cancelación de los daños.

El fallo que condena a la Argentina empezará un camino donde se discutirán millones de dólares que, en caso de ser confirmados, tendrán que pagarse para no ser parte de la lista negra de países incumplidores. En su caso, la Fragata Libertad deberá tener cuidado cada vez que suelte amarras para evitar los embargos. Hay un par de cosas a tener en cuenta. Por un lado, la sentencia tiene dos instancias de apelación y nada será inmediato. Por el otro, cobrar, si se confirma, tampoco será materia fácil ya que la gran mayoría de los fondos soberanos son inembargables.

En abril de 2012, el trio que conformaba la presidenta Cristina Kirchner, y sus dos ministros Axel Kicillof y Julio De Vido jugaban a ser dueños de la petrolera. Llegaron a la torre de Puerto Madero con un decreto de intervención por 30 días. Aún recuerdan varios ejecutivos que no había manera de convencer a Kicillof que no existía una caja fuerte con millones de dólares guardados que, quizá, el ministro imaginó en alguna trasnoche en su casa porteña de Parque Chas. “Donde está la plata”, repetía.

Este 16 de abril se podrían festejar los 11 años y el regalo que la justicia americana para el aniversario es un fallo cuyo monto podría ser al menos US$1600 millones y llegar a 3300 millones, según los cálculos de abogados argentinos.

Para entender el asunto es necesario revisar que se ventila en los tribunales de Nueva York, algo así como un juzgado comercial porteño. Cuando se estatizó YPF, en realidad un porcentaje de acciones que tenía la española Repsol, el Estado argentino no abrió ninguna negociación con los otros dueños, minoritarios, de la petrolera. Esos accionistas tenían algunos derechos como socios. La ley establece que quienes se hacen del control de una compañía deben hacer una oferta similar a cada uno de los otros accionistas. Justamente, la naturaleza jurídica de esta norma radica en que nadie está obligado a asociarse a alguien que no quiera. Por eso, la necesidad de replicar la oferta a todos. Hay otro derecho que es el de privilegio que significa que los socios pueden igualar la oferta que hace un tercero. Nada de eso se contempló, ni en aquel 2012 ni tampoco cuando el Estado le pagó e indemnizó a Repsol.

De esas conductas surgieron responsabilidades. Así apareció un fondo que maneja carteras de alto riesgo llamado Burford. Chequera en mano, le compraron los derechos a varios de los socios para hacerlos valer. Ese grupo compró 70% -y el manejo del juicio- de los derechos litigiosos a Petersen Energía, la firma que tenía Esquenazi como vehículo para ser dueño de la petrolera. El 30% se lo reservó la familia. Esa empresa, que era una sociedad española, quebró y esa acreencia pasó a ser de titularidad de la quiebra.

Acá un asterisco. Cuando se estatizó la empresa, el Grupo Petersen se declaró en quiebra. Un pool de bancos le habían prestado dinero para comprar YPF y cobrarse con los dividendos. Perdido el management a manos, primero de De Vido y Kicillof y después de Miguel Galluccio, la empresa ya no pudo pagar. Pero los argentinos nunca fueron expropiados por lo tanto, se quedaron con la titularidad de las acciones. Para no tener problemas legales, los Eskenazi entregaron esa tenencia a la quiebra y poco a poco todos los acreedores se cobraron. ¿Porqué el asterisco? Ahora, el titular de ese 30% es la quiebra madrileña. Pero sucede que si después de liquidar las pocas deudas que quedan resulta que hay un remanente, pues ese dinero regresará a la familia Eskenazi.

Planteada la controversia en Estados Unidos, se empezó a ventilar un viejo planteo del derecho. La defensa argentina intentó convencer a la jueza Loretta Preska de que los estados soberanos tienen facultados como para avanzar patrimonialmente contra una compañía, siempre y cuando después indemnicen al dueño. En ese principio, que viene desde la codificación Napoleónica, es la base de la declaración de la “utilidad pública” y al expropiación.

Pero ese derecho de origen europeo nada tiene que ver con los principios que rigen en la justicia de Estados Unidos. “Pacta sunt servanda” o “lo pactado obliga” repite la doctrina y la jurisprudencia americana. En Corte del Distrito Sur de Nueva York, los abogados Burford decían que más allá de los estatutos de la compañía que obligaban a hacer esa oferta a los otros accionistas, cuando la petrolera decidió cotizar en aquel mercado se sometió a las leyes de se distrito.

Pero además, los defensores argentinos se encontraron con una desprolijidad. Aquel desembarco se hizo con una intervención basada en un decreto de necesidad y urgencia. Solo después de entrar y tomar la compañía se inició un debate legislativo que un tiempo después terminó con la declaración de interés público de las acciones de la petrolera. Un vicio de origen, como dicen los letrados, que se le advirtió en todo momento a los funcionarios kirchneristas. Pero ya se sabe, las formas y la prolijidad jurídica no es el fuerte de aquel grupo de estatizadores.

La segunda pelea era lograr que, en caso de condena, la responsabilidad fuese del Estado y no de la empresa petrolera ya que los activos soberanos son difíciles de embargar mientras que cobra a la compañía es un juego de niños para estos abogados corporativos.

Esta semana, la jueza no hizo lugar al planteo de la soberanía argentina y condenó al Estado a pagar una suma que aún no está calculada. Para que respiren los inversores privados, YPF quedó afuera.

Lo que viene ahora es un largo proceso. Esa sentencia será recurrida a una instancia superior y después está la Suprema Corte que, en Estados Unidos, es muy restrictiva a la hora de tratar causas. Paralelamente, empezará otro juicio que s el que determinará el valor de la indemnización. En la sentencia la jueza no indicó el monto a pagar pero estableció los parámetros de cómo se calculará. Esa es la pelea que empieza ahora. Larga, de final incierto pero difícil de cobra para los acreedores.

Hace 11 años el kirchnerismo rompió; ahora, o cuando se confirme la sentencia, toca pagar.