Chile y una peligrosa reforma
3 minutos de lectura'
LA NACION
El próximo domingo tendrá lugar en Chile un plebiscito para ratificar o rechazar el texto de la nueva Constitución redactado por una convención con predominancia de candidatos independientes y una sobrerrepresentación de pueblos “originarios”, según caracterizados críticos.
Se ha decretado la obligatoriedad del voto en estos comicios, a diferencia de las elecciones presidenciales y legislativas, donde el sufragio es optativo. Se espera, por consiguiente, una participación muy superior a la habitual, incentivada por el debate de un texto que ha merecido fundadas críticas.
Ante encuestas que mostraban una tendencia creciente a votar por la negativa, el presidente Gabriel Boric decidió, hace un par de meses, involucrarse respaldando la aprobación de la reforma constitucional. Esto condujo a una investigación de la Contraloría General de la República por “intervencionismo electoral”. El primer mandatario chileno, según algunos de sus allegados que no compartieron esta actitud, corre el riesgo de que la elección se convierta en un plebiscito acerca de su gestión gubernativa.
Aun cuando existe coincidencia respecto de la necesidad de modificar parte del texto heredado del gobierno militar de Pinochet –al que durante el período democrático se le introdujeron reformas–, prima un clima de disconformidad de sectores representativos de diversas corrientes de opinión sobre la reforma. Boric expresó que, aunque gane el Sí, de inmediato promoverá cambios en su texto, mientras que los partidarios del rechazo también proponen una nueva convocatoria para elegir una Convención nueva que posibilite un consenso aceptable para la mayor parte de la ciudadanía.
Propuestas como la supresión del Poder Judicial como se lo conoce hoy y el reemplazo de la Suprema Corte por un Consejo de Justicia integrado en parte por jueces, congresistas y representantes de “pueblos originarios”, despiertan naturales resistencias.
No es ese el único aspecto controvertido de la reforma: la declaración de Chile como un estado plurinacional y el reconocimiento de zonas autónomas para las 11 etnias que las habitan han provocado la oposición de vastos sectores de una sociedad caracterizada por una larga conciencia nacional. El reciente arresto de un líder radical mapuche eleva la tensión. También preocupan las propuestas de instalar una democracia paritaria en la que, por encima de la idoneidad, se obliga a la representación política por sexo. Adjetivar la democracia siempre significa distorsionar su significado.
Es de esperar que Chile, una nación que, desde la reapertura democrática, ha desarrollado una tradición institucional de mayor estabilidad que otros países de la región, pueda canalizar las aspiraciones de reforma sin olvidar que las Constituciones nacieron para defender los derechos y libertades de los ciudadanos y su igualdad ante la ley, evitando el absolutismo del Estado o la preminencia de sectores privilegiados.
LA NACION
Tipo de trabajo:
opinión
