Afganas sin universidad

Con su regreso al poder en 2021, el régimen talibán había prometido ser más tolerante. Lejos de cumplir con su palabra, la ristra de restricciones impuestas por la ferocidad teocrática sigue sumando nefastos capítulos.

Entrevistada por LA NACION, Heela Yoon, quien dirige la fundación Afghan Youth Ambassadors for the Peace desde su asilo en Gran Bretaña, dio detalles sobre su trabajo en la promoción de jóvenes formados en igualdad de género y liderazgo. En un contexto complejo y a veces difícil de entender desde una mirada occidental, brindarles recursos, formación y habilidades para trabajar en red permite que muchas jóvenes se animen a tomar la iniciativa volviéndose agentes de cambio.

Expulsadas de empleos gubernamentales, impedidas de viajar si no es con un familiar varón, están también obligadas a vestirse según la rigurosa imposición de la ley islámica o sharia. Con escuelas cerradas desde hace dos años, muchas adolescentes habían sido expulsadas de la educación secundaria. Desde el mes pasado, también se les prohíbe el ingreso a la universidad acusándolas de no respetar el código de vestimenta y de no viajar con acompañante masculino. Las fuerzas de seguridad del régimen custodian los institutos de educación superior para que se cumpla lo ordenado, mientras mujeres estudiantes se congregan a las puertas de los establecimientos en Kabul y algunas resultan detenidas. Las protestas femeninas se han vuelto cada vez menos frecuentes ante la posibilidad de arrestos y violencia. En las redes, la indignación crece.

En un país que lleva más de cuatro décadas de guerra, sumidas en la pobreza y la inseguridad, sin libertad de movimiento ni acceso a derechos fundamentales, como el de estudiar, ir al parque o al gimnasio, arrojadas a matrimonios infantiles forzados, muchas mujeres afganas transitan cuadros extremos de depresión. “Nos han quitado la esperanza”, se lamentan muchas. Se sienten “pájaros enjaulados”, en palabras de otra.

No pueden evidentemente confiar en vanas promesas del gobierno de facto y demandan con urgencia el apoyo de la comunidad internacional y el reconocimiento de la valiosa resiliencia que las caracteriza a la hora de seguir luchando por sus derechos.

En las negociaciones para proveer ayuda humanitaria al castigado país, la comunidad internacional impone como condición el acceso a la educación para las mujeres. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 afirmaron que “la persecución de género puede constituir un crimen contra la humanidad”. Países de mayoría islámica como Turquía e Irán condenaron también la prohibición de acceso a la universidad por considerarla que “no es ni islámica ni humana”. Sin embargo, todo indica que el régimen talibán opta por exponerse a las consecuencias de su inconcebible rigor en distintos terrenos.

Desde la cumbre de Mujeres del G20 de 2021 en la que participó la por entonces ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, no hemos vuelto a registrar que la nutrida dependencia emitiera un comunicado o hiciera pública alguna forma de apoyo a las mujeres afganas. No sorprende. Los conos de silencio cómplice ante distintos episodios que largamente ameritarían que, desde este ministerio en particular, o desde la Cancillería como en este caso, se alzara la voz, permiten presumir, una vez más, que el oficialismo aboga por una defensa tan restringida como ideologizada de los derechos humanos.

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