Discapacidad en la Argentina

SIETE de cada cien argentinos están afectados por al menos una discapacidad y viven en la quinta parte del total de hogares (20,6 por ciento); junto a esas personas con al menos una discapacidad conviven prácticamente otros 4.500.000 que tienen relación directa con ellas.

Estas cifras son parte de la riquísima información que sobre el tema aporta el libro La población con discapacidad en la Argentina -se presentó a fines del año último, en un acto presidido por el flamante ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Nadalich-, que reseña los principales datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI) 2002/2003, complementaria del censo 2001, y de realización conjunta entre la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con la mencionada encuesta no sólo se dio cumplimiento a la ley 25.111, que incorporó la medición de la discapacidad en el censo 2001 como base de muestreo para esa encuesta complementaria, sino que se ganó también una herramienta objetiva para luchar por la visibilidad del tema y reconocer a todos los involucrados, es decir, personas, familias y comunidad.

Según la información, entonces, casi siete millones de argentinos o bien portan la discapacidad o bien la acompañan como pueden durante la vida cotidiana, prestando ayuda o asistencia, y compartiendo el presupuesto del hogar para la satisfacción de necesidades que muchas veces se suman a las comunes y corrientes. Es imposible ignorar a partir de aquí la trascendencia que este tema tiene para un importante sector de nuestra sociedad.

Lo que las cifras también revelan claramente es que la discapacidad afecta a las personas en todo su ciclo vital y se agudiza con el paso del tiempo. Se puede nacer con una discapacidad o se la puede adquirir en algún tramo de la vida, y además puede ser de diversos tipos, una sola o varias, y los afectados pueden ser niños, adultos jóvenes y adultos mayores. También según el informe, si bien 3 de cada 10 "viejos" padecen alguna discapacidad, tal vez uno de los datos más reveladores sea que 4 de cada 10 personas con discapacidad son mayores de 65 años.

Esta realidad que presenta el informe puede verse reforzada contundentemente por las conclusiones de otro documento, elaborado por un grupo de ONG dedicadas a este tema, y que fue presentado en las Primeras Jornadas sobre el Derecho al Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, realizadas recientemente en la Facultad de Derecho de la UBA. Efectivamente, algunas de las conclusiones a las que llega el citado documento son que entrar en la escuela, andar por la calle, conseguir un trabajo o acceder a la Justicia son actividades muy dificultosas si quienes quieren realizarlas son personas con algún grado de discapacidad.

Como muchas veces se ha señalado desde estas columnas, el acceso al trabajo es uno de los derechos más vulnerados para el sector y la desocupación está por encima del 90 por ciento, a pesar de que en nuestro país existe la ley 22.431, que establece para la administración pública un cupo mínimo de un 4 por ciento de personas con discapacidad empleadas, algo que prácticamente no se ha cumplido nunca, lo mismo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, donde el cupo es del 5 por ciento.

Algo peor es, si cabe, el panorama cuando se trata de someter algún caso de incumplimiento o de discriminación ante la Justicia. Los temas que más se presentan están relacionados con el derecho a la salud y la accesibilidad física. Pero nunca hay presupuesto suficiente para hacer cumplir una medida de accesibilidad física para un lugar, por ejemplo, un organismo público o una universidad. Como los jueces no pueden actuar de oficio y los afectados la mayoría de las veces no reclaman porque desconocen sus derechos, se cae en un verdadero círculo vicioso del cual resulta casi imposible salir.

Finalmente, lo que ambos documentos demuestran es que, con los datos objetivos en la mano, se logra contar con un instrumento inmejorable para trabajar en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, en primer lugar, pero que este trabajo redundará a la larga en una mejora de toda la sociedad argentina en su conjunto. Será necesario, entonces, interpretar los datos y actuar en consecuencia, con voluntad y decisión política; como en muchos otros casos, el ejemplo debe partir primero desde los estamentos jerárquicos más encumbrados de la comunidad, para que el resto lo siga.

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