Conectividad de los argentinos: el futuro no espera
Es hora de que el Gobierno deje de lado sus políticas vengativas y sus anteojeras ideológicas para avanzar con las propuestas innovadoras que se le presentan
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LA NACION
En las recientes jornadas de la Asociación TIC Video y Conectividad y de la Cámara Argentina de Productores Y Programación Audiovisuales se indicó que diez millones de hogares cuentan con internet y el 95% de la población puede acceder a servicios de 4G. Una buena noticia mirada en los grandes números, pero que esconde –como casi toda estadística argentina– profundas asimetrías entre interior y grandes centros urbanos. De ello da cuenta el último informe del índice de internet de la Cámara Argentina de Internet, de fines de 2021. Según este relevamiento, mientras la ciudad de Buenos Aires cuenta con el 100% de los hogares conectados, Formosa está en el orden del 35%. Otro tanto sucede con la velocidad promedio de los servicios: mientras que en la Capital Federal la velocidad promedio de descarga era en ese entonces de 75 megabits por segundo (Mbps), San Juan no llegaba a diez.
A su vez, un estudio reciente publicado en iProfesional muestra que la Argentina se encuentra relegada en la región en materia de conexiones de fibra óptica al hogar. Si bien la cantidad de conectados a internet fija es la segunda de la región detrás de Uruguay, la tecnología que mejor representa el estado del arte en la materia solo alcanza a menos de una cuarta parte del total de conexiones (20,1 %). En Uruguay, Brasil y Chile, las conexiones domiciliarias mediante fibra óptica representan el 81%, 62,7% y 56,7% respectivamente.
Además, Brasil y República Dominicana ya cuentan con servicios móviles de quinta generación (5G) y, en poco tiempo más, se sumarán Costa Rica, México y Colombia.
Recientemente, el ministro de Economía anunció que en febrero próximo se licitarán frecuencias para los servicios móviles 5G y que se obtendrían entre 1400 y 1500 millones de dólares para las alicaídas reservas del país. El monto, considerado irreal por el sector, demostraría que, a contramano de la política seguida en la mayoría de los países, se busca priorizar la recaudación sobre la inversión. Es decir, la necesidad de caja y divisas del gobierno y no la conectividad.
Un dato alentador ha sido la presentación del manifiesto TIC por todos los integrantes del sector de la conectividad, que consiste en 11 puntos, para establecer una política de mediano y largo plazo para el sector. Entre ellos, la derogación del retrógrado DNU 690/2020, transparentar y objetivizar el uso del fondo del servicio universal, eliminar asimetrías entre plataformas y empresas de telecomunicaciones, bajar la carga fiscal específica del sector, diseñar un plan de espectro a mediano y largo plazo que aporte previsibilidad en la administración de este recurso clave de la industria, armonizar y simplificar normas locales sobre despliegue de infraestructura y eliminar cargas regulatorias propias de otra época. No por generales, estos postulados dejan de ser un buen punto de partida para que el diálogo público-privado fructifique en una política de Estado que potencie el desarrollo de este sector clave de la economía de cualquier país.
Sin embargo, el gobierno en cabeza de ambos Fernández sigue insistiendo con una visión equivocada de las telecomunicaciones. En el reciente acto público de La Plata, la vicepresidenta volvió a criticar a la Justicia por el rechazo de la Corte al recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno contra las sentencias que dictaron medidas cautelares contra el DNU 690.
La “exitosa abogada” debió haber previsto que, tratándose de una medida cautelar –y no de una sentencia definitiva o equiparable–, la instancia del recurso extraordinario no sería abierta por la Corte conforme una arraigada jurisprudencia en la materia, como ya se había mencionado en esta columna editorial.
La Argentina afronta el desafío de incorporar tecnología de vanguardia para sus telecomunicaciones en un contexto general de empobrecimiento, poco crédito y reducidos ingresos promedio por usuario de los operadores. Es decir, el costo de la tecnología –que cotiza a precios internacionales relativamente uniformes– debe ser solventado por ingresos mucho menores. Urge por tanto despejar la incertidumbre, revisar la fiscalidad, eliminar el costo o, mejor dicho, sobrecosto argentino, y simplificar las normas de despliegue de infraestructura, como cuestiones más apremiantes.
Por primera vez, el sector privado ha hecho una propuesta unificada en este sentido. Es hora de que el Gobierno deje sus políticas de venganza y sus anteojeras ideológicas y recoja la invitación antes que el atraso se profundice. Los argentinos, e incluso el propio Gobierno, recogerán los frutos de una política acertada para este sector clave de la economía y del futuro del país. Así como la seguridad jurídica, la estabilidad monetaria y cambiaria constituyen elementos que tiene en cuenta cualquier inversor, conectividad de excelencia y a precios competitivos será cada vez más un insumo básico por considerar en cualquier inversión. Como ya se ha señalado desde estas columnas hay que actuar rápido, pues el futuro no espera.
LA NACION
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