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Algo tan elemental y necesario como evaluar
La sanción de una ley porteña para la evaluación de la calidad educativa debería alentar al resto del país en este aspecto a menudo descuidado
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En un país donde las noticias referidas a educación generalmente se refieren a los paros docentes, las pocas horas que pasan los alumnos en clase o los bajos resultados en las pruebas PISA, es para festejar la aprobación por la Legislatura porteña de la ley que crea la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa.
Muchas veces hemos señalado que la educación debe ser una política de Estado y no puede estar acotada únicamente a criterios partidarios o discusiones teñidas de ideologismos. La citada norma ha sido aprobada por casi dos tercios de los legisladores porteños y tiene como dato distintivo que no sólo apuntará a la evaluación de directivos, docentes y alumnos, sino también de las autoridades políticas del área educativa.
Llama la atención que evaluar, algo tan elemental en todos los sectores de la sociedad, genere tanta controversia en el sistema educativo. Los sistemas democráticos evalúan a sus políticos por medio de periódicas votaciones y el sector privado evalúa sus resultados cuando el público deja de comprar sus productos o contratar sus servicios, al tiempo que realiza evaluaciones de desempeño a sus empleados. También las universidades participan de procesos de autoevaluación.
En muchos países, desarrollados y no tanto, las evaluaciones se dan también en el sector público. Se evalúa, por ejemplo, el tiempo que demora el correo, la entrega de la licencia de conducir o los servicios en un hospital. Las encuestas entre los usuarios son un mecanismo muy habitual con esos fines.
Pero en el sistema educativo, no pocos dirigentes políticos y representantes sindicales de los docentes suelen oponerse a la evaluación. Muchas veces sin considerar el interés de los alumnos, padres y maestros.
A los padres y los alumnos les interesa conocer el resultado de la calidad de las escuelas a las que asisten, y la comparación con otras escuelas. Esta información les ayuda a decidir sobre la elección de un establecimiento educativo y también a demandarles cambios a las que distan de ofrecer servicios de calidad.
La mayoría de los maestros eligen la difícil tarea de enseñar por vocación, con la intención de transmitir conocimientos y formar a los ciudadanos de su país. La evaluación les generaría un mayor reconocimiento y, probablemente, los ayudaría a recuperar el rol de suma importancia que deberían tener en la sociedad.
La evaluación es también un instrumento fundamental para concientizar al resto de la sociedad en la responsabilidad de educar. Todos los sectores de un país tienen que interesarse por la calidad de la enseñanza. La información que generan las evaluaciones son muchas veces la mejor herramienta para promover nuevas políticas. Es claramente el caso de las pruebas internacionales PISA, realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). Cada vez que se publican sus resultados, se produce un interesante debate, capaz de derivar en un replanteo de las políticas educativas. El caso de Finlandia –nación que se encuentra a la vanguardia en materia educativa– resulta emblemático, ya que, recientemente, el descenso de ese país en el último ranking determinado por las pruebas PISA provocó reuniones de urgencia y fuertes debates dentro de su gobierno.
A su vez, las evaluaciones aportan muy buena información para que los gobiernos puedan tomar decisiones en términos de qué políticas reforzar, a cuáles áreas asignar más recursos y dónde proveer mayor entrenamiento docente o ayuda a los alumnos. Y esta información debe ser compartida con toda la comunidad educativa, incluidos padres y alumnos.
En los debates en nuestro país acerca de la evaluación educativa, raramente se hizo mención a los alumnos y los padres, que son actores protagónicos en el proceso educativo, ni a la ciudadanía en general, que es en definitiva quien financia la educación a través del pago de impuestos. La Argentina invierte más del 6% de su PBI y aproximadamente el 30% de su presupuesto público, a nivel nacional y provincial, en educación. ¿Por qué no participar a los ciudadanos sobre el impacto que están teniendo esos recursos?
La sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías han generado en este siglo abundancia de información en todos los sectores de la sociedad, lo que ha permitido más transparencia, mejores decisiones y un mayor involucramiento de la ciudadanía. Cabe esperar que, con el paso dado en materia de evaluación educativa, la Ciudad de Buenos Aires comience a ser un ejemplo en esta área para el resto de las jurisdicciones del país.
