Chile y su Constitución
3 minutos de lectura'
LA NACION
Con un texto que busca responder a las demandas que emergieron en las protestas de 2019, la Convención Constituyente chilena le entregó al presidente Gabriel Boric el texto definitivo de una nueva Constitución, que será sometida a plebiscito el 4 de septiembre próximo y que, de ser aprobada, reemplazará al texto vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
El texto definitivo surgió tras 12 meses de trabajo desarrollado por 154 convencionales constituyentes que fueron elegidos democráticamente con ese objetivo y consta de 388 artículos y 57 normas transitorias contenidos en 11 capítulos, con lo que será –de aprobarse– una de las constituciones de mayor extensión en el mundo.
Destaca que Chile es un Estado social, democrático, plurinacional, intercultural, regional y ecológico, y consagra un Estado garante de derechos sociales como la salud, la educación y la vivienda digna, subrayando los derechos de las comunidades indígenas e incluyendo el derecho a la interrupción del embarazo. Establece, además, un nuevo ordenamiento del sistema político, donde sobresale el reemplazo del Senado por una flamante Cámara de las Regiones, buscando introducir una Justicia indígena paralela al actual sistema liberal clásico, lo que ha ocasionado un importante rechazo.
Según la última encuesta de la empresa Plaza Pública Cadem, concluida el 8 de julio, la opción del “rechazo” a la reforma acapara las preferencias y su distancia con la aprobación se amplió a 18 puntos, después de que el 53% de los consultados manifestó que rechazará el nuevo texto constitucional y un 35% respondió que optará por el cambio de Carta Magna.
Tanto la derecha política como una parte de los sectores de centroizquierda –ligados sobre todo a la Concertación, que gobernó Chile entre 1990 y 2010– consideran que la propuesta representa una amenaza para la democracia. Por la aprobación está el oficialismo de Boric, parte de la centroizquierda –incluida la expresidenta Michelle Bachelet– y grupos de izquierda y jóvenes.
El proceso comenzó con un alto apoyo por el tremendo anhelo de cambio general, pero el respaldo a la proyectada Constitución fue mermando en los últimos meses.
Chile ha sido durante las últimas décadas uno de los países más estables y prósperos de la región, con una economía moderna y abierta al mundo que permitió una importante movilidad social. En octubre de 2019, sin embargo, a raíz de un aumento en el precio del transporte subterráneo, se desataron duras protestas que concluyeron en injustificados ataques al texto constitucional, al que equivocadamente se le atribuyó la supuesta desigualdad social. Las infundadas críticas a la Constitución vigente derivaron en un proceso de reforma que abrió una verdadera caja de Pandora.
Los resultados de las últimas encuestas han inquietado a La Moneda y al propio Boric, que ha sido enfático en su apoyo a la nueva Constitución y que también se ha visto golpeado por una baja en su popularidad.
El plebiscito de septiembre presenta un gran desafío a la sociedad chilena, que se debate entre aprobar los artículos que garanticen el acceso a nuevos derechos y evitar el riesgo que pueden implicar cambios que prometen soluciones rápidas a problemas complejos a partir de trampas populistas que han ganado espacio en otros países de la región, afectando las libertades de los ciudadanos.
LA NACION
Tipo de trabajo:
opinión
