Cuba: escandalosas condenas
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LA NACION
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron espontáneamente a protestar en decenas de ciudades de la isla ante los constantes apagones y faltas de electricidad que se suman a una crítica situación económica con escasez de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas. Fueron manifestaciones inéditas en el país, un grito desesperado que no se registraba desde hacía décadas.
Estuvieron encabezadas particularmente por jóvenes y adolescentes, que no tuvieron miedo de expresar su rechazo por las abusivas políticas de su país. Pese a que fueron movilizaciones callejeras pacíficas, el gobierno de Miguel Díaz-Canel respondió con una brutal represión, que llevó arbitrariamente a la cárcel a más de un millar de personas.
Un tribunal de La Habana sentenció con penas que van desde los cuatro años de libertad limitada hasta los 13 años de cárcel a un grupo de 15 jóvenes que se atrevieron a manifestar su disconformidad con las políticas oficiales del régimen dictatorial cubano.
El juicio se desarrolló con testigos presentados por la Fiscalía, en su mayoría policías que fueron censurados por las defensas por sus titubeos y cambios de testimonios. Igualmente, durante el juicio, el Tribunal Provincial Popular de La Habana cambió la acusación de atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación al delito por el de sedición.
Una delegación de la Unión Europea encabezada por la embajadora comunitaria en Cuba, Isabel Brilhante Pedrosa, se reunió con el ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, a quien reclamó la liberación de los detenidos, pero el régimen decidió avanzar con las duras condenas. Hasta el momento, se han dictado unas 700 sentencias contra los cubanos que ese 11 de julio se atrevieron a manifestarse contra el régimen, reportan las organizaciones Cubalex y Justicia 11J.
Según un reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la situación de los derechos humanos en Cuba continúa siendo de extrema gravedad. La represión se mantiene en niveles preocupantes, y el Estado emplea nuevos mecanismos legales para impedir o castigar cualquier expresión de descontento ciudadano.
El gobierno cubano intenta justificar tantas detenciones, procesamientos y sentencias draconianas al afirmar falsamente que las protestas fueron, en gran parte violentas, a pesar de las pruebas en video y fotográficas que confirman lo contrario.
La comunidad internacional debe continuar expresando su más plena solidaridad con el castigado pueblo cubano y su valiente resistencia. No deben cesar los esfuerzos por reivindicar el derecho de protestar y manifestarse en la isla, oponiéndose a los juicios sumarios y reclamando la inmediata libertad de todos los detenidos en las protestas de julio de 2021.
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