Aborto y cambio de sexo

Con la fuerte presión del partido Podemos y la firme oposición tanto del Partido Popular como de VOX, por mayoría de votos se sancionaron en España dos cuestionables leyes.

Una de ellas habilita el cambio de sexo desde los 16 años sin necesidad de autorización parental ni de requisito médico alguno. Se derogó así una exigencia anterior que prescribía un análisis acerca de la disforia de género, que describe la diferencia entre la realidad sexual física y la percepción que la persona tiene de sí misma, así como otro requisito que exigía un tratamiento hormonal previo de al menos dos años. No se requerirán ya pruebas ni testigos y la determinación habrá de ratificarse en un plazo de tres meses.

Desde los 16 años la decisión pasa a ser libre, dependiendo exclusivamente de la voluntad del interesado. Las personas de entre 14 y 16 años deberán tramitarlo junto con un tutor legal. Entre los 12 y los 14 años se requerirá una autorización judicial que examine la madurez. La llamada “ley trans” ya rige en Noruega y los Países Bajos con la misma edad límite y se espera que Irlanda pueda ser el siguiente. Otros ocho países europeos regulan la posibilidad a partir de los 18 años y algunos lo prevén desde los 16 con el aval de los padres.

La otra ley se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo, norma ya existente en España, que pasa a considerar que, a partir de los 17 años, bastará la libre decisión de la interesada, estableciendo que deberá prestarse el servicio en todos los hospitales públicos, eliminándose también el período de reflexión de tres días previo a la intervención, que pretendía evitar que se tomara una decisión en forma apresurada o irreflexiva.

Se estableció también la creación de un Registro de Opositores en el cual podrán inscribirse tanto aquellos profesionales médicos como personal auxiliar que no desee intervenir en prácticas abortivas por objeción de conciencia, respetando así la voluntad de quienes sabiamente entienden que el acto abortivo constituye un crimen que violenta sus convicciones personales.

En un país de honda tradición católica, las leyes sancionadas han motivado airadas protestas públicas. Mujeres embarazadas reclamaban ante este nuevo afán de silenciar para siempre a su niño/a. Por su parte, desde Podemos festejaron la aprobación de las leyes considerándolas un triunfo feminista de ribetes históricos a pesar de las ruidosas divisiones incluso dentro de este movimiento en torno al tema.

Siendo la vida un bien supremo y el primero de los derechos humanos, leyes como las referidas, más que defender derechos, promueven imponer una cuestionable visión. Se deslegitiman el acompañamiento y el consejo de los padres en pos de una autodeterminación a edades tempranas, amparados por la política y con costos muchas veces a cargo del Estado. Así como entre nosotros el Censo 2022 confirmó que apenas el 0,12% se consideró “indefinido” en la casilla de sexo, las leyes naturales y la biología de la especie tienden a imponerse, mal que les pese a tantos lobistas de minorías que adoptan agendas transhumanistas en un afán de distraer recursos y voluntades respecto de los auténticos reclamos sociales.

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