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Cuasimonedas, un retorno no deseable
Si en última instancia las provincias no pudiesen afrontar la emergencia, sería preferible que la emisión estuviera unificada en manos del gobierno nacional
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LA NACION
La situación fiscal ya se presentaba complicada antes de la aparición del coronavirus. El déficit primario mostró cifras crecientes en enero y febrero como consecuencia de un aumento del gasto que acompañó la inflación, mientras que no lo hizo de igual modo la recaudación.
Las provincias también exponían a comienzos de 2020, en mayor o menor medida, este problema. Ello las llevó a pedir y a lograr del presidente Alberto Fernández la eximición de cumplir el acuerdo fiscal de 2016, por el que se habían comprometido a reducir paulatinamente el impuesto a los ingresos brutos. La verdad es que aquel acuerdo ya había sido demasiado liviano, visto del lado del gasto. Por ejemplo, aceptaba que el número de empleados públicos pudiera aumentar al mismo ritmo que el de la población de la provincia. La consecuencia fue que el conjunto de provincias mostró un aumento absolutamente injustificado de 170.000 empleados adicionales entre 2015 y 2019, luego de que, entre 2003 y 2015, el empleo público provincial se hubiera duplicado, también injustificadamente.
No todas las provincias cargan con las mismas culpas, pero a la hora de pedir unifican su voz. Ahora, con la pandemia presente en la Argentina, con más de dos semanas de cuarentena y un desplome de la actividad económica, al que se sumarán los efectos del default de parte de la deuda del Estado, la recaudación impositiva ha caído sensiblemente.
Antes de reducir el gasto, las autoridades provinciales reclaman del gobierno nacional que les transfiera fondos de la coparticipación en los montos presupuestados, por cierto, superiores a los recaudados. Estamos así frente al cuento de la frazada corta: si la Nación les da más dinero, aumenta su propio déficit. En estos momentos eso significaría mayor emisión monetaria, ya que es la única forma en que actualmente puede financiarse.
El gobierno nacional no tiene acceso al crédito ni tampoco espacio para aumentar impuestos. Antes bien, los está reduciendo o posponiendo los pagos. Aparece así la intención de varias provincias de emitir cuasimonedas, tal como sucedió veinte años atrás.
Entre 2000 y 2003, 15 provincias y la Nación emitieron bonos en papel moneda, con tamaño y denominaciones similares a los billetes de pesos en circulación. Algunos rendían un bajo interés, otros nada, y eran colocados compulsivamente con los sueldos o el pago a proveedores y contratistas. Los gobiernos emisores los aceptaban para el pago de los impuestos locales y circulaban como moneda en el ámbito de la propia provincia. En general se cambiaban contra pesos con algún descuento. Se emitió este tipo de papel moneda por un total de 8535 millones de pesos, equivalentes en ese momento de convertibilidad a igual cantidad de dólares. El gobierno iniciado en 2003 desarrolló un programa de rescate, sacándolos de circulación. Con el correr del tiempo, y mediando devaluaciones e inflación, las provincias emisoras resultaron finalmente beneficiadas.
Esto abona un buen recuerdo para resolver con cuasimonedas las angustias fiscales provinciales. Sin embargo, si ello volviera a suceder, se agregaría un hecho más para continuar deteriorando la confianza externa en la Argentina. No se trata de moneda emitida por entidades bancarias solventes, sino de una emisión sin respaldo por emisores insolventes. No haría más que acentuar el efecto inflacionario que ya se espera que ocurra por un Banco Central financiando al gobierno nacional. El solo hecho de que algunos gobernadores hablen de cuasimonedas ha sumado noticias negativas al dramático cuadro que presentamos al mundo.
Los gobiernos provinciales deben esforzarse en bajar sus enormes gastos superfluos e improductivos y no emplear su tiempo en obtener más recursos para solventarlos en perjuicio de todos los habitantes. Debe dictarse una ley de responsabilidad fiscal que, a diferencia de las anteriores, establezca responsabilidades personales por sus incumplimientos. Si en última instancia las provincias no pudieran reducir sus gastos y debieran salvarse situaciones de emergencia, sería preferible que la emisión estuviera unificada en manos del gobierno nacional.
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