Corrupción en aumento
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LA NACION
La Argentina retrocedió en un ranking internacional: los intentos por garantizar la impunidad de dirigentes políticos es uno de los motivos de la involución
La pandemia de coronavirus no solo ha generado problemas económicos que destapan las profundas desigualdades en la región, también obstaculiza y pospone la lucha contra la corrupción tal como ocurre en la Argentina, ejemplo de ese retroceso que favorece la impunidad de no pocos funcionarios acusados de graves delitos contra la administración pública.
En junio pasado Americas Society/Council of the Américas (AS/COA) y Control Risks presentaron el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, una herramienta para evaluar en qué condiciones se encuentran los países para hacer frente a la corrupción, sin considerar las percepciones o el daño económico que el fenómeno provoca. A partir de 14 variables claves, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo y el nivel de recursos disponibles para combatir los llamados delitos de cuello blanco, surgió que dentro de los 15 países latinoamericanos observados, Uruguay tiene el puntaje más alto (7.78 sobre 10), lo que significa que se considera el país que más probabilidades tiene de descubrir, castigar y detener la corrupción. Le siguieron Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), la Argentina (5.32).
Comparando con ediciones anteriores, Roberto Simon, director senior de políticas públicas de AS/COA, manifestó: "El índice muestra en detalle cómo la ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina ha perdido fuerza y, en algunos lugares, retrocede peligrosamente".
Sobre la Argentina, expresó, la información indica un marcado declive en la variable de la movilización social contra la corrupción, mientras los cambios de gobierno y el deterioro de la economía viraron parte de la atención del público general fuera de esa lucha. También advirtió sobre el futuro de la Oficina Anticorrupción y otras agencias de control.
La edición del G-20 en formato virtual, que organizó el año pasado Arabia Saudita, impulsó el primer encuentro a nivel ministerial del grupo dedicado a combatir la corrupción. Cada país debió responder 15 preguntas y el resultado para la Argentina fue muy poco satisfactorio.
Por su parte, el nuevo informe de Transparencia Internacional (TI), basado en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), también reflejó este retroceso de la Argentina. Entre los 180 países medidos, sobre un máximo de 100 puntos posibles, nuestro país obtuvo 42, tres menos que en 2019, cayendo 12 lugares. Pasó del puesto 66° al 78°, por debajo del promedio global en materia de percepción de corrupción y entre los dos tercios de los países que no alcanzan los 50 puntos.
Ese ranking 2020 lo lideran nuevamente Dinamarca y Nueva Zelanda con 88 puntos. En América, nuestro país se ubica en el puesto 14° sobre 32. Los primeros sitios los ocupan Canadá (11º), Uruguay (21º) y Chile (25º).
Respecto del retroceso de la Argentina durante el primer año de gestión de Alberto Fernández,la presidenta de TI, la argentina Delia Ferreira Rubio, expresó: "Hay dos factores centrales: la intención de la coalición de gobierno de garantizar la impunidad en los casos de corrupción kirchnerista y las contrataciones para hacer frente al Covid-19. La emergencia ha sido utilizada como justificativo para debilitar los mecanismos de control".
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, afirmó que el desafío de 2020 para la Argentina "fue ser lo más transparente posible en materia de compras y contrataciones para paliar la pandemia. Lamentablemente no se ha logrado". Secchi mencionó también los intentos por introducir cambios tanto en la Justicia como en el Ministerio Público Fiscal y fue concluyente al sostener que "no suelen ser vistos como positivos entre los consultados, generando incertidumbre sobre la independencia del Poder Judicial y las reglas de juego".
La corrupción es uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento sustentable de la economía, la creación de empleo y el combate a la desigualdad y la pobreza. Aleja también la inversión, encarece los productos finales, hace ineficiente al gobierno y siembra impunidad frente a la violación de la ley.
Distraer nuestra atención de un tema central como este, sin importar cuántas urgencias coyunturales puedan servir de excusa, es renunciar a vivir en un país en el que una justicia independiente nos asegure la libertad y el respeto de nuestros derechos. Ningún índice podrá dar acabada cuenta de los perjuicios que una banda de corruptos genera cuando se roban las arcas del Estado para llenar bolsillos propios. Impulsar comprometidamente la debida condena a quienes desviaron cuantiosos fondos de potenciales mejoras a la calidad de vida de nuestra comunidad es asegurarnos también el valor ejemplificador del castigo. Amparar la corrupción y resignarnos a la impunidad es renunciar al futuro.
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