A cincuenta años de un hecho atroz
El 28 de abril de 1974, integrantes del ERP asesinaron al juez Jorge Quiroga, de irreprochable actuación en el juzgamiento de delitos del terrorismo
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LA NACION
El pasado 28 de abril se cumplieron 50 años del asesinato del juez Jorge Vicente Quiroga por activistas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El hecho ocurrió durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, cuando dos sujetos que se transportaban en una motocicleta le dispararon por la espalda a la víctima, en la intersección de las calles Viamonte y Paraná, en la zona de Barrio Norte.
Aquel crimen fue una vil venganza de la mencionada organización terrorista contra uno de los miembros de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación (CFPN), creada en 1971 por una ley del gobierno del general Alejandro Lanusse, que juzgó alrededor de 3000 casos de terrorismo en el territorio nacional. Esa cámara fue integrada por jueces sin actuación política, de reconocida experiencia y formación judicial en materia penal.
Los detractores de ese cuerpo judicial cuestionaron su legitimidad de origen por provenir de un gobierno de facto, sin tener en cuenta la crueldad de los atentados que ya por entonces estaban cometiendo organizaciones ilícitas que buscaban imponer un régimen totalitario marxista y que, más tarde, tampoco dudaron en alzarse contra el gobierno peronista elegido democráticamente por la ciudadanía.
A diferencia de lo ocurrido en Uruguay, donde en aquellos años se recurrió a tribunales militares para el juzgamiento de actos terroristas, y de lo sucedido posteriormente en Perú, donde los crímenes de Sendero Luminoso fueron juzgados por magistrados encapuchados, los miembros de la CFPN cumplieron una valiente labor a cara descubierta, con independencia, eficacia y apego a la justicia, hasta su disolución por el gobierno de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973. Durante su corta actuación, instruyeron más de 3000 causas; dictaron más de 2000 sobreseimientos –confirmando su imparcialidad y ajuste a la ley– y alrededor de 600 sentencias condenatorias, existiendo la posibilidad de que fueran apeladas ante la Corte Suprema de Justicia. La CFPN intervino en casos de enorme repercusión pública, como los asesinatos del director general de Fiat Guillermo Oberdan Sallustro, tras 20 días de cautiverio por el ERP, y del general Juan Carlos Sánchez, en Rosario, acaecidos en ambos casos en abril de 1972.
Pero la misma noche en que asumió la Presidencia de la Nación Cámpora, militantes peronistas forzaron la apertura de la cárceles para liberar a los terroristas juzgados, situación que fue aprovechada también por numerosos presos comunes para darse a la fuga. Un día después, el Congreso sancionó una amplia amnistía en favor de los guerrilleros, al tiempo que disolvió la Cámara Federal Penal. Se perdió así una oportunidad histórica al desarticularse un mecanismo judicial que había probado su utilidad para enfrentar el flagelo del terrorismo, y en su lugar se dio paso a la creación de centros de detención castrenses y a los atropellos de la ilegal Triple A.
Como recordó el doctor Enrique Munilla durante un reciente homenaje al juez Quiroga organizado por la asociación Justicia y Concordia, “antes de iniciar su actividad la CFPN, hubo 7 desapariciones forzadas de personas; durante su vigencia, ninguna, y desde su disolución, el 25 de mayo de 1973 hasta el golpe militar de 1976, esto es, durante un gobierno constitucional, hubo casi mil desapariciones”.
El desborde terrorista que siguió a la amnistía no se hizo esperar y fue así como el juez Quiroga terminó asesinado, al tiempo que otros magistrados que integraron la CFPN como Eduardo Munilla Lacasa y Carlos Enrique Malbrán fueron víctimas de atentados, en tanto que varios más debieron exiliarse, tras quedar expuestos a la venganza de quienes habían sido juzgados y luego amnistiados.
Los asesinos del doctor Quiroga fueron a la cárcel, pero no solo terminaron liberados, sino que recibieron indemnizaciones de 209 mil y 160 mil dólares, respectivamente. Como muchos otros protagonistas de la violencia terrorista, pasaron a la categoría de jóvenes idealistas.
En cambio, como señaló el presidente de Justicia y Concordia, Alberto Solanet, hasta la placa con la que se recordaba al juez Quiroga en el edificio donde funcionó la Cámara Federal Penal, en Viamonte y Libertad, fue retirada en junio de 2012 por el entonces presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional a pedido de la dirigencia del sindicato de trabajadores judiciales. A 50 años de su asesinato, es menester reivindicar la valiente labor de este y otros ocho magistrados y tres fiscales que enfrentaron la acción terrorista con la ley en la mano, y velar por una memoria integral y no parcial de nuestro pasado trágico.
LA NACION
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