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Conflicto ambiental en Famatina
La preservación del patrimonio natural se asegura con participación ciudadana, y la explotación, con controles estrictos
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La construcción de una mina para la extracción de oro a cielo abierto en el cerro Famatina, en la precordillera de la provincia de La Rioja, ha provocado un nuevo conflicto ambiental en el país. Y es que cada nuevo enfrentamiento parece olvidar los anteriores, que tienen un mismo origen: las autoridades quieren lo que la gente no quiere.
Ocurre que se plantean ciertas actividades como un progreso "irremediable", que no tiene alternativa, y quizá la ciudadanía se ha dado cuenta, antes que la clase política, que existe una visión oportunista del progreso, una concepción que puede poner en peligro nuestros recursos más imprescindibles, y es la ciudadanía la que dice no.
Afortunadamente el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, garantizó que "no va a haber otra actividad mientras la gente no esté de acuerdo", razón por la que el gobierno provincial analiza someter ese proyecto minero a una consulta popular que podría ser convocada antes de mediados de año.
Sucede que el verdadero progreso, en un mundo de escasez, debe ser armónico con el entorno. Si aquél implica un riesgo para nuestros recursos esenciales, se trata de otra cosa. Recordemos que a su paso por la vicegobernación, Beder Herrera hizo aprobar una ley que prohibía la minería a cielo abierto y que, cuatro años después, la anuló desde la gobernación con la evidente aquiescencia del gobierno nacional, que mantuvo silencio ante el conflicto.
Sin duda, este gobierno nacional y los de algunas provincias se han mostrado indiferentes a los impactos ambientales de la minería. Basta mencionar que en los años de Néstor Kirchner se construyó Veladero; el megayacimiento de oro de la Barrick, en San Juan, y se abrieron minas en Santa Cruz, Chubut y Jujuy, entre otras, y los impactos ambientales fueron desoídos en todos los casos. Quizás el caso más resonante haya sido el veto a la ley de glaciares en 2008, vinculado estrechamente con la propuesta de la Barrick Gold en San Juan: la norma, aprobada en octubre de ese año por unanimidad de ambas cámaras, establecía la protección de los glaciares y periglaciares y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos, como las actividades mineras, petrolíferas y obras de infraestructura inadecuadas.
Curiosamente y sin mayor fundamento, nuestra presidenta vetó la norma debido a que la ley "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente".
Por eso, no llaman la atención las fuertes declaraciones del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que comparó a los ambientalistas que critican el proyecto minero en la localidad riojana de Famatina con Adolf Hitler y afirmó que "hay algunas coincidencias" entre el régimen nazi y los ecologistas, expresiones por las que el mandatario fue denunciado ayer ante el Inadi.
Sin embargo, y sin perjuicio de las desatinadas frases de Gioja, el conflicto de Famatina ya comenzaba a recordar el caso de Esquel cuando, luego de un largo proceso en el que se discutió acerca de aspectos ambientales y económicos de la explotación de una mina de oro a pocos kilómetros de la ciudad, se realizó una consulta popular para conocer la opinión de la comunidad sobre el emprendimiento.
En aquel momento un 80 por ciento dijo no a la mina. Esa contundente respuesta sorprendió a las autoridades, las que debieron aceptar, no sin algún disgusto, que las comunidades ya no se conformaban con votar y delegar en sus gobernantes ciertas decisiones fundamentales para el futuro de su lugar.
Las movilizaciones por estos temas son una oportunidad para encontrar un consenso en torno a una actividad que, con los debidos controles y claras reglas de juego, y en concordancia con las más altas normas internacionales, puede contribuir al desarrollo sostenible de un gran número de provincias de nuestro país.
Si bien a muchas autoridades les resulta un estorbo, el derecho a la preservación del patrimonio natural y al llamado desarrollo sustentable -aquel en el que las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras- no pueden alcanzarse si no se asegura una adecuada participación ciudadana, para la que resulta esencial un verdadero y libre acceso a la información. Existe una larga deuda en términos de debate público sobre la actividad minera en la Argentina, despojada de ideología o de faccionalismos políticos que maniqueamente demonizan a uno u otro bando.
En los últimos años nuestro país ha asistido a conflictos ambientales que demuestran que no existe una dimensión estratégica para el crecimiento. Una planificación con mayor transparencia e información que exprese en qué lugar queremos determinadas actividades, cómo desarrollarlas, y dónde no. De alguna manera, no dejar librado el futuro a un oportuno mejor postor, sino saber hacia dónde y cómo queremos crecer, cuándo estamos ante un verdadero progreso y cuándo se trata de un riesgo inaceptable.
