Deshonrar la magistratura
Para que la ciudadanía recupere la confianza en la Justicia, es necesario que el poder político no promueva a magistrados denunciados por sus inconductas
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No es nuevo que la veintena de causas ligadas a la feria de La Salada destapan negocios que involucran a barras bravas, fuerzas de seguridad, dirigentes políticos y miembros de la Justicia.
El juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, que en abril de 2015 ordenó el desalojo de 7 mil puestos en esa feria, seguido por violentos desmanes con armas de fuego contra la policía, había denunciado penalmente la desaparición de discos y transcripciones de escuchas telefónicas en esa causa. Hoy está claro que sabía que no había desaparecido ningún material y que lo habría hecho para entorpecer la labor de los fiscales en un intento por trabar la investigación. Por esta supuesta falsa denuncia en concurso ideal con prevaricato, el fiscal requirió su desafuero, paso previo necesario para hacerlo responder por sus presuntos delitos. Ese requerimiento al Jurado de Enjuiciamiento fue sostenido por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
En la misma causa de La Salada, cuando la Cámara de Apelaciones le ordenó que librara las órdenes de allanamiento que anteriormente había negado a la fiscalía, el juez Vitale las demoró todavía más de un mes, comprometiendo el éxito de las medidas.
La Fiscalía General de Lomas de Zamora recusó en 2017 a Vitale por haber brindado información reservada a la prensa y por haber manifestado flagrante parcialidad. El fiscal Carlos Baccini, quien quedó a cargo de aquella investigación y agrupó todas las causas en torno de La Salada, aseguró en su momento respecto de Vitale que “ha comprometido seriamente la investigación”.
En otra causa que investigaba una megaestafa mediante un esquema Ponzi montado por empresarios de La Salada, causa en la cual la fiscalía contaba con prueba tan abundante que le hacía imposible frenar su avance, Vitale buscó engañar a los fiscales. Dado que ya había arreglado convenientemente el cierre de la causa en un juzgado nacional, debía lograr que esta fuera a la Capital. Con ese fin, antedató el auto mediante el cual declinaba la competencia en favor del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 de la ciudad de Buenos Aires e insertó una notificación ficticia –y también antedatada– a un defensor que ya había cesado en la causa. Estas maniobras, claro está, habrían buscado privar a la fiscalía del plazo para apelar esa declinatoria de competencia e imponerle el hecho consumado. En este caso, la Procuración General bonaerense elevó otro pedido de jury contra el magistrado por falsedad ideológica en concurso real con prevaricato.
La senadora bonaerense Florencia Arietto, de La Libertad Avanza, impulsó una denuncia por designaciones de jueces en la provincia de Buenos Aires que son investigados por delitos o que son cuestionados por su filiación política, pero que fueron rápidamente aprobados por los bloques mayoritarios del Senado provincial el año pasado. La legisladora denunció un pacto político amplio para aprobar a libro cerrado los pliegos de los cuestionados candidatos. Los primeros de la lista son precisamente el juez Vitale, extitular del Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, y el fiscal Baccini, ascendidos respectivamente a camarista y a fiscal general de Lomas de Zamora con intervención del Senado y el gobernador de la provincia.
A las causas ya mencionadas, Vitale suma acusaciones por maniobras para proteger a actores de la política municipal lomense y de la barra brava del club Banfield.
Baccini, por su lado, tiene también un pedido de juicio político, acusado por el encubrimiento de un supuesto abuso perpetrado por un fiscal federal. En efecto, en la causa penal que lo investigaba, Baccini apartó a la fiscal y designó a dedo, salteándose los sistemas prestablecidos de turnos y competencia, un fiscal de su confianza que la archivó inmediatamente. Además, se investiga si intervino para trabar una investigación por contrataciones municipales en épocas de Martín Insaurralde.
Celebrábamos hace pocos días que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera dado una señal contundente, oportuna y ejemplificadora de independencia al dejar firmes las condenas de la causa Vialidad sin ajustarse a los cálculos de conveniencia y al oportunismo político, permitiéndonos vislumbrar un renacimiento del Poder Judicial desde sus entrañas. El desafío es enorme y sobran los ejemplos en la dirección contraria, como los que reseñamos en esta columna editorial.
Solo se avanzará en la dirección correcta con instituciones que funcionen y separen a quienes deshonran la magistratura.
Urge que los ciudadanos recuperemos la confianza en nuestra alicaída Justicia y para esto, entre otras cosas, debe evitarse promover a magistrados que se encuentran denunciados y seriamente cuestionados por sus inconductas, y deben activarse sus juicios políticos, sospechosamente demorados.
Dirigentes de distinto color político advierten sobre la politización de la Justicia. Es hora también de señalar a los funcionarios que la promueven con su manera de actuar al momento de intervenir en el proceso de designación y remoción de magistrados.
Tipo de trabajo:
opinión
