AMIA: el encubrimiento que el poder encubre

En lugar de demostrar su inocencia, los acusados por Nisman se ocupan de impedir que se sepa la verdad; ¿cuánto tiempo más habrá que esperar?

Hace seis años, el 14 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman presentó una denuncia que se encuentra inescindiblemente vinculada con su muerte, ocurrida cuatro días después. Tuvo el coraje de impulsar una investigación contra la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de llevar adelante el encubrimiento agravado de los imputados iraníes, contra los cuales la Justicia argentina había librado órdenes de captura por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, que les costó la vida a 85 personas y que fue calificado como crimen de lesa humanidad.

El presidente Alberto Fernández fue muy contundente al avalar la hipótesis del encubrimiento. En una entrevista que le realizó el periodista Nelson Castro afirmó que, en diciembre de 2014, Nisman le había contado que tenía probado el encubrimiento de los iraníes acusados del atentado. Su reacción frente a aquella confidencia fue reírse y responderle: "El encubrimiento ya existe; es el tratado".

La respuesta de Fernández coincide con el criterio confirmado en la etapa de instrucción de la causa. Salvo por la muy cuestionable decisión del juez Daniel Rafecas de ordenar desestimar la denuncia en tiempo récord, los fiscales y jueces que intervinieron ratificaron la hipótesis del encubrimiento agravado.

En otras oportunidades hemos recordado la importancia del pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificada por la Cámara de Casación Penal y por la Corte Suprema, que confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Mena, Andrés Larroque, Eduardo Zuain, Jorge Khalil, Luis D’Elía y Fernando Esteche.

Más allá de las elocuentes grabaciones que se conocieron, que describen algunas injustificables y grotescas maniobras para amparar a quienes se acusa del mayor atentado terrorista sufrido por nuestro país y el más violento ataque antisemita desde la Segunda Guerra Mundial, estaba en lo cierto el presidente Fernández cuando afirmó que el propio tratado con Irán es una pieza clave del encubrimiento.

Como es conocido, el gobierno de Irán estaba interesado en que perdieran efecto las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los prófugos de la Justicia argentina. Ese objetivo iraní fue logrado con la firma del memorándum, ya que se incorporó un artículo (7), absolutamente inconstitucional, que les permitía a los cancilleres comunicar lo acordado a Interpol sin necesidad de que el tratado fuera aprobado por las autoridades competentes de cada uno de los Estados. De ese modo, el encubrimiento podía consumarse sin la intervención del Congreso de la Nación, lo cual es de una irregularidad más que evidente.

Roberto García Moritán, de una larga carrera diplomática, que fue vicecanciller de Jorge Taiana entre 2005 y 2008, declaró en la causa en la que Nisman acusó a la entonces presidenta por encubrimiento agravado que la cláusula 7 del tratado es una situación inédita en el derecho internacional. Sostuvo en forma concluyente que los tratados no pueden tener dos fechas de entrada en vigor. Sin embargo, el memorándum establece en ese punto que con la firma de los cancilleres bastaba para producir las comunicaciones a Interpol. Debe ser el primer tratado en que un canciller compromete la voluntad de la república sin la ratificación del Congreso.

El canciller iraní Mohammed Zarif dirigió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino en la que puntualizó que "inmediatamente después de la firma del memorándum, los entonces ministros de Exteriores de Irán y la Argentina, cumpliendo con el citado artículo del tratado, remitieron una carta conjunta al secretario general de Interpol para referirse al acuerdo alcanzado entre los dos países para colaborar a nivel bilateral y solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA.

Como ya fue señalado desde estas columnas, un día después de la denuncia de Nisman se difundió una carta de Ronald Noble, funcionario de Interpol, dirigida a Timerman que intentaba desvirtuar el levantamiento de las alertas rojas y minimizaba la importancia del banner que se colocó en ellas para dar cuenta de la firma del memorándum. El mayor problema de esa carta es que fue preparada por la propia cancillería argentina, como fue demostrado durante el proceso penal.

Los acusados en la causa iniciada por Nisman tienen un enorme poder político. En lugar de interesarse en demostrar su inocencia han desplegado toda clase de acciones para demorar la conclusión de esa causa. El burdo y vergonzoso cambio de opinión del Presidente es una claudicación ante ese poder. La desesperada búsqueda de impunidad de los poderosos muestra que la denuncia de Nisman tiene una elocuencia que les costará callar si la Argentina aspira a vivir según las reglas de un Estado de Derecho que preserva sus instituciones y tienen como objetivo la igualdad ante la ley.