Declaraciones juradas acotadas y engañosas
Con menos exigencias y cláusulas reservadas, el secretismo tambiénse ha extendido al bolsillo de los funcionarios públicos
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Pasado poco más de un año de la nueva ley de declaraciones juradas de funcionarios, el balance es pobre. Es lo que se preveía que iba a suceder tras conocerse el decreto por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la norma, vaciándola de buena parte del contenido que la hacía más amplia a la hora de intentar entablar una batalla seria contra la corrupción.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la ONG Contadores Forenses sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por funcionarios denuncia "un preocupante retroceso" al comparar las exposiciones actuales con las de la ley de ética pública, de 1999. Si bien en la norma de hace un año se amplió la cantidad de funcionarios que deben realizar una declaración jurada, lo cierto es que desaparecieron varias exigencias que eran sumamente valiosas.
Por ejemplo, ya no se pueden conocer los bienes e ingresos de los cónyuges o convivientes ni de los hijos menores de edad no emancipados de los funcionarios. Esos datos han quedado relegados a un formulario reservado, cuyo acceso debe ser autorizado por la Justicia. Tampoco los funcionarios tienen hoy la obligación de incorporar a sus declaraciones la información vinculada con empleos anteriores, que sí era exigida por la vieja ley de ética pública como una herramienta para determinar posibles incompatibilidades y conflictos de intereses, ni se encuentran obligados a dar a conocer otras fuentes de ingreso como acciones, inversiones, fideicomisos o participaciones en empresas. Paralelamente, se derogó la disposición para contar con una Comisión de Ética Pública, cuya existencia había sido dispuesta hace ya 15 años, pero que nunca fue creada.
El conocimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios no es una concesión graciosa, sino un derecho fundamental que permite a los ciudadanos y a las autoridades judiciales identificar y comparar activos de modo tal de determinar si un agente público ha incurrido en un hecho ilícito. Es también esencial para obligarlos a rendir cuentas ante quienes los han ungido con su voto.
Además, el funcionario debería comprender que, más allá de un necesario mecanismo de control, responder cabalmente a esas exigencias representa un resguardo para sí mismo, pues la transparencia de sus actos terminará redundando en una mayor confianza del ciudadano hacia su persona.
En su última declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, la presidenta Cristina Kirchner declaró bienes por 55 millones de pesos y un aumento de su patrimonio cercano al 15 por ciento en 2013 respecto del año anterior. La jefa del Estado aclaró al final de su declaración jurada que la valoración de los bienes al inicio y al final del período declarado se debe a la variación del patrimonio neto de las sociedades que integra y que, además, inciden tanto los criterios de la valuación de los impuestos a las ganancias como a los bienes personales. Así se informó oficialmente en la página web de la Oficina Anticorrupción (OA), que publicó las declaraciones juradas de miembros del Gobierno y del Poder Legislativo, mientras que el Poder Judicial se encuentra debatiendo el alcance de la publicidad de esos documentos.
En el caso del doblemente procesado vicepresidente Amado Boudou, amparado en la nueva ley de declaraciones juradas, fue menos preciso a la hora de detallar sus bienes y ganancias. De él se sabe que su patrimonio creció el 8,3 por ciento entre 2012 y 2013, pero resulta imposible conocer, por ejemplo, si sigue alquilando un departamento en Puerto Madero a Fabián Carosso Donatiello, como sostuvo a la OA en años anteriores. La Justicia quiere saber por qué en ese departamento vivía Alejandro Vandenbroele, dueño de The Old Fund, la empresa que se hizo de la ex Ciccone, causa en la que el vicepresidente está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles.
No sorprende entonces que, según el último informe del Foro Económico Mundial de Davos, la Argentina se encuentre entre los países con más corrupción y con bajísimas calificaciones en los indicadores de calidad institucional y transparencia.
Otro reciente informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), referido a la información que publican los poderes judiciales provinciales en el país en sus sitios web, dio cuenta de que los distritos con mayor acceso a la información son, en este orden, Formosa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Neuquén y Chubut. Se trata de información vinculada con la producción de datos, su publicidad y acceso; la interacción con la ciudadanía, la remoción de magistrados, la contratación y manejo de personal, y el código de ética. Y en lo que respecta particularmente al número de distritos que publican las declaraciones juradas de jueces, establece que es sumamente bajo.
La lucha contra la corrupción no acepta medias tintas. O se la alienta o se la combate. Hoy, en nuestro país, el camino hacia la transparencia en el desempeño de la función pública sigue empantanado.
Como ya hemos dicho desde esta columna editorial, de nada sirve ampliar derechos como forma meramente enunciativa, si no se verifica su cumplimiento evitando, entre otras cosas, que las reglamentaciones de las normas desvirtúen sus propósitos y se transformen en una trampa legal para ocultarle a la opinión pública información imprescindible a la hora de evaluar a sus representantes.
