Dinero que vuelve a la sociedad
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LA NACION
Transcurridos más de diez años, en el marco de una causa judicial por lavado de activos, se declaró en estos días prescripta la acción penal y se ordenó la transferencia del dinero entonces incautado, según lo contemplado por el Código Penal para “reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas o al Estado”.
Un pasajero que embarcaba hacia Bolivia en 2008 había sido detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza con más de medio millón de dólares en efectivo en un bolso de mano. Su inconsistente alegato, las versiones contradictorias de los involucrados, sumado a pruebas documentales y peritajes, condujeron a confirmar la ilicitud del origen de las divisas. A la fecha, no se puede avanzar con el juicio oral precisamente porque ya prescribió.
El Juzgado Federal interviniente dispuso el decomiso de manera “definitiva y con fines sociales reparatorios” y consideró que dadas las excepcionales circunstancias sanitarias que transitamos, lo mejor era destinarlos a la lucha contra el Covid-19. La mayor parte irá a la Facultad de Medicina de la UBA para la compra de kits reactivos, insumos y equipamientos necesarios para el control de la pandemia, mientras que el Hospital Muñiz, centro de infectología, recibirá 25.000 dólares.
En 2016, un Juzgado en lo Penal Económico había resuelto también el decomiso definitivo y anticipado con fines reparatorios para los alrededor de 800.000 dólares secuestrados de la valija del venezolano Antonini Wilson.
El año pasado, el Tribunal Oral Federal Nº 1 había dispuesto que los casi 9 millones de dólares secuestrados al exsecretario de Obras Públicas José López fueran a los hospitales Garrahan y Ricardo Gutiérrez en partes iguales, pero debieron superarse los recursos interpuestos por el acusado. A la espera de los presupuestos de los hospitales, se liberaron casi 2 millones de dólares destinados a cubrir las necesidades más urgentes del Garrahan, incluyendo el mejoramiento y la renovación de la tecnología del sector de farmacia y de alta complejidad.
La recuperación de activos es una excelente forma alternativa de persecución y control de delitos económicos y de corrupción que excede la aplicabilidad de una pena a sus responsables, instancia a la que pocas veces se arriba en nuestro sistema cuando las investigaciones se prolongan más allá de los tiempos procesales permitidos.
Hacer foco en el daño social e impulsar una restitución suma, además, un valor simbólico no debidamente sopesado todavía por el conjunto de la sociedad que debería alentar a que estas medidas no se demoren y se multipliquen. Por este motivo, debe celebrarse esta nueva resolución judicial que devuelve la utilidad pública a los fondos mal habidos.
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